En su viaje por Europa, el presidente Iván Duque hizo hoy un importante anuncio en medio de la Cumbre Internacional ‘Un Océano’: dijo que presentará ante la Unesco un expediente para que la bahía de Tribugá sea reconocida como patrimonio de biosfera de la humanidad. (Lea El nivel del mar creció 3 centímetros por década desde los años 90. ¿Qué implica?)
Así mismo, aseguró que lanzará hoy, junto con Conservación Internacional, una nueva meta para proteger los corales. La idea, explicó, es que se proteja cerca de un millón de corales.
“Vamos a hacer énfasis en la prohibición de cualquier pesca de tiburón en nuestro territorio, y, por supuesto, la extensión de la Campaña Artemisa, para enfrentar la pesca de arrastre que está deteriorando los arrecifes coralinos”, afirmó.
“En segundo lugar, hoy estaremos ante la Unesco el expediente para que la bahía de Tribugá sea reconocida como patrimonio de biosfera de nuestra humanidad”, dijo más adelante.
Así mismo, recalcó su intención de declarar el 30% del territorio marino como área protegida, aunque, como ya lo había explicado este diario, es una promesa sobre la que aún no hay suficiente claridad y aún quedan dudas por resolver.
Tribugá, como hemos contado en varias oportunidades, ha estado en medio de la polémica en los últimos porque el Gobierno ha estado impulsado un megaproyecto para construir un puerto que, a los ojos de las comunidades y de varios grupos de ambientalistas, tendría serios efectos en el ecosistema de la región chocoana.
Como habíamos contado en este artículo, de acuerdo con la “Alianza Nuquí” -conformada por más de 70 organizaciones, entre ellas, el Consejo Comunitario Los Riscales, la organización Malpelo, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, la Fundación MarViva, la Fundación Acua, la organización Manglar por Tribugá, el Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico Chocoano y el Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés)- una eventual construcción de este puerto afectaría directamente más de 114 mil hectáreas de áreas protegidas y sería un atropello directo para el Convenio 169 de la OIT, que privilegia la participación de pueblos tribales en actividades realizadas sobre su territorio, especialmente si hay riesgo sobre sus modelos de desarrollo propio.