Arroyo Bruno (La Guajira): comunidades protestan ante posible aval a desviación
Comunidades wayuu y organizaciones sociales denuncian que permitir el desvió del cauce de este arroyo, una decisión habría tomado una mesa técnica en la que participa El Cerrejón y el Ministerio de Ambiente, estaría desconociendo las medidas de protección otorgadas por la Corte Constitucional en el 2017.
Desde horas de la mañana, frente a la sede de la Corte Constitucional ubicada en el centro de Bogotá, un grupo de personas realizan un plantón solicitándole a la entidad que proteja los derechos de tres comunidades wayuu que en 2017 le “ganaron” una batalla jurídica a Cerrejón, propiedad de la multinacional suiza Glencore. Argumentan que el Gobierno Nacional habría avalado el desvío del cauce del arroyo Bruno saltándose el proceso que había determinado esta corte en una sentencia hace cinco años. (Lea Por segundo año consecutivo las emisiones de metano rompieron récord)
“Vamos a radicar una solicitud para que la Corte decrete medidas provisionales que eviten el desvió del cauce natural del arroyo Bruno. Este es un afluente muy importante para la región del cual dependen, no solamente ecosistemas, sino que ha sido históricamente una fuente de encuentro cultural, de alimentación y hace parte de la cultura del pueblo wayuu y poblaciones afrodescendientes de La Guajira” dijo Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones que ha acompañado el proceso. (Lea Estas son las plantas endémicas que podrían desaparecer de los páramos colombianos)
Para entender el motivo de la protesta toca remontarse hasta 2017. Como parte del proyecto del tajo La Puente, Cerrejón había desviado el arroyo Bruno a lo largo de 3,6 kilómetros. Ante esto, las comunidades wayuus de La Horqueta, la Gran Parada y Paradero presentaron una tutela, pues consideraban que la desviación vulneraba sus derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria. El resultado de este pleito judicial vino a finales de ese mismo año, 2017, cuando la Corte Constitucional emitió una sentencia protegiendo los derechos del pueblo indígena.
La sentencia contemplaba una serie de órdenes para que la decisión sobre si mantener el desvío del arroyo Bruno o devolverlo a su cauce, involucrara a la mayor cantidad de actores posibles y fuera tomada luego de que se realizarán estudios técnicos que permitieran evaluar la viabilidad ambiental. Precisamente, para tomar esta decisión y realizar el estudio, la Corte ordenó crear una mesa interinstitucional en la que tenían puesto varias entidades estatales, pero que debía estar abierta a “representantes de las comunidades accionantes, así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en el presente trámite”.
Como lo explicamos hace casi un año, esa orden no se estaba cumpliendo, pues las entidades no estaban teniendo en cuenta las exigencias realizadas por las comunidades. Solo hasta 2019, y en contravía de lo ordenado por la Corte, los wayuu fueron invitados a hacer parte de este espacio. Pero hasta julio del año pasado solo han participado en dos ocasiones más. Por eso decidieron levantarse de la mesa.
A finales de agosto del 2021, organizaciones como el Cinep, Censat y el Cajar, visitaron la zona rural del municipio de Albania (La Guajira) donde habitan las comunidades que señalan ser afectadas por el desvió del cauce. “Tras realizar una visita de verificación (encontramos) la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente, pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender las obras hasta que se realice un estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra sobre la zona”, denunciaron las tres organizaciones.
El miércoles de esta semana, según los denunciantes, llegó un correo electrónico enviado por Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente en el que envía la versión final del estudio de la mesa que, según diría la comunicación, daría por satisfecho el propósito de la sentencia de la Corte.
Según manifiestan las comunidades y las personas que realizan el plantón, el desvío del cauce del arroyo Bruno habría recibido la “luz verde” por parte de la mesa. Esto, denuncian, a pesar de que no han contado con participación real y efectiva en ese espacio.
El Cerrejón no se ha referido de manera directa al correo electrónico. Sin embargo, en su página de internet sí publicaron una nota en la que resaltan que el arroyo Bruno ha sido uno de los más estudiados del país con 19 campañas de monitoreo en cinco años.
“Me siento muy orgulloso de poder afirmar, con evidencias científicas, que cinco años después de haber iniciado su modificación parcial, el nuevo cauce del arroyo Bruno se ha convertido en un ejemplo de innovación ecológica ambiental, que su cauce actual ha mantenido flujo de agua, incluso en temporadas climáticas secas, y que es un refugio y lugar de paso de biodiversidad”, dijo Luis Madriñán, gerente de Gestión Ambiental de Cerrejón en la nota.
Desde horas de la mañana, frente a la sede de la Corte Constitucional ubicada en el centro de Bogotá, un grupo de personas realizan un plantón solicitándole a la entidad que proteja los derechos de tres comunidades wayuu que en 2017 le “ganaron” una batalla jurídica a Cerrejón, propiedad de la multinacional suiza Glencore. Argumentan que el Gobierno Nacional habría avalado el desvío del cauce del arroyo Bruno saltándose el proceso que había determinado esta corte en una sentencia hace cinco años. (Lea Por segundo año consecutivo las emisiones de metano rompieron récord)
“Vamos a radicar una solicitud para que la Corte decrete medidas provisionales que eviten el desvió del cauce natural del arroyo Bruno. Este es un afluente muy importante para la región del cual dependen, no solamente ecosistemas, sino que ha sido históricamente una fuente de encuentro cultural, de alimentación y hace parte de la cultura del pueblo wayuu y poblaciones afrodescendientes de La Guajira” dijo Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones que ha acompañado el proceso. (Lea Estas son las plantas endémicas que podrían desaparecer de los páramos colombianos)
Para entender el motivo de la protesta toca remontarse hasta 2017. Como parte del proyecto del tajo La Puente, Cerrejón había desviado el arroyo Bruno a lo largo de 3,6 kilómetros. Ante esto, las comunidades wayuus de La Horqueta, la Gran Parada y Paradero presentaron una tutela, pues consideraban que la desviación vulneraba sus derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria. El resultado de este pleito judicial vino a finales de ese mismo año, 2017, cuando la Corte Constitucional emitió una sentencia protegiendo los derechos del pueblo indígena.
La sentencia contemplaba una serie de órdenes para que la decisión sobre si mantener el desvío del arroyo Bruno o devolverlo a su cauce, involucrara a la mayor cantidad de actores posibles y fuera tomada luego de que se realizarán estudios técnicos que permitieran evaluar la viabilidad ambiental. Precisamente, para tomar esta decisión y realizar el estudio, la Corte ordenó crear una mesa interinstitucional en la que tenían puesto varias entidades estatales, pero que debía estar abierta a “representantes de las comunidades accionantes, así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en el presente trámite”.
Como lo explicamos hace casi un año, esa orden no se estaba cumpliendo, pues las entidades no estaban teniendo en cuenta las exigencias realizadas por las comunidades. Solo hasta 2019, y en contravía de lo ordenado por la Corte, los wayuu fueron invitados a hacer parte de este espacio. Pero hasta julio del año pasado solo han participado en dos ocasiones más. Por eso decidieron levantarse de la mesa.
A finales de agosto del 2021, organizaciones como el Cinep, Censat y el Cajar, visitaron la zona rural del municipio de Albania (La Guajira) donde habitan las comunidades que señalan ser afectadas por el desvió del cauce. “Tras realizar una visita de verificación (encontramos) la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente, pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender las obras hasta que se realice un estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra sobre la zona”, denunciaron las tres organizaciones.
El miércoles de esta semana, según los denunciantes, llegó un correo electrónico enviado por Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente en el que envía la versión final del estudio de la mesa que, según diría la comunicación, daría por satisfecho el propósito de la sentencia de la Corte.
Según manifiestan las comunidades y las personas que realizan el plantón, el desvío del cauce del arroyo Bruno habría recibido la “luz verde” por parte de la mesa. Esto, denuncian, a pesar de que no han contado con participación real y efectiva en ese espacio.
El Cerrejón no se ha referido de manera directa al correo electrónico. Sin embargo, en su página de internet sí publicaron una nota en la que resaltan que el arroyo Bruno ha sido uno de los más estudiados del país con 19 campañas de monitoreo en cinco años.
“Me siento muy orgulloso de poder afirmar, con evidencias científicas, que cinco años después de haber iniciado su modificación parcial, el nuevo cauce del arroyo Bruno se ha convertido en un ejemplo de innovación ecológica ambiental, que su cauce actual ha mantenido flujo de agua, incluso en temporadas climáticas secas, y que es un refugio y lugar de paso de biodiversidad”, dijo Luis Madriñán, gerente de Gestión Ambiental de Cerrejón en la nota.