Una de las herramientas financieras que permiten conservar la biodiversidad
Para garantizar los beneficios que nos brinda la naturaleza es importante invertir en su conservación. En el mundo se han definido diferentes mecanismos de financiación cada vez más necesarios.
A finales del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó un informe que mostró una preocupante cifra para la biodiversidad en el mundo: cada año, tanto el sector público como el privado, invierten cerca de 7 billones de dólares en actividades que causan un impacto negativo directo en la naturaleza.
En contraste, señala el mismo informe, el dinero destinado a soluciones basadas en la naturaleza para hacerle frente a situaciones como la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, el cambio climático, el riesgo de desastres, e incluso la misma pérdida de biodiversidad, solo recibió 200.000 millones de dólares.
(Lea: Financiar la conservación de la naturaleza: ¿cómo ha avanzado Colombia?)
Según el PNUMA, es necesario aumentar ese dinero a USD$542.000 millones anuales en 2030 y a USD$737.000 millones en 2050, para cumplir, entre otras cosas, las metas del Marco Global de Biodiversidad, el cual tiene entre sus metas la protección del 30 % de los ecosistemas terrestres, de agua dulce continentales y marinocosteros al 2030. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, los mecanismos de financiación de la biodiversidad son fundamentales.
Andrés Felipe Zuluaga, director de Conservación de The Nature Conservancy (TNC) en Colombia los describe como mecanismos “que buscan garantizar la conservación de la naturaleza, asegurando así los múltiples beneficios que los seres humanos recibimos de ella”. Un ejemplo sencillo: “si no invertimos en la conservación de los páramos, en las ciudades tendríamos serios problemas de abastecimiento de agua”.
Un estudio del Paulson Institute, TNC y el Cornell Atkinson Center for Sustainability, publicado en 2020, señaló que, en 2019, el mundo invirtió entre $124.000 y $143.000 millones de dólares para la conservación de la biodiversidad. Aunque la cifra puede parecer alta, en realidad no lo es, pues el monto necesario para proteger la naturaleza se estimaba entre $722.000 y $ 967.000 millones de dólares anuales.
Ese mismo año, en cambio, los gastos que los gobiernos destinaron a incentivos perjudiciales para la biodiversidad, en los sectores agrícolas, forestales y pesqueros, estuvieron entre los $274.000 millones y $542.000 millones de dólares anuales, es decir, fueron de dos a cuatro veces mayores que los destinados a la conservación.
(Lea: Los retos para financiar las metas que buscan detener la pérdida de biodiversidad)
En palabras de Zuluaga, esto significa que “no solo hay una brecha significativa en el financiamiento de la conservación de la biodiversidad, sino que en algunos casos estamos financiando su pérdida”. Es acá, donde adicionalmente se requieren acciones urgentes que permitan ajustar diversos incentivos perversos y subsidios que están promoviendo la deforestación, degradación y perdida de ecosistemas estratégicos como páramos y humedales.
Los bonos de naturaleza
En el mundo existen diferentes mecanismos financieros para canalizar recursos que garanticen la protección de la naturaleza. Uno de los más conocidos son los bonos.
Cuando nos referimos al mercado de carbono, se habla de bonos o créditos que los Estados y empresas transan para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. En teoría, explica Zuluaga de TNC, este mecanismo debe garantizar el principio de adicionalidad, es decir, deben cumplir con la reducción neta de estas emisiones y subsanar sus impactos. El dinero que representan los créditos, que se generan del proceso de compensación de un sector como el de transporte, podrían usarse en la restauración de un páramo en Cundinamarca o en la restauración de un bosque Amazónico, siempre y cuando cumplan con dicho principio.
Durante los últimos años estos bonos se han popularizado como una medida para conservar, especialmente, los bosques tropicales, donde las comunidades son retribuidas económicamente por el cuidado de los mismos. Sin embargo, este método no ha estado exento de críticas. La falta de normativa sobre cómo desarrollar estos proyectos es una de las principales dificultades en el contexto colombiano. El gobierno nacional, desde el Ministerio de Ambiente, aseguró que están trabajando en este tema.
Por otro lado, también existen los llamados bonos verdes, los cuales, según Zuluaga, “se enfocan en la emisión de deuda pública o privada, que habilitan el financiamiento de actividades verdes en diversos sectores”. A través de este mecanismo se están invirtiendo recursos importantes para financiar la conservación de la biodiversidad, la transición energética y la lucha contra el cambio climático, pero aún persiste una brecha sustancial de financiamiento, apunta Zuluaga.
En el país también hay un mercado emergente de inversiones en biodiversidad que han sido habilitadas a través de la Estrategia nacional de compensaciones ambientales del componente biótico, promovida por el Ministerio de Ambiente. Este mercado ha surgido a raíz de la necesidad de compensar los impactos que generan sectores que requieren licenciamiento ambiental, tal como ocurre con el de infraestructura, en el que existen diversas opciones de “resarcir” las pérdidas de biodiversidad que genera la construcción de una carretera o una represa, entre otras.
Justamente uno de los mecanismos de compensación de estas pérdidas de biodiversidad, es los bancos de hábitat, en donde se transan igualmente certificados de biodiversidad (mal llamados bonos de biodiversidad). Este proceso permite integrar a organizaciones que han firmado acuerdos de conservación de largo plazo con propietarios que tienen cierto tipo de ecosistemas (ej: bosques altoandino, sabanas inundables) y conectarlos con empresas que han generado impactos en la biodiversidad que alberga este mismo tipo de ecosistemas, y que deben ser compensados por ley, apunta Zuluaga.
Esta figura está enmarcada dentro del Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, expedido por el Ministerio de Ambiente, el cual ayuda a que los proyectos, obras o actividades, en el marco de las licencias ambientales, sean planificados teniendo en cuenta qué acciones pueden implementar para reducir, mitigar o compensar su impacto en los ecosistemas.
“La idea del Manual es proponerle un marco de análisis a las empresas que tienen que licenciar sus proyectos, para que evalúen los impactos ambientales que van a generar y apliquen una metodología que se llama jerarquía de la mitigación”, explica María Isabel Vieira, especialista en Análisis de TNC Colombia.
Dicha metodología consiste en que las empresas se enfoquen primero en revisar qué impactos pueden evitar. En caso de que sean inevitables, deben buscar la manera de mitigarlos, y los que no se pueden evitar ni mitigar deben ser compensados. Lo ideal es que la metodología se aplique desde el momento en que las empresas están planificando su proyecto, antes de que presenten estos estudios en la solicitud que hacen ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), encargadas de aprobar o rechazar las licencias ambientales.
Esta herramienta permite apalancar recursos para la conservación de la biodiversidad, a través de, por ejemplo, inversiones forzosas de no menos del 1 %. Esto significa que “las empresas del sector de infraestructura deben destinar de forma obligatoria el 1 % del valor total del proyecto en inversiones para conservar cuencas abastecedoras de agua”, adicional a la compensación que deben hacer por los impactos que han generado estas obras en los ecosistemas y su biodiversidad asociada, explica Zuluaga.
Independientemente del mecanismo elegido para cierto proyecto, el vocero de TNC resalta dos aspectos clave que hay que tener en cuenta: los indicadores de cumplimiento y las métricas de impacto. “Es importante que los proyectos respondan preguntas como: ¿qué voy a impactar? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas personas? De esta manera se pueden ver resultados tangibles”, dice.
Trabajar para garantizar el éxito y efectividad de este tipo de financiamientos para la naturaleza es clave para ayudar a frenar la pérdida de biodiversidad (según el Marco Global de Biodiversidad, alrededor del 25% de la biodiversidad del planeta está amenazada), mitigar el cambio climático y adaptarnos a sus efectos. De ello depende el bienestar de las personas y el de todas las demás especies.
A finales del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó un informe que mostró una preocupante cifra para la biodiversidad en el mundo: cada año, tanto el sector público como el privado, invierten cerca de 7 billones de dólares en actividades que causan un impacto negativo directo en la naturaleza.
En contraste, señala el mismo informe, el dinero destinado a soluciones basadas en la naturaleza para hacerle frente a situaciones como la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, el cambio climático, el riesgo de desastres, e incluso la misma pérdida de biodiversidad, solo recibió 200.000 millones de dólares.
(Lea: Financiar la conservación de la naturaleza: ¿cómo ha avanzado Colombia?)
Según el PNUMA, es necesario aumentar ese dinero a USD$542.000 millones anuales en 2030 y a USD$737.000 millones en 2050, para cumplir, entre otras cosas, las metas del Marco Global de Biodiversidad, el cual tiene entre sus metas la protección del 30 % de los ecosistemas terrestres, de agua dulce continentales y marinocosteros al 2030. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, los mecanismos de financiación de la biodiversidad son fundamentales.
Andrés Felipe Zuluaga, director de Conservación de The Nature Conservancy (TNC) en Colombia los describe como mecanismos “que buscan garantizar la conservación de la naturaleza, asegurando así los múltiples beneficios que los seres humanos recibimos de ella”. Un ejemplo sencillo: “si no invertimos en la conservación de los páramos, en las ciudades tendríamos serios problemas de abastecimiento de agua”.
Un estudio del Paulson Institute, TNC y el Cornell Atkinson Center for Sustainability, publicado en 2020, señaló que, en 2019, el mundo invirtió entre $124.000 y $143.000 millones de dólares para la conservación de la biodiversidad. Aunque la cifra puede parecer alta, en realidad no lo es, pues el monto necesario para proteger la naturaleza se estimaba entre $722.000 y $ 967.000 millones de dólares anuales.
Ese mismo año, en cambio, los gastos que los gobiernos destinaron a incentivos perjudiciales para la biodiversidad, en los sectores agrícolas, forestales y pesqueros, estuvieron entre los $274.000 millones y $542.000 millones de dólares anuales, es decir, fueron de dos a cuatro veces mayores que los destinados a la conservación.
(Lea: Los retos para financiar las metas que buscan detener la pérdida de biodiversidad)
En palabras de Zuluaga, esto significa que “no solo hay una brecha significativa en el financiamiento de la conservación de la biodiversidad, sino que en algunos casos estamos financiando su pérdida”. Es acá, donde adicionalmente se requieren acciones urgentes que permitan ajustar diversos incentivos perversos y subsidios que están promoviendo la deforestación, degradación y perdida de ecosistemas estratégicos como páramos y humedales.
Los bonos de naturaleza
En el mundo existen diferentes mecanismos financieros para canalizar recursos que garanticen la protección de la naturaleza. Uno de los más conocidos son los bonos.
Cuando nos referimos al mercado de carbono, se habla de bonos o créditos que los Estados y empresas transan para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. En teoría, explica Zuluaga de TNC, este mecanismo debe garantizar el principio de adicionalidad, es decir, deben cumplir con la reducción neta de estas emisiones y subsanar sus impactos. El dinero que representan los créditos, que se generan del proceso de compensación de un sector como el de transporte, podrían usarse en la restauración de un páramo en Cundinamarca o en la restauración de un bosque Amazónico, siempre y cuando cumplan con dicho principio.
Durante los últimos años estos bonos se han popularizado como una medida para conservar, especialmente, los bosques tropicales, donde las comunidades son retribuidas económicamente por el cuidado de los mismos. Sin embargo, este método no ha estado exento de críticas. La falta de normativa sobre cómo desarrollar estos proyectos es una de las principales dificultades en el contexto colombiano. El gobierno nacional, desde el Ministerio de Ambiente, aseguró que están trabajando en este tema.
Por otro lado, también existen los llamados bonos verdes, los cuales, según Zuluaga, “se enfocan en la emisión de deuda pública o privada, que habilitan el financiamiento de actividades verdes en diversos sectores”. A través de este mecanismo se están invirtiendo recursos importantes para financiar la conservación de la biodiversidad, la transición energética y la lucha contra el cambio climático, pero aún persiste una brecha sustancial de financiamiento, apunta Zuluaga.
En el país también hay un mercado emergente de inversiones en biodiversidad que han sido habilitadas a través de la Estrategia nacional de compensaciones ambientales del componente biótico, promovida por el Ministerio de Ambiente. Este mercado ha surgido a raíz de la necesidad de compensar los impactos que generan sectores que requieren licenciamiento ambiental, tal como ocurre con el de infraestructura, en el que existen diversas opciones de “resarcir” las pérdidas de biodiversidad que genera la construcción de una carretera o una represa, entre otras.
Justamente uno de los mecanismos de compensación de estas pérdidas de biodiversidad, es los bancos de hábitat, en donde se transan igualmente certificados de biodiversidad (mal llamados bonos de biodiversidad). Este proceso permite integrar a organizaciones que han firmado acuerdos de conservación de largo plazo con propietarios que tienen cierto tipo de ecosistemas (ej: bosques altoandino, sabanas inundables) y conectarlos con empresas que han generado impactos en la biodiversidad que alberga este mismo tipo de ecosistemas, y que deben ser compensados por ley, apunta Zuluaga.
Esta figura está enmarcada dentro del Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, expedido por el Ministerio de Ambiente, el cual ayuda a que los proyectos, obras o actividades, en el marco de las licencias ambientales, sean planificados teniendo en cuenta qué acciones pueden implementar para reducir, mitigar o compensar su impacto en los ecosistemas.
“La idea del Manual es proponerle un marco de análisis a las empresas que tienen que licenciar sus proyectos, para que evalúen los impactos ambientales que van a generar y apliquen una metodología que se llama jerarquía de la mitigación”, explica María Isabel Vieira, especialista en Análisis de TNC Colombia.
Dicha metodología consiste en que las empresas se enfoquen primero en revisar qué impactos pueden evitar. En caso de que sean inevitables, deben buscar la manera de mitigarlos, y los que no se pueden evitar ni mitigar deben ser compensados. Lo ideal es que la metodología se aplique desde el momento en que las empresas están planificando su proyecto, antes de que presenten estos estudios en la solicitud que hacen ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), encargadas de aprobar o rechazar las licencias ambientales.
Esta herramienta permite apalancar recursos para la conservación de la biodiversidad, a través de, por ejemplo, inversiones forzosas de no menos del 1 %. Esto significa que “las empresas del sector de infraestructura deben destinar de forma obligatoria el 1 % del valor total del proyecto en inversiones para conservar cuencas abastecedoras de agua”, adicional a la compensación que deben hacer por los impactos que han generado estas obras en los ecosistemas y su biodiversidad asociada, explica Zuluaga.
Independientemente del mecanismo elegido para cierto proyecto, el vocero de TNC resalta dos aspectos clave que hay que tener en cuenta: los indicadores de cumplimiento y las métricas de impacto. “Es importante que los proyectos respondan preguntas como: ¿qué voy a impactar? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas personas? De esta manera se pueden ver resultados tangibles”, dice.
Trabajar para garantizar el éxito y efectividad de este tipo de financiamientos para la naturaleza es clave para ayudar a frenar la pérdida de biodiversidad (según el Marco Global de Biodiversidad, alrededor del 25% de la biodiversidad del planeta está amenazada), mitigar el cambio climático y adaptarnos a sus efectos. De ello depende el bienestar de las personas y el de todas las demás especies.