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La transición energética es una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para enfrentar el cambio climático y la pobreza en muchos territorios, así como lograr las ambiciosas metas mundiales de conservación de la vida en el planeta tal y como la conocemos.
En el centro de esta apuesta está reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para 2050, la meta en el mundo y en Colombia es alcanzar un balance neto de cero emisiones, es decir, una economía descarbonizada.
En esta responsabilidad, la generación de energía, proveniente de fuentes convencionales como no convencionales, así como el consumo y uso de energía por parte de sectores como transporte, industria y residencial son ejes centrales.
Según cifras del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el consumo y la producción de energía en el planeta representan alrededor de dos tercios de la emisión de GEI. Además, de acuerdo con datos del WEF, más de 80 % de la combinación energética global todavía se basa en combustibles fósiles, sin que este porcentaje se haya modificado en las últimas décadas.
“El problema de la quema de combustibles fósiles sigue estando en la matriz energética. El reto es cómo podemos integrar las realidades sociales de los territorios, las visiones económicas de los sectores y los instrumentos ambientales de conversación en un solo proyecto, garantizando los derechos que todos tenemos a un aire limpio, o un medio ambiente sano y en equilibrio”, explica Ricardo Lozano, geólogo y experto en cambio climático.
A pesar de las necesidades claras de hacer este cambio en el sistema energético, en el mundo y en el país se han generado choques entre diversos actores de la cadena responsable de esta transición, especialmente, en la generación, transmisión y distribución de energía actual, lo que ha generado alertas sobre la estabilidad del abastecimiento, así como preguntas sobre la posibilidad de lograr estas metas nacionales y globales.
Para construir así un diálogo entre los diferentes actores desde Bibo de El Espectador, en alianza con Acolgen, Isagen y Enel, se organizó un espacio de conversación denominado como ‘Transición Energética: haciendo posible un sueño de país’.
“No se trata de hacer preguntas nuevas, sino de encontrar respuestas que no hemos conciliado lo suficiente. Lo que buscamos con este foro es desmentir los mitos que hay en el sector, conocer cómo avanzan las empresas y las propuestas que tiene el Gobierno en materia regulatoria para avanzar en esta meta”, indicó Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador.
¿Cuál es la realidad de la transición energética?
El primer espacio, denominado ‘Mitos y Verdades de los proyectos actuales de Transición Energética en Colombia’, se dio a conocer el panorama actual de los proyectos en ejecución de transición energética en el país, cómo va su implementación y las lecciones aprendidas desde sector gremial y empresarial.
Para Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y quien lideró el panel, la transición energética es, en esencia, “un gran proyecto de inversión de diferentes actores para lograr economías de bajas emisiones. Esto requiere que todos los que intervienen allí sean una suerte de orquesta que esté afinada y ordenada”.
En esta misma línea, González plantea varias preguntas a discutir, si solo la transición energética será suficiente para las metas de cambio climático, o si se trata solo de energías solares o eólicas, o es un asunto solo del Gobierno, si se puede hacer sin hidrocarburos, entre otros puntos claves.
Una de las principales preocupaciones que expresó el sector privado es la situación regulatoria en el país que ha impedido avanzar en el desarrollo de proyectos. “Uno de los grandes retos es el tema de la transmisión y conexión, pues han generado demoras en proyectos que ya están listos en materia de construcción, pero que se demoran en conectarse a la red por trámites, lo que retrasa la recuperación de inversión en estos proyectos”, explicó Fernando Arbeláez, gerente de Asuntos Corporativos de ISAGEN.
Otros de los reparos estuvieron relacionados con los cambios en materia tributaria en proyectos de energías renovables, la inestabilidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que han aumentado la incertidumbre en los proyectos y su rentabilidad en un mediano plazo.
Por su parte, otro de los puntos fuertes de discusión giró en el papel que juegan los hidrocarburos en esta transición energética, si está debe seguir haciéndose con el gas y el petróleo, o si estos deben cortarse de manera anticipada.
“Necesitamos una transición energética diferente, en la que el gas debe ser fundamental en este proceso, y en este aspecto Colombia tiene una gran ventaja comparativa que se están dejando de lado. Sin contemplar este tipo de factores, la transición será, en los próximos años, solo un saludo a la bandera sin avances reales”, argumentó Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
En el sector, además, otro de los temas de discusión está girando en torno al abastecimiento en el país. Para Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, por falta de diálogo entre el sector privado y el Gobierno, el país está perdiendo la sostenibilidad de su sistema que no ha tenido apagones desde hace décadas y por la cual se ha destacado a nivel regional.
“El sistema está desbalanceado, pues no está entrando la energía que debería cada año, y la situación se está poniendo cada vez más estrecha. Acabamos de vivir un fenómeno de El Niño en el que las térmicas y las centrales hidroeléctricas le cumplieron al país, pero tenemos que trabajar juntos para lograr que la estabilidad el suministro en los próximos años”, expresó Gutiérrez.
Por su parte Ricardo Ortega, Presidente de la Empresa de Energía de Bogotá prendió las alarmas sobre los racionamientos de energía que actualmente vive la sabana de Bogota y sus alrededores, así como la demora en la expedición se las licencias ambientales para los proyectos de líneas de transmisión vitales para evitar más apagones en Colombia.
De manera general, el sector privado hizo un llamado para establecer un diálogo y consenso con el Gobierno Nacional, y evitar los retrasos en los proyectos que le apuestan a la transición energética.
El papel de la política pública
En el segundo momento de este foro titulado “el presente y futuro de la política pública para la transición energética” se debatió sobre cómo desde la regulación y la evaluación y seguimiento de la gestión de la institucionalidad podemos avanzar en dicha transición.
Para Alexandra Hernández, presidente de la Asociación de Energías Renovables SER, el principal reto que tenemos es el tiempo. " A 2027 las mismas cifras del gobierno indican la urgencia de que entren y se expanda el parque generador de las renovables, que debe crecer tres veces más en tres años”. Así mismo resaltó 3 urgencias: reducir los tiempos, tener un CREG de manera continua y fortalecer capacidades para cumplir las exigencias y no retrasar este camino.
Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, informó que en el país tenemos “una sobredosis de política pública que se necesita implementar ya para consolidar este mercado en el país. Necesitamos fortalecer la regulación para que los actores jueguen en una cancha nivelada” así mismo, resaltó que necesitamos enfocarnos en el objetivo real de esta transición en el país “.
En la misma línea, Astrid Álvarez, experta del sector energético, indicó que “se necesita más acción, pues venimos retrasados de años y necesitamos trabajar como equipo, hay grandes soluciones disponibles, y el Gobierno tiene la tarea de unir a todo este sector”
Por su parte, los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría indicaron que, aunque el Gobierno Nacional, ha mostrado buenas acciones sobre la transparencia en los procesos, aún se necesita mayor claridad sobre el papel de reservas de gas o petróleo, y sobre las acciones institucionales.
“Hay un rezago regulatorio por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No hay coherencia cuando se quiere estimular la entrada de las energías renovables no convencionales pero a la vez hay una serie de nuevas barreras regulatorias al respecto. Tenemos que aproximarnos con cuidado en traducir que significa una transición energética justa, que no sabemos si significa prescindir de los privados o de otro tipo de combustibles. Para esto se necesita articular y mejorar la acción interinstitucional para lograr estas metas”, indicó Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales y Minero-Energéticos .
Por su parte el Contralor delegado para Minas y Energia, Germán Castro, expresó su gran preocupación sobre el racionamiento energético que ya empezó en Bogotá, Cundinamarca y la Sabana. Y pidió así mismo un trabajo urgente e inmediato de articulación de todos los actores involucrados en esta urgencia.
Por su lado la viceministra de ordenamiento ambiental del territorio, Lilia Tatiana Roa, indicó que el Gobierno ha lanzado mensajes fuertes y necesarios en el sector, como suspender nuevas exploraciones, que lo que buscan es “poner el dedo en la llaga sobre el papel de los hidrocarburos en nuestra sociedad, lo que implica retos económicos, fiscales y culturales”.
Además, Roa precisó que se viene trabajando en el país para determinar esas zonas en las que se pueden trabajar proyectos renovables sin impacto ambiental para dar mayor claridad al mercado y lograr una mejor articulación intersectorial.
En la perspectiva del ministro de Minas y Energia, Andrés Camacho, la propuesta del Gobierno Nacional con la transición energética justa es volver este concepto un vector habilitante en los territorios.
“Existe cierta conflictividad social porque en las regiones la energía no llega, y lo que tenemos es que resolver estas situaciones. De manera general, el Gobierno lo que propone es que estas nuevas energías sean un motor para la economía, como lo fueron hidrocarburos, y que se insertan en un debate global para el uso de energías en el que Colombia tiene una gran oportunidad”.
Finalmente, este foro cerró con un llamado de urgencia por las actuales circunstancias de racionamiento así cómo acelerar los procesos a través de un mayor diálogo y acercamiento entre las diferentes partes del sector, una mayor amortización en las decisiones del estado y la necesidad de regulaciones claras para lograr tener sociedades más justas y equitativas.