Biden, crisis climática y retos nacionales

El contexto internacional que generó la firma del Acuerdo de París en 2015 se dinamiza con el reciente reintegro de EE. UU. a dicho Acuerdo y con el anuncio de la Casa Blanca de que este país reducirá sus emisiones de carbono un 50-52 % para 2030, con relación a lo que fueron sus emisiones en 2005. Esto es casi el doble de la meta proclamada por Barack Obama (2015), pero dado que las emisiones per cápita de EE. UU. son de las más altas del mundo, dos veces las de un chino o más de cinco veces las de un colombiano, su compromiso tendrá que ser mayor en el futuro. (Lea “Para salvar el clima, reconozcan nuestras tierras”: indígenas a Biden)

La cumbre convocada por Joe Biden, realizada el pasado 22-23 de abril, demostró la importancia que el mundo le concede a la nueva posición de Estados Unidos y evidenció el compromiso de parte de las grandes potencias de llegar a economías de carbono neutro para 2050, excepto China, que planea para 2060. Esto generará una caída progresiva en la demanda de hidrocarburos y presentará retos específicos para los países productores y exportadores de carbón, petróleo y gas. Sin duda, la economía colombiana verá afectadas sus exportaciones, donde los hidrocarburos cumplen un papel importante. Entre 2000 y 2017, estos representaron el 36 % de las exportaciones totales de Colombia.

Simultáneamente, como lo mencionó el presidente Iván Duque en la cumbre, se abren oportunidades para que Colombia sea compensada por los servicios ecosistémicos (SE) asociados con nuestro extenso bosque húmedo tropical (BHT). Los bosques, al mantener su integridad ecosistémica, disminuyen el riesgo de pandemias y generan beneficios de interés global, conservación de biodiversidad, fijación y retención de carbono, y regulación del ciclo hidrológico.

Colombia, como potencia global en biodiversidad y regulación climática, tiene ventajas para negociar transferencias económicas y tecnológicas, incluso un canje de deuda, argumentado por el valor de los servicios ecosistémicos que le suministramos al mundo y no por incapacidad de pago. Las transferencias deben invertirse para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, pues estas pueden gestionar la conservación o ser agentes de destrucción en zonas de BHT.

Biden y su orden ejecutiva (OE)

La orden ejecutiva sobre crisis climática (CC), publicada por la Casa Blanca en enero de 2021, inicia reconociendo la profunda CC y el tiempo limitado que tenemos para evitar efectos más catastróficos y hace clara la intención del gobierno Biden de liderar la transformación de la matriz energética mundial. Anuncia que Estados Unidos pretende llegar a tener un sector energético de carbono neutral en 2035 y alcanzar esta misma meta para toda la economía estadounidense en 2050.

Para Colombia y América Latina es de gran importancia que la OE anuncie que EE. UU. comenzará inmediatamente a elaborar y desarrollar un plan de financiamiento climático internacional, haciendo uso de canales e instituciones bilaterales y multilaterales -Grupo del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros- para ayudar a los países en desarrollo a implementar medidas ambiciosas de reducción de emisiones, proteger ecosistemas críticos, desarrollar resiliencia contra los impactos de la CC, promover el flujo de capital hacia inversiones alineadas con el clima e iniciativas de alivio de la deuda, alineados con los objetivos del Acuerdo de París. En la cumbre se hizo evidente la presión de Biden sobre el presidente del Banco Mundial, quien está muy comprometido con políticas favorables al clima.

Biden pide a los miembros de su gobierno intensificar la colaboración internacional para impulsar la innovación y el despliegue de tecnologías de energía limpia, promover el fin del financiamiento internacional de la energía basada en combustibles fósiles y apoyar un desarrollo sostenible y una recuperación verde. En relación con petróleo y gas, se propone eliminar todos los subsidios internos a los combustibles fósiles para 2022 y reducir sus emisiones de metano.

Respecto al sector privado, propone apoyar y acelerar el avance de la capacidad tecnológica y empresarial de Estados Unidos para enfrentar la CC. Asimismo, Biden fue reiterativo al señalar que enfrentar la CC ofrece grandes oportunidades para inversiones rentables y generación de puestos de trabajo.

En la OE se solicita un plan para promover la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas críticos que sirven como sumideros globales de carbono. En referencia a agricultores y ganaderos, dice que sus actividades cumplirán un papel importante en la reducción de las emisiones de GEI, en la protección y restauración de ecosistemas y en la protección de la biodiversidad, y propone incentivos para la adopción voluntaria de prácticas agropecuarias y forestales climáticamente inteligentes. Esto puede generar cooperación bilateral con Colombia y financiar la reconversión productiva de la ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles, pues la ganadería genera más del 25 % de los GEI y contribuye solo con el 1,4 del PIB nacional.

Retos, costos y oportunidades para Colombia

La descarbonización requiere financiación y, en contraste, puede significar dejar enterradas reservas de hidrocarburos ya identificadas. La OE menciona mecanismos de compensación en el interior de Estados Unidos para los grupos que pueden ser afectados por la descarbonización -donaciones, préstamos, asistencia técnica y desarrollo de nuevos mercados-. Hay argumentos para que estas compensaciones también sean aplicadas a nivel internacional y así Colombia pueda conseguir apoyo y compensaciones para avanzar en su meta del 51 % de reducción de emisiones para 2030.

En términos de transparencia y participación comunitaria, la OE ordenar crear un programa para monitorear y proporcionar datos al público -en tiempo real- sobre la contaminación ambiental, incluidas las emisiones y los niveles de exposición que las puedan afectar. Colombia debería asumir este propósito de manera similar.

La OE tiene un capítulo dedicado a garantizar la justicia ambiental y asegurar un futuro económico equitativo en términos de las oportunidades económicas para las diferentes regiones en Estados Unidos. Nuestro punto es que la justicia ambiental debe aplicarse para gestionar una economía global de energía limpia que apoye a las comunidades desfavorecidas, históricamente marginadas, para convertirlas en comunidades saludables y prósperas, y así emprender acciones sólidas para mitigar la crisis y favorecer la adaptación al cambio climático.

Por justicia ambiental, países con valiosa oferta se servicios ecosistémicos, baja participación en las emisiones de GEI y poseedores de reservas de hidrocarburos, deben ser compensados y apoyados de manera especial. Este es el caso de Colombia y el canje de deuda por gestión climática, tal como lo menciono el presidente Duque en la cumbre, es un mecanismo que debemos concretar (https://www.elespectador.com/opinion/deficit-fiscal-y-canje-de-deuda-por-regulacion-climatica/).

Es el momento, como lo señala el PND 2018-2022, de convertir la biodiversidad y la riqueza natural en activos estratégicos para el desarrollo sostenible y el buen vivir. El Gobierno de Colombia debe sintonizarse con las organizaciones internacionales y orientar sus esfuerzos a “enverdecer” el plan de recuperación económica. Para ello debe basar su propuesta en los atributos de nuestro medio natural, adoptar la biotecnología como motor para el desarrollo socioeconómico y renegociar transferencias con los argumentos antes expuestos.

Biden ha dejado claro que su prioridad es Estados Unidos y que si bien la CC hay que enfrentarla entre todos, cada país debe definir sus metas y argumentar su negociación. Colombia tiene cómo mejorar su negociación y conseguir apoyo internacional y nacional para construir un Pacto Verde Nacional en el camino a la descarbonización. Esta requiere grandes recursos financieros, compromiso gubernamental y ciudadano, y mejor capacidad institucional y técnica. Hay una gran tarea por delante.

* Economista con maestría en teoría económica (Universidad de los Andes) y en estudios ambientales (Yale University). Columnista de El Espectador.

** Consultor de gobiernos y organizaciones en desarrollo sostenible, transición energética y estrategias climáticas. Profesor de la cátedra de cambio climático de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional de Colombia.

El contexto internacional que generó la firma del Acuerdo de París en 2015 se dinamiza con el reciente reintegro de EE. UU. a dicho Acuerdo y con el anuncio de la Casa Blanca de que este país reducirá sus emisiones de carbono un 50-52 % para 2030, con relación a lo que fueron sus emisiones en 2005. Esto es casi el doble de la meta proclamada por Barack Obama (2015), pero dado que las emisiones per cápita de EE. UU. son de las más altas del mundo, dos veces las de un chino o más de cinco veces las de un colombiano, su compromiso tendrá que ser mayor en el futuro. (Lea “Para salvar el clima, reconozcan nuestras tierras”: indígenas a Biden)

La cumbre convocada por Joe Biden, realizada el pasado 22-23 de abril, demostró la importancia que el mundo le concede a la nueva posición de Estados Unidos y evidenció el compromiso de parte de las grandes potencias de llegar a economías de carbono neutro para 2050, excepto China, que planea para 2060. Esto generará una caída progresiva en la demanda de hidrocarburos y presentará retos específicos para los países productores y exportadores de carbón, petróleo y gas. Sin duda, la economía colombiana verá afectadas sus exportaciones, donde los hidrocarburos cumplen un papel importante. Entre 2000 y 2017, estos representaron el 36 % de las exportaciones totales de Colombia.

Simultáneamente, como lo mencionó el presidente Iván Duque en la cumbre, se abren oportunidades para que Colombia sea compensada por los servicios ecosistémicos (SE) asociados con nuestro extenso bosque húmedo tropical (BHT). Los bosques, al mantener su integridad ecosistémica, disminuyen el riesgo de pandemias y generan beneficios de interés global, conservación de biodiversidad, fijación y retención de carbono, y regulación del ciclo hidrológico.

Colombia, como potencia global en biodiversidad y regulación climática, tiene ventajas para negociar transferencias económicas y tecnológicas, incluso un canje de deuda, argumentado por el valor de los servicios ecosistémicos que le suministramos al mundo y no por incapacidad de pago. Las transferencias deben invertirse para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, pues estas pueden gestionar la conservación o ser agentes de destrucción en zonas de BHT.

Biden y su orden ejecutiva (OE)

La orden ejecutiva sobre crisis climática (CC), publicada por la Casa Blanca en enero de 2021, inicia reconociendo la profunda CC y el tiempo limitado que tenemos para evitar efectos más catastróficos y hace clara la intención del gobierno Biden de liderar la transformación de la matriz energética mundial. Anuncia que Estados Unidos pretende llegar a tener un sector energético de carbono neutral en 2035 y alcanzar esta misma meta para toda la economía estadounidense en 2050.

Para Colombia y América Latina es de gran importancia que la OE anuncie que EE. UU. comenzará inmediatamente a elaborar y desarrollar un plan de financiamiento climático internacional, haciendo uso de canales e instituciones bilaterales y multilaterales -Grupo del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros- para ayudar a los países en desarrollo a implementar medidas ambiciosas de reducción de emisiones, proteger ecosistemas críticos, desarrollar resiliencia contra los impactos de la CC, promover el flujo de capital hacia inversiones alineadas con el clima e iniciativas de alivio de la deuda, alineados con los objetivos del Acuerdo de París. En la cumbre se hizo evidente la presión de Biden sobre el presidente del Banco Mundial, quien está muy comprometido con políticas favorables al clima.

Biden pide a los miembros de su gobierno intensificar la colaboración internacional para impulsar la innovación y el despliegue de tecnologías de energía limpia, promover el fin del financiamiento internacional de la energía basada en combustibles fósiles y apoyar un desarrollo sostenible y una recuperación verde. En relación con petróleo y gas, se propone eliminar todos los subsidios internos a los combustibles fósiles para 2022 y reducir sus emisiones de metano.

Respecto al sector privado, propone apoyar y acelerar el avance de la capacidad tecnológica y empresarial de Estados Unidos para enfrentar la CC. Asimismo, Biden fue reiterativo al señalar que enfrentar la CC ofrece grandes oportunidades para inversiones rentables y generación de puestos de trabajo.

En la OE se solicita un plan para promover la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas críticos que sirven como sumideros globales de carbono. En referencia a agricultores y ganaderos, dice que sus actividades cumplirán un papel importante en la reducción de las emisiones de GEI, en la protección y restauración de ecosistemas y en la protección de la biodiversidad, y propone incentivos para la adopción voluntaria de prácticas agropecuarias y forestales climáticamente inteligentes. Esto puede generar cooperación bilateral con Colombia y financiar la reconversión productiva de la ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles, pues la ganadería genera más del 25 % de los GEI y contribuye solo con el 1,4 del PIB nacional.

Retos, costos y oportunidades para Colombia

La descarbonización requiere financiación y, en contraste, puede significar dejar enterradas reservas de hidrocarburos ya identificadas. La OE menciona mecanismos de compensación en el interior de Estados Unidos para los grupos que pueden ser afectados por la descarbonización -donaciones, préstamos, asistencia técnica y desarrollo de nuevos mercados-. Hay argumentos para que estas compensaciones también sean aplicadas a nivel internacional y así Colombia pueda conseguir apoyo y compensaciones para avanzar en su meta del 51 % de reducción de emisiones para 2030.

En términos de transparencia y participación comunitaria, la OE ordenar crear un programa para monitorear y proporcionar datos al público -en tiempo real- sobre la contaminación ambiental, incluidas las emisiones y los niveles de exposición que las puedan afectar. Colombia debería asumir este propósito de manera similar.

La OE tiene un capítulo dedicado a garantizar la justicia ambiental y asegurar un futuro económico equitativo en términos de las oportunidades económicas para las diferentes regiones en Estados Unidos. Nuestro punto es que la justicia ambiental debe aplicarse para gestionar una economía global de energía limpia que apoye a las comunidades desfavorecidas, históricamente marginadas, para convertirlas en comunidades saludables y prósperas, y así emprender acciones sólidas para mitigar la crisis y favorecer la adaptación al cambio climático.

Por justicia ambiental, países con valiosa oferta se servicios ecosistémicos, baja participación en las emisiones de GEI y poseedores de reservas de hidrocarburos, deben ser compensados y apoyados de manera especial. Este es el caso de Colombia y el canje de deuda por gestión climática, tal como lo menciono el presidente Duque en la cumbre, es un mecanismo que debemos concretar (https://www.elespectador.com/opinion/deficit-fiscal-y-canje-de-deuda-por-regulacion-climatica/).

Es el momento, como lo señala el PND 2018-2022, de convertir la biodiversidad y la riqueza natural en activos estratégicos para el desarrollo sostenible y el buen vivir. El Gobierno de Colombia debe sintonizarse con las organizaciones internacionales y orientar sus esfuerzos a “enverdecer” el plan de recuperación económica. Para ello debe basar su propuesta en los atributos de nuestro medio natural, adoptar la biotecnología como motor para el desarrollo socioeconómico y renegociar transferencias con los argumentos antes expuestos.

Biden ha dejado claro que su prioridad es Estados Unidos y que si bien la CC hay que enfrentarla entre todos, cada país debe definir sus metas y argumentar su negociación. Colombia tiene cómo mejorar su negociación y conseguir apoyo internacional y nacional para construir un Pacto Verde Nacional en el camino a la descarbonización. Esta requiere grandes recursos financieros, compromiso gubernamental y ciudadano, y mejor capacidad institucional y técnica. Hay una gran tarea por delante.

* Economista con maestría en teoría económica (Universidad de los Andes) y en estudios ambientales (Yale University). Columnista de El Espectador.

** Consultor de gobiernos y organizaciones en desarrollo sostenible, transición energética y estrategias climáticas. Profesor de la cátedra de cambio climático de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional de Colombia.