Para el próximo año, 196 países, incluido Colombia, deben cumplir con uno de los compromisos adquiridos a finales de 2022, tras firmar el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal: eliminar o reformar los incentivos perjudiciales (también llamados incentivos perversos) para la biodiversidad. Son aquellos incentivos económicos, legales e institucionales, como menciona el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que favorecen el desarrollo, pero que a su vez afectan a la biodiversidad.
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Un estudio publicado este año por la Iniciativa de Financiamiento de la Biodiversidad (Biofin) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que, por ejemplo, en 54 países el apoyo a la producción agrícola —que equivale casi US$500 millones— es considerado potencialmente perjudicial para el medio ambiente. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la razón es que estos incentivos pueden dar lugar a la destrucción del hábitat, la degradación de la tierra y la contaminación del suelo.
En otras palabras, dice Andrea Prada, especialista en finanzas sostenibles de WWF Colombia, “existen algunos incentivos para desarrollar cadenas de valor que pueden causar deforestación, incentivos para monocultivos y otras malas prácticas agropecuarias. Todas estas son acciones que pueden afectar la biodiversidad”.
En el sector pesquero también se pueden ver algunos ejemplos. De acuerdo con el mismo estudio de Biofin, en este sector los subsidios alcanzan un valor de US$7.000 millones a US$35.000 millones por año, que se consideran perjudiciales para el medio ambiente marino, principalmente debido a la contaminación y la sobreexplotación.
Además de estos sectores, otro de los grandes beneficiarios ha sido el de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural. En los países del G20 —donde están Estados Unidos, China, Francia, Brasil y otros— los subsidios a la producción alcanzan los US$290.000 millones por año, y los subsidios al consumo, US$320.000 millones, según Biofin.
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“A nivel mundial, varios países subsidian el uso de gasolina, diésel, carbón y gas natural, lo cual está ligado tanto a la pérdida de biodiversidad como al cambio climático”, agrega Prada.
En Colombia, por ejemplo, existe el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un mecanismo que subsidia una parte del precio de la gasolina y el acpm. En 2022, por cada galón de gasolina que un colombiano compraba, el Estado ponía $6.000, según explicó en marzo María Fernanda Valdés, viceministra técnica de Hacienda.
A los ojos de la vocera de WWF Colombia, estos son los incentivos más evidentes, pues los combustibles fósiles son los responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático, además de todas las alteraciones a los ecosistemas causadas por su producción y transformación. Pero para Germán Corzo, investigador del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Instituto Humboldt, hay otros que le dan la mano.
Según él, se trata de la manera como se da la titulación de predios en Colombia. “Acá cuando se hace el proceso de adjudicación de un predio, porque la persona lo ha usado, se tiene que demostrar la tenencia a través de la tala rasa (transformación del paisaje) del predio a solicitar, lo cual demuestra que ha sido trabajado. En ese sentido, este incentivo perverso es responsable en gran medida de las tasas de deforestación en el país”.
Todas estas acciones pueden tener dos tipos de efectos en la biodiversidad. Por un lado, pueden incentivar un consumo excesivo que supera los niveles sostenibles y, por otro, pueden conducir a un mayor uso de insumos contaminantes, métodos de producción perjudiciales o una transformación insostenible de los ecosistemas, lo que, a su vez, agrava el riesgo de daño ambiental a largo plazo.
Aumentar los incentivos positivos
Además de eliminar o reformar estos incentivos, la meta 18 menciona otro aspecto importante: aumentar los incentivos positivos para la biodiversidad. En Colombia, hay un par de casos que muestran cómo se puede hacer.
Uno de estos son los impuestos verdes, que quedaron establecidos en la reforma tributaria. Algunos de estos son impuesto nacional al carbono, impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas e impuesto sobre vehículos automotores. “El impuesto de carbono carga o grava el contenido de CO2 de ciertos combustibles que utilizamos”, dice Prada.
Con estos impuestos, sumando los impuestos saludables (a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados), el Gobierno espera recaudar $2,54 billones de 2024 a 2033. El propósito principal de estos impuestos es reducir el consumo y de esta forma proteger la salud y el medio ambiente, como menciona el Centro Regional de Estudios de Energía.
Otro caso que destaca el vocero del Instituto Humboldt es el proyecto de ley de trazabilidad de la carne libre de deforestación, iniciativa que finalmente se hundió en la pasada legislatura, pero muestra avances. “Lo que buscaba el proyecto es la posibilidad de certificar la carne con mejores precios y prácticas, evitando que sea comercializada la que no tenga el certificado de libre deforestación”, dice.
¿Se logrará cumplir la meta?
Si bien estas acciones muestran un avance importante, Corzo cree que hay un alto riesgo de no cumplir con la meta en el plazo que se trazó inicialmente. “Aunque Colombia es uno de los países que más ha avanzado a nivel regional, no será suficiente. Seguramente lograremos identificar esos incentivos perversos al 2025 con bastante certeza, pero la posibilidad de que sean eliminadas requerirá muchos años más”, argumenta.
Prada, de WWF Colombia, coincide con esta idea. Desde su punto de vista, es importante que las entidades continúen identificando de forma ágil cuál son los subsidios y beneficios que se están otorgando en los sectores, como el industrial y de transporte, y no solo el energético y agrícola, para garantizar que no afecten la biodiversidad. Sin embargo, esto no es tarea fácil, de acuerdo con Biofin, pues a menudo hay varios factores contribuyentes, lo que hace muy difícil identificar la causalidad directa entre los subsidios y el alcance exacto de sus efectos nocivos para la biodiversidad.
Lo cierto es que hay pocos o ningún dato disponible sobre subsidios para sectores ambientalmente significativos, como la minería, la industria y la infraestructura. Además, con frecuencia, suele haber menos datos disponibles para los países en desarrollo que para los desarrollados. El reto será optimizar procesos de generación de información que pongan en equilibrio el crecimiento económico y el cuidado de los ecosistemas y su biodiversidad.