Defensoría del Pueblo alertó contaminación en río Yurumanguí de Buenaventura

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó el río Yurumanguí en Buenaventura, Valle del Cauca, para comprobar sus niveles de contaminación y elevar un llamado de protección al afluente.

Foto: Defensoría del pueblo

Este miércoles 22 de octubre, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó una alerta sobre el estado del río Yurumanguí, en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. El motivo es el alto nivel de contaminación en el afluente que estaría afectando a la población y al ecosistema de la región.

El Yurumanguí es uno de los principales afluentes de Buenaventura, que, además, baña a otras 13 veredas. Es un lugar importante donde se celebran fiestas patronales y conviven comunidades víctimas del conflicto armado colombiano, que además juegan un papel fundamental en la construcción de paz. Sin embargo, desde principios de octubre y según denuncias de sus pobladores, el afluente ha presentado cambios visibles, específicamente en su tonalidad. Esto, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo, indicaría una posible contaminación del caudal.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ya había adelantado labores de verificación para identificar las causas. “Sin embargo, hay sospechas fundadas de que las alteraciones puedan estar relacionadas con actividades de minería ilegal en cercanías del afluente, práctica que tendría graves consecuencias para la comunidad y el medioambiente”, dijo la Defensoría.

En su momento, ese despacho había puesto en conocimiento de la CVC las denuncias de la comunidad aledaña al río, pero, hasta el momento, esa corporación autónoma no ha hecho públicos los resultados de alguna inspección del afluente. Por ello, Marín reiteró el requerimiento a la CVC para que “entregue el informe de la misión técnica e indique a las autoridades territoriales cuáles son las respuestas para enfrentar la problemática que estaría afrontando el Yurumanguí”.

Ahora, respecto a las presuntas actividades ilegales que se estarían llevando a cabo en inmediaciones de la cuenca, la defensora dijo que, de confirmarse la presencia de minería ilegal, “estaríamos ante una verdadera tragedia. Este río ha sido defendido por la comunidad y ha permanecido libre de intervenciones mineras, siendo un recurso vital para la población. Y lo es no solo por su uso, sino porque tenemos el deber de proteger y respetar nuestro ambiente natural”.

Por ahora, Marín afirmó que la Defensoría continuaría su monitoreo del caso y realizó un llamado para que, en caso de confirmar la actividad ilegal, se tomen acciones inmediatas para preservar el río y proteger los derechos de las comunidades. “El respeto y la defensa del medioambiente son esenciales para garantizar la vida y los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones”, añadió.

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