40 congresistas apoyan tutela que pide suspender piloto de “fracking” en Santander
Consideran que el derecho a la consulta previa sí aplica para Afrowilches en los pilotos que se desarrollarán en Puerto Wilches, a pesar de que el Ministerio del Interior diga lo contrario.
Un grupo de 40 congresistas, entre los que se encuentran el candidato presidencia Gustavo Petro, Iván Cepeda, Angélica Lozano, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, entre otros, presentó ante Blanca Judith Martínez del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, Santander, una coadyuvancia a la acción de tutela presentada hace unos días con relación al piloto de “fracking” que se adelantaría en Puerto Wilches, Santander.
La tutela fue presentada por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches), pues consideran que se violó el derecho a la consulta previa que corresponde en estos casos. Por esta razón, solicitan que sea suspendida la licencia ambiental que la ANLA le otorgó a Ecopetrol para adelantar el Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) en un complejo cenagoso del municipio. (Puede leer: Las dudas sobre el “fracking” que revivió la licencia ambiental a piloto de Ecopetrol)
La coadyuvancia presentada por los congresistas, también está dirigida a suspender el proceso que la compañía petrolera adelanta ante la autoridad ambiental para obtener otra licencia con el fin de desarrollar otro PPII en Puerto Wilches.
Como contamos hace unos días, según unos documentos que fueron enviados por el Ministerio de Interior a la ANLA, la cartera aseguró “la no procedencia” de consulta previa en el área de influencia del proyecto. Según se lee en el escrito de los congresistas, fueron dos las resoluciones emitidas por el ministerio argumentando que en el área de influencia del piloto no existían “sujetos étnicos (...) de modo que su desarrollo no afectaría a las poblaciones de tal calidad”. (Le puede interesar: La conservación de páramos: un trabajo que no se logra sin las comunidades)
Sin embargo, los congresistas consideran que sí aplica. Explican que, a pesar de la demora que el MinInterior ha tenido para reconocer a Afrowilches como un Consejo Comunitario, “la garantía de su derecho a la consulta previa, así como a otros derechos de los que pueda ser titular el sujeto colectivo, no le exige constituirse bajo alguna determinada forma legalmente establecida”. Para argumentar esto, refieren las sentencias T-693 de 2012, T-576 de 2014 y T-002 de 2017.
El texto de los congresistas insiste en un punto que ha sido denunciado por distintos colectivos y organizaciones de la región, así como por miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente de Expertos sobre Fracking, un grupo que el Consejo de Estado ordenó crear en el 2019 para que las decisiones sobre fracking en Colombia fueran lo más “apolíticas” posibles: “los trámites se adelantaron en ausencia de una amplia y adecuada participación de todas las comunidades”.
Es decir, no solo denuncian la posible vulneración a la consulta previa que debía realizarse, sino que advierten que, en general, no hubo una adecuada comunicación entre Ecopetrol y las comunidades que habitan el territorio. (También puede leer: ¿Se embolató la ley que buscaba proteger las cavernas colombianas?)
Los congresistas le piden al juzgado tres cosas: tutelar el derecho a la consulta previa de la comunidad afrodescendiente de Afrowilches; suspender la licencia ambiental ya otorgada al PPII Kalé, y, en tercer lugar, suspender el trámite que cursa otra solicitud para desarrollar el PPII Platero.
Un grupo de 40 congresistas, entre los que se encuentran el candidato presidencia Gustavo Petro, Iván Cepeda, Angélica Lozano, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, entre otros, presentó ante Blanca Judith Martínez del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja, Santander, una coadyuvancia a la acción de tutela presentada hace unos días con relación al piloto de “fracking” que se adelantaría en Puerto Wilches, Santander.
La tutela fue presentada por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches), pues consideran que se violó el derecho a la consulta previa que corresponde en estos casos. Por esta razón, solicitan que sea suspendida la licencia ambiental que la ANLA le otorgó a Ecopetrol para adelantar el Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) en un complejo cenagoso del municipio. (Puede leer: Las dudas sobre el “fracking” que revivió la licencia ambiental a piloto de Ecopetrol)
La coadyuvancia presentada por los congresistas, también está dirigida a suspender el proceso que la compañía petrolera adelanta ante la autoridad ambiental para obtener otra licencia con el fin de desarrollar otro PPII en Puerto Wilches.
Como contamos hace unos días, según unos documentos que fueron enviados por el Ministerio de Interior a la ANLA, la cartera aseguró “la no procedencia” de consulta previa en el área de influencia del proyecto. Según se lee en el escrito de los congresistas, fueron dos las resoluciones emitidas por el ministerio argumentando que en el área de influencia del piloto no existían “sujetos étnicos (...) de modo que su desarrollo no afectaría a las poblaciones de tal calidad”. (Le puede interesar: La conservación de páramos: un trabajo que no se logra sin las comunidades)
Sin embargo, los congresistas consideran que sí aplica. Explican que, a pesar de la demora que el MinInterior ha tenido para reconocer a Afrowilches como un Consejo Comunitario, “la garantía de su derecho a la consulta previa, así como a otros derechos de los que pueda ser titular el sujeto colectivo, no le exige constituirse bajo alguna determinada forma legalmente establecida”. Para argumentar esto, refieren las sentencias T-693 de 2012, T-576 de 2014 y T-002 de 2017.
El texto de los congresistas insiste en un punto que ha sido denunciado por distintos colectivos y organizaciones de la región, así como por miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente de Expertos sobre Fracking, un grupo que el Consejo de Estado ordenó crear en el 2019 para que las decisiones sobre fracking en Colombia fueran lo más “apolíticas” posibles: “los trámites se adelantaron en ausencia de una amplia y adecuada participación de todas las comunidades”.
Es decir, no solo denuncian la posible vulneración a la consulta previa que debía realizarse, sino que advierten que, en general, no hubo una adecuada comunicación entre Ecopetrol y las comunidades que habitan el territorio. (También puede leer: ¿Se embolató la ley que buscaba proteger las cavernas colombianas?)
Los congresistas le piden al juzgado tres cosas: tutelar el derecho a la consulta previa de la comunidad afrodescendiente de Afrowilches; suspender la licencia ambiental ya otorgada al PPII Kalé, y, en tercer lugar, suspender el trámite que cursa otra solicitud para desarrollar el PPII Platero.