Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por décadas, diversos actores han construido terraplenes para desecar humedales y expandir fronteras agrícolas en el bajo río Sinú. Ante los efectos destructivos de estas infraestructuras en los ecosistemas y en las comunidades rurales, organizaciones campesinas se han movilizado en contra de la construcción de terraplenes al menos desde la década de 1990. Sin embargo, no fue sino hasta casi dos décadas después cuando algunos terraplenes fueron intervenidos por primera vez en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Aunque este ha sido un avance significativo, ahora las comunidades y el estado enfrentan un dilema: si bien los terraplenes han causado grandes daños ambientales y sociales en la región, para algunas comunidades la destrucción de estas infraestructuras amenazaría su supervivencia económica y social.
Lea también: Descubrieron raro comportamiento en uno de los mamíferos menos vistos del mundo.
Un río de terraplenes
Numerosos humedales del país y del mundo han desaparecido como consecuencia de la construcción de terraplenes. Estas infraestructuras, muchas veces construidas en el nombre del control de inundaciones, interrumpen el flujo del agua y la comunicación entre humedales y ríos con el fin de “crear” nuevas tierras productivas. Este ha sido el caso del medio y bajo río Sinú en el Departamento de Córdoba, donde el Estado y los particulares han promovido la construcción de terraplenes como requisito para expandir agricultura y ganadería en tierras que antes estaban cubiertas de agua.
La presencia de terraplenes en el Sinú no es reciente. En 1962 la Fundación Para el Progreso de Colombia en su informe sobre el río Sinú contó que la “iniciativa privada” había construido “diques protectores” en una gran parte del medio Sinú para contrarrestar las inundaciones. Aunque estas obras fueron efectivas en una gran parte de los predios de la margen oriental, algunos propietarios de la margen occidental expresaron su inconformidad porque las obras les habían causado desbordamientos e inundaciones en sus fincas. Los terraplenes desplazaron el agua a otras propiedades que antes no se inundaban y por lo tanto la solución para los dueños de estos lugares fue construir sus propios terraplenes. Por su parte, los terraplenes de la parte baja del río no eran del todo efectivos. La erosión de las riberas causaba su ruptura y en otros casos la protección contra inundaciones implicó al mismo tiempo que el exceso de lluvia y el agua de escorrentía en las áreas desecadas produjera encharcamientos. El agua vuelve a donde estuvo alguna vez.
El Estado colombiano, a través del INCORA, se sumó a estos esfuerzos de la “iniciativa privada” para construir terraplenes y desecar los humedales del Sinú. Esta práctica buscaba disponer de tierras libres de inundación para los intentos de reforma agraria, modernización agrícola y expansión de cultivos comerciales a gran escala que tuvieron lugar en la región desde la década de 1960. Así, entre 1964 y 1966, el Estado construyó en el bajo Sinú 204 kilómetros de obras de drenaje entre terraplenes y culverts. Luego, de 1974 a 1983, con la ayuda técnica y financiera del Banco Mundial, el Estado creó 146 kilómetros de obras de drenaje y 7 kilómetros de terraplenes. Como consecuencia de estas obras, 17,110 hectáreas de humedales desaparecieron. Pero ni la reforma agraria, ni el sueño de convertir el bajo Sinú en un gran territorio de agricultura comercial se materializaron. Por el contrario, al cierre del proyecto en 1983, 60% del área del proyecto del Banco Mundial resultó destinada a la ganadería y tres cuartas partes de la tierra desecada quedó en manos de privados. A pesar de estos efectos adversos, el Banco Mundial concluyó que el proyecto había tenido un impacto positivo en el ambiente, pues al drenar la tierra aumentó el área para uso agrícola y se redujo “el riesgo sanitario asociado a los mosquitos y las enfermedades transmitidas por el agua”.
No se pierda: El robot que se inspiró en un animal que existió hace 500 millones de años.
(Des)conexión
Lo que en su momento el Banco Mundial vio como un impacto positivo en el ambiente, luego se convirtió en un problema social, ecológico y político. Los terraplenes, además de contribuir a la desaparición de humedales, se convirtieron en infraestructuras asociadas al despojo y el deterioro de las formas de vida rurales. En varias comunidades del bajo Sinú la gente cuenta que las inundaciones en la actualidad son más intensas que antes debido a esas infraestructuras. Historias sobre pérdida de cultivos, deterioro de casas, culebras, enfermedades en niñas y niños, deudas y ruina hacen parte de la manera como la gente de la región narra su experiencia con las inundaciones. A medida que “los ricos” expanden sus terraplenes, cuentan estas personas, los campesinos se empiezan a inundar. De igual manera, cuando una ciénaga desaparece, desaparecen múltiples procesos ecológicos que sostienen la vida de especies de plantas y animales. También desaparece el lugar de trabajo de muchas personas y por lo tanto la economía doméstica de cientos de familias se desestabiliza. “El agua antes se repartía, pero ahora con los terraplenes no lo hace, se estanca. Los que tienen plata pueden sacar el agua con puesto de bombeo, y los que no pues terminamos inundados”, comentó un campesino.
En 1999 la Corte Constitucional mediante la sentencia T-194 ordenó a los alcaldes, personeros y concejales de catorce municipios de Córdoba detener las obras de relleno y desecación de humedales y recuperar el dominio público de las áreas que ya habían sido desecadas. A la Gobernación de Córdoba la Corte le solicitó coordinar el cumplimiento de esas tareas y al entonces INCORA suspender la adjudicación de las márgenes de las ciénagas como si fueran baldíos. La Sentencia busca revertir esas acciones que en su momento fueron legales y legítimas, pero que en la actualidad entran en contradicción con la protección del ambiente y la búsqueda de la paz. A pesar de la Sentencia, los terraplenes han permanecido y en algunas ocasiones incluso sus dueños los han expandido. Por ejemplo, la Ciénaga de Corralito, en el municipio de Cereté, tiene un área de influencia de aproximadamente 1.266 hectáreas, dentro de las cuales la CAR-CVS ha identificado cerca de 60 terraplenes. Las autoridades a quienes la Sentencia les ordenó actuar sobre estas infraestructuras no han acatado este mandato de forma satisfactoria.
Sin embargo, en 2016, casi veinte años después de la Sentencia, esta situación empezó a cambiar un poco. Autoridades locales destruyeron los primeros terraplenes en la Ciénaga de Corralito y luego en otros municipios como San Pelayo. Responsables directos de la construcción de terraplenes han sido sancionados, e incluso han tenido que realizar estudios hidrológicos para determinar el impacto de sus obras. Dentro de los diferentes factores que explican este cambio, hay uno que quisiera resaltar. El río Sinú tiene una larga historia de movilización campesina en torno a la tierra, el agua y los derechos de hombres y mujeres rurales. De hecho, la Sentencia T-194 fue producto del trabajo de la Asociación de Pescadores Campesinos Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú ASPROCIG. Otras organizaciones también han adelantado acciones para proteger las ciénagas a pesar del riesgo que esto implica, pues el tema de los terraplenes está arraigado en las viejas desigualdades de poder en la región. Estas organizaciones han abierto espacios de discusión y han convocado instituciones estatales para reafirmar sus deberes en torno a la protección de los humedales. Dentro de estas instituciones, la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios ha jugado también un papel destacable en la vigilancia del cumplimiento de la Sentencia.
Estos avances no han logrado frenar del todo la destrucción de humedales, pero han sido una luz en el camino que muestra que algo puede cambiar. Sin embargo, con este avance algo más se hizo evidente. Los terraplenes han sido infraestructuras destructoras de ciénagas y de formas de vida campesinas, pero al margen de esta historia algunas familias campesinas han encontrado en los terraplenes una manera de subsistir. Si estos terraplenes se destruyen, la vida social y económica de estas familias estaría en riesgo.
“El terraplén nos da vida”
Los terraplenes han cambiado la geografía del agua y la tierra en el bajo Sinú. Esto no solo se ha reflejado en la distribución de las inundaciones sino también de las áreas secas o protegidas. Los propietarios privados, usualmente agroempresarios, construyen terraplenes para crear estas áreas libres de agua para su propio beneficio. Pero con el tiempo algunas comunidades campesinas también se han beneficiado de estas infraestructuras de diferentes maneras. Por ejemplo, en varios lugares los terraplenes funcionan también como carreteras y por lo tanto son los que permiten la comunicación especialmente en época de lluvias. Por otro lado, hay comunidades campesinas que han creado sus propios terraplenes para protegerse de las inundaciones que han causado los terraplenes de los propietarios privados.
Tal y como lo describió la Fundación Para el Progreso de Colombia en la década de 1960, la construcción de terraplenes ocurre en una competencia constante. Cuando algunos propietarios construyen estas infraestructuras desplazan las inundaciones, lo cual obliga a otros a hacer lo mismo para protegerse de ellas. Igual sucede en el caso de la altura. Cuando se expanden los terraplenes las inundaciones se desplazan, pero también pueden aumentar su nivel. Esto genera que la respuesta de algunos propietarios de terraplén sea elevar aún más estas infraestructuras. Pero al protegerse ellos, aumentan el riesgo de desborde en otros lados, lo que a su vez obliga a otros propietarios a aumentar la altura de sus terraplenes.
Lea también: Gobierno da luz verde a las obras en PNN Gorgona; algunas vendrán con modificaciones.
Una comunidad campesina de la región decidió hace unos años construir su propio terraplén al ver que las inundaciones ocasionadas por la expansión y elevación de terraplenes de propietarios privados amenazaban sus cultivos. Mediante el trabajo colectivo de la comunidad no solo crearon esta infraestructura, sino que también le hacen mantenimiento constante “a pala y barretón”. En la época seca, o de “verano”, tienden a aparecer grietas en el terraplén y es allí cuando la comunidad interviene. Esta infraestructura les ha permitido a estas personas permanecer en el territorio que habitan y mantenerse a salvo de las inundaciones. “Si nos quitan el terraplén, se hunde el caserío”. Otras comunidades de la región han hecho lo mismo para protegerse y poder cultivar. “El terraplén nos da vida a nosotros, gracias a él podemos continuar” me dijo un campesino en una zona de conflictos históricos con propietarios privados.
A pesar de construir y mantener sus propios terraplenes, la gente de la región sabe que con el tiempo el riesgo de inundación podría aumentar en parte porque el sistema de drenaje es deficiente. Los canales de drenaje y los caños que adecuó el INCORA en las décadas de 1960 y 1970 con el tiempo se convirtieron en receptores de todo tipo de desechos agrícolas y urbanos. El Caño de Aguas Prietas, por ejemplo, ya no es ese caño hermoso al que le cantó la artista orense Lucy González. Aguas Prietas, uno de los principales caños de la zona, es hoy un depósito contaminado de basura y se encuentra altamente sedimentado. Como consecuencia de esto, las comunidades aledañas, como las del casco urbano del municipio de Ciénaga de Oro, han sufrido los efectos desastrosos del desbordamiento del caño en época de lluvias.
El desafío de ordenar el territorio en torno al agua es enorme y en ese sentido la región del bajo Sinú nos da unas lecciones importantes. Una de esas lecciones es que los paisajes que vemos hoy tienen una historia. Conocer esa historia nos permite entender que revertir las acciones del pasado a favor de la protección de los cuerpos de agua en el presente puede ser contraproducente con las mismas formas de vida humanas y no humanas que se busca preservar. El trabajo conjunto entre el estado, las comunidades y la academia permitirá comprender las especificidades de cada caso, la manera más apropiada de intervenir los terraplenes desde el punto de vista físico y social, y las posibles consecuencias positivas y negativas de reconectar las aguas que durante tanto tiempo estuvieron desconectadas.
*Antropólogo
X: @prochilodus