Área del río Atrato “está siendo devastada por la minería ilegal”, dice la Defensoría
La Procuraduría y la Contraloría General solicitaron una audiencia de seguimiento para vigilar el cumplimiento de la sentencia con la que se reconoció este río como sujeto de derechos en 2016.
La contaminación, deforestación y minería ilegal siguen afectando el río Atrato y a las comunidades que habitan alrededor de su cuenca, en especial las del departamento de Chocó, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, que recientemente realizó una visita en la que evidenció “la lamentable situación en la que se encuentra el Atrato”. (Lea: La comunidad en Boyacá que se dividió por la explotación minera en un río)
“A la fecha no se evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación de tan importante y extensa área, ambientalmente estratégica para Colombia, que está siendo devastada por la minería ilegal”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El funcionario hizo un llamado al Ministerio de Ambiente para que, en articulación con las demás entidades del orden nacional y los entes territoriales, implementen acciones contundentes que atiendan el cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016, proferida hace ocho años, en la que se reconoce a este río, el tercero más importante del país, como sujeto de derechos. (Lea: “Las últimas semanas de abril tendrán menos lluvias de las esperadas”: Minambiente)
Para ello pidió puntualmente la erradicación definitiva de actividades ilegales, tales como el indebido uso de mercurio, que deterioran la salud de quienes habitan esa región del occidente del país. Además, les solicitó a los mandatarios locales diseñar “las estrategias para lograr el efectivo cumplimiento de la mencionada Sentencia y así garantizar los derechos de la cuenca del río Atrato”, agregó Camargo.
En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal de Cundinamarca una audiencia de seguimiento que permita vigilar el estricto cumplimiento de las órdenes dispuestas en la Sentencia.
A principios de este año, más de 1.600 habitantes del municipio de Atrato pidieron una reparación por los estragos que generó la minería ilegal de oro en su territorio durante las últimas dos décadas, entre las que destacaron enfermedades, inaccesibilidad a agua potable y contaminación de alimentos para consumo.
La contaminación, deforestación y minería ilegal siguen afectando el río Atrato y a las comunidades que habitan alrededor de su cuenca, en especial las del departamento de Chocó, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, que recientemente realizó una visita en la que evidenció “la lamentable situación en la que se encuentra el Atrato”. (Lea: La comunidad en Boyacá que se dividió por la explotación minera en un río)
“A la fecha no se evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación de tan importante y extensa área, ambientalmente estratégica para Colombia, que está siendo devastada por la minería ilegal”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El funcionario hizo un llamado al Ministerio de Ambiente para que, en articulación con las demás entidades del orden nacional y los entes territoriales, implementen acciones contundentes que atiendan el cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016, proferida hace ocho años, en la que se reconoce a este río, el tercero más importante del país, como sujeto de derechos. (Lea: “Las últimas semanas de abril tendrán menos lluvias de las esperadas”: Minambiente)
Para ello pidió puntualmente la erradicación definitiva de actividades ilegales, tales como el indebido uso de mercurio, que deterioran la salud de quienes habitan esa región del occidente del país. Además, les solicitó a los mandatarios locales diseñar “las estrategias para lograr el efectivo cumplimiento de la mencionada Sentencia y así garantizar los derechos de la cuenca del río Atrato”, agregó Camargo.
En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal de Cundinamarca una audiencia de seguimiento que permita vigilar el estricto cumplimiento de las órdenes dispuestas en la Sentencia.
A principios de este año, más de 1.600 habitantes del municipio de Atrato pidieron una reparación por los estragos que generó la minería ilegal de oro en su territorio durante las últimas dos décadas, entre las que destacaron enfermedades, inaccesibilidad a agua potable y contaminación de alimentos para consumo.