La disputa por las obras alrededor de la ciénaga más importante de Barranquilla

Al norte de Barranquilla, en el límite entre el mar Caribe y el río Magdalena, justo antes de que sus aguas se encuentren en Bocas de Ceniza, se encuentra la Ciénaga de Mallorquín. La combinación de las aguas dulce y salada da como resultado un ecosistema único en la capital del Atlántico y uno de los más importantes de todo el departamento. Los manglares de la zona purifican el agua y se convierten en una barrera natural contra la erosión del mar. También funcionan como salacuna de varias especies de peces que han sido fundamentales en la seguridad alimentaria de miles de familias que habitan cerca del cuerpo de agua.

Al norte de Barranquilla, en el límite entre el mar Caribe y el río Magdalena, justo antes de que sus aguas se encuentren en Bocas de Ceniza, se encuentra la Ciénaga de Mallorquín. La combinación de las aguas dulce y salada da como resultado un ecosistema único en la capital del Atlántico y uno de los más importantes de todo el departamento. Los manglares de la zona purifican el agua y se convierten en una barrera natural contra la erosión del mar. También funcionan como salacuna de varias especies de peces que han sido fundamentales en la seguridad alimentaria de miles de familias que habitan cerca del cuerpo de agua.

Pero la drástica degradación de la Ciénaga está cerca de cumplir un siglo de historia. La construcción de un terraplén que separa a la laguna del río y un “notable desarrollo urbano e industrial”, son dos de los principales motores de deterioro que identificaron un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) en un artículo publicado en la revista científica Wetlands en septiembre del año pasado.

Los vertidos de las aguas residuales de la mitad de los hogares barranquilleros —según los cálculos del exalcalde Jaime Pumarejo— y de otros municipios del área metropolitana, los vertederos de basura no regulados, la tala de manglares y la expansión urbana, entre otros, han llevado a que la Ciénaga de Mallorquín haya perdido unas 650 hectáreas solo entre 1980 y 2010, según un estudio adelantado por la Universidad del Magdalena para la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). Esto, en otras palabras, representa la pérdida de poco más del 43 % del área que la ciénaga ocupaba hace 60 años.

La historia ambiental de la Ciénaga, que actualmente cubre alrededor de 640 hectáreas y hace parte, desde 1998, del Sitio Ramsar Ciénaga Grande de Santa Marta (un humedal de importancia internacional), también es el testimonio de las luchas que habitantes de la zona, sociedad civil y autoridades locales han emprendido por su recuperación a lo largo del tiempo.

En los últimos años, dos proyectos han puesto a Mallorquín en el centro del debate público en el Atlántico. El primero es la construcción de un ecoparque adelantado por la alcaldía de Barranquilla; el segundo corresponde al desarrollo de ‘Ciudad Mallorquín’, un proyecto urbanístico liderado por el Grupo Argos que adelanta la construcción de 16.000 viviendas.

Ambas obras han despertado inquietudes entre habitantes de la zona, académicos y organizaciones sociales, pues temen que el ecoparque y la ciudadela generen nuevos impactos ambientales sobre la Ciénaga, un ecosistema que el ingeniero ambiental y Ph. D. en Ciencias del Mar, Juan Camilo Restrepo, califica como “muy sensible”.

Justamente, hace unos días, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, presentó en Barranquilla los resultados de un informe ambiental sobre la Ciénaga de Mallorquín que fue “realizado por la comisión técnica interdisciplinaria del Ministerio” y que abordó los impactos que ambos proyectos estarían generando sobre el ecosistema. Si bien Muhamad solo hizo referencia a las conclusiones del informe, señaló que se determinaron irregularidades y afectaciones a la Ciénaga. Aunque El Espectador solicitó el informe, el ministerio aseguró que el documento es confidencial por temas de seguridad. Pese a que la cartera se comprometió a enviar fragmentos relacionados con los hallazgos, al cierre de esta edición no los recibimos.

Sin embargo, este diario pudo conocer las nueve conclusiones que fueron compartidas por la cartera durante el evento en Barranquilla y que dan cuenta, entre otras, de que las obras del ecoparque, adelantadas por la administración local, “han acentuado las afectaciones sobre el ecosistema” y que el “modelo de ocupación de alta densidad” que se promueven en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Barranquilla y Puerto Colombia —municipio vecino de la ciudad— “derivan en una pérdida de capacidad adaptativa” de la ciénaga.

El ecoparque en una ciénaga deteriorada

A finales de enero de 2020, poco antes de cumplir su primer mes como alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo dio a conocer uno de los proyectos más ambiciosos que quería sacar adelante durante su mandato: recuperar, según sus palabras, “la integración del río Magdalena y el mar Caribe en la Ciénaga de Mallorquín y la playa urbana de Puerto Mocho (...) y generar un nuevo polo turístico con criterios de sostenibilidad”.

Para cumplir con estos objetivos, la alcaldía estructuró el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, una obra con cuatro unidades funcionales en las que las personas podrían caminar sobre la ciénaga, visitar un mirador para el avistamiento de aves y practicar deportes náuticos, entre otras actividades. Además, se contemplaba la recuperación del recurso natural.

Casi al mismo tiempo que la administración daba a conocer sus planes, las comunidades de los barrios de la Playa, Las Flores y Puerto Mocho —las más cercanas a la Ciénaga—, manifestaron su inconformismo pues, aseguraban, la alcaldía no los estaba teniendo en cuenta. Así mismo, a los ojos de varios académicos, el proyecto de la alcaldía no atendía los problemas reales de la Ciénaga, como las aguas residuales sin tratar que se terminan vertiendo sobre ella, y priorizaba más el “embellecimiento” de Mallorquín.

Restrepo, quien también es docente del departamento de Física de la Universidad del Norte, reconoce que, pese a los esfuerzos de la alcaldía, el componente ambiental de la recuperación se estaba dejando a un lado pues, inicialmente, no se estaban realizando mediciones de la calidad del agua y los sedimentos, por poner un par de ejemplos. Sin este seguimiento, “¿cómo podríamos determinar que está siendo eficaz esa recuperación?”, se pregunta Restrepo.

Ahora, aclara el profesor, gracias a un proyecto que adelanta la Universidad del Norte, se cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real de lo que sucede en la Ciénaga en parámetros como la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, los metales pesados, entre otros.

Mientras el monitoreo ambiental se fue desarrollando lentamente, las obras avanzaron a paso acelerado y, en septiembre del año pasado, el Ecoparque abrió sus puertas. Actualmente, los visitantes pueden disfrutar de caminatas por senderos que completan casi 5 kilómetros y se alternan entre el manglar y las aguas de la Ciénaga, un muelle para deportes acuáticos y un mirador de aves, entre otras actividades.

La cuestión, como lo determinan cuatro de las nueve conclusiones del informe del Ministerio de Ambiente, es que las obras adelantadas por la Alcaldía de Barranquilla son problemáticas por varias razones. La primera, concluye la cartera, es porque “no se adoptó el Plan de Manejo del humedal Ramsar y se habilitaron obras que contradicen los objetivos de restauración del ecosistema”. Más adelante, el ministerio asegura que “se priorizan obras de turismo sin considerar que el turismo ecológico se da alrededor de un ecosistema conservado” y que “las obras de adecuación han acentuado las afectaciones sobre el ecosistema”, aunque no precisa a qué se refiere.

Para el Minambiente también hubo “una extralimitación en el uso de las figuras de la viabilidad ambiental, desconociendo otros instrumentos de control ambiental como permisos, autorizaciones o licencias ambientales. Adicionalmente, no se consideró un análisis de impacto ambiental para las intervenciones sobre el sitio Ramsar”.

Respecto a estos hallazgos, Muhamad anunció que se acordó una revisión “del régimen ambiental del sitio Ramsar y con la Alcaldía de Barranquilla del Plan Maestro de Mallorquín frente a la regulación ambiental”.

Hasta el momento, la alcaldía no se ha pronunciado sobre los hallazgos anunciados por el Ministerio. El Espectador se contactó con la oficina de prensa de la administración local, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta. Por su parte, organizaciones sociales, como el Movimiento Ambiental del Atlántico (AMA), celebraron las conclusiones del informe e insistieron en el rechazo por la creación del Ecoparque.

La expansión urbana que se cierne sobre Mallorquín

A poco más de medio kilómetro del cuestionado Ecoparque, en los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, diez empresas constructoras avanzan en el levantamiento de ‘Ciudad Mallorquín’, un proyecto de vivienda que contempla la construcción de 16.000 apartamentos, de los cuales, 5.000 ya fueron entregados, según le dijo el Grupo Argos a El Espectador. (Ver mapa).

Aunque el proyecto, que se desarrolla en un área de 45 hectáreas, propiedad del conglomerado de infraestructura, empezó a generar inquietudes a finales de 2022 —tres años después de que empezara su construcción—, para Florian Koch, planificador urbano y doctor en Ciencias Sociales, es la materialización de un plan que Argos tiene en mente desde hace décadas.

Entre 2011 y 2015, Koch, de origen alemán, estuvo en Barranquilla mientras se desempeñaba como profesor de Estudios Europeos en la Universidad del Norte. Durante su estadía, cuenta ahora desde Berlín, vivió en el norte de la capital del Atlántico y pasaba por la Ciénaga de Mallorquín con cierta frecuencia. Por esas aproximaciones, se sorprendió cuando conoció que el plan maestro que Argos tenía para esas tierras —de las cuales poseía alrededor del 90 %, según un estudio del geógrafo alemán Gunter Mertins—, consistía en procesos de urbanización.

Años más tarde, tras analizar los POT de Barranquilla de 2000, 2007 y la primera versión de 2011, Koch se llevó otra sorpresa: esos planes preveían el desarrollo de proyectos de vivienda y comercio a gran escala para las zonas de la periferia norte de la ciudad de Barranquilla. Algo similar proponían los POT de Puerto Colombia.

A primera vista, escribió Koch en un artículo publicado en 2015 en la revista académica International Planning Studies, “el proceso de expansión urbana y la aparición de los proyectos residenciales cerrados son el resultado de una estrategia de planificación pública basada en el POT de Barranquilla”. Sin embargo, continúa el investigador, que ahora dicta clases en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín, “durante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a representantes de la administración pública, promotores, arquitectos y urbanistas, surgió un panorama diferente: los acuerdos informales, un plan maestro privado y el traslado de la visión de los propietarios a la legislación urbanística pública fueron fundamentales para las transformaciones del suelo”.

En otras palabras, concluye , “las relevantes decisiones del desarrollo urbano fueron hechas por la empresa dueña de los terrenos (Argos) y el municipio transfirió esas ideas dentro de las leyes de planificación”, unos señalamientos que el conglomerado negó tajantemente a este diario.

Además de los cuestionamientos que surgieron por la influencia que Argos ha tenido sobre los POT de Barranquilla y Puerto Colombia, una serie de alarmas ambientales alrededor de ‘Ciudad Mallorquín’ empezaron a abrirse espacio entre la sociedad barranquillera. Al expresidente Gustavo Bell Lemus o a la antropóloga y Ph. D. en Geografía, Tatiana Acevedo (columnista de este diario), les preocupa que el desarrollo urbano estuviera arrasando con el frágil bosque seco tropical. Frente a esto, tanto Argos, apoyándose en los mapas del Instituto Humboldt, como la CRA, han asegurado que el área que se está interviniendo “no se sobrepone con relictos de bosque seco tropical”.

Otro tema, que incluso ha despertado el interés de la Procuraduría General de la Nación y del mismo Ministerio de Ambiente, está relacionado con el tratamiento que tendrían las aguas residuales de las viviendas de Ciudad Mallorquín. Según le dijo Daniel Sarabia, Gerente de Urbanismo e Infraestructura del Grupo Argos, a El Espectador, si bien el proyecto está conectado al sistema de alcantarillado que es operado por la Triple A —la empresa de servicios públicos de Barranquilla y el área metropolitana—, tienen entendido que las aguas residuales entrarían a hacer parte del 70 % de las aguas de la ciudad que se vierten al río Magdalena sin pasar por una planta de tratamiento.

La discusión, le dijo el conglomerado a este diario, “no debería centrarse en el proyecto, sino en la necesidad de mejorar la infraestructura de la ciudad y su área metropolitana”. Si bien El Espectador contactó a la Procuraduría General para conocer las observaciones que le ha hecho al proyecto sobre este tema, la entidad aseguró que no se pronunciará hasta que terminen las mesas que adelantan con los constructores de Ciudad Mallorquín. Por su parte, Argos dice que todavía no conoce las observaciones del ente de control.

Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente dio a conocer que se acordó junto a la CRA “actualizar los determinantes ambientales (normas de superior jerarquía en materia ambiental) de esta área protegida y avanzar en el Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca para tomar decisiones de no habilitar planes y proyectos si no hay tratamiento de aguas en la zona”.

A quienes han seguido la discusión de Mallorquín les preocupa un último asunto: que la expansión urbana, como la de Ciudad Mallorquín, y la que podría darse en los próximos años, impacte a la ciénaga, que está muy cerca de esta área. Argos ha salido al paso asegurando que el proyecto no se encuentra sobre el área de amortiguación de este ecosistema.

Pese a esto, una de las conclusiones del Minambiente apunta a que no se reconocieron los límites y criterios de manejo del humedal Ramsar dentro de los POT, lo que “permitió la configuración de un modelo de ocupación de alta densidad que deriva en una pérdida de capacidad adaptativa”. Al respecto, la cartera indicó que “no existía correspondencia entre los límites que están registrados en el Ministerio de Ambiente para este sitio Ramsar con los límites que están en el plan de ordenamiento territorial de la Ciénaga Grande de Santa Marta (...) potenciando un modelo de ocupación de alta densidad que afecta el ecosistema”.

Consultados por este diario, la CRA, que tampoco conoce el informe en su totalidad, le solicitó al ministerio que compartieran los límites que indican, “así como los posibles instrumentos que han realizado una variación en dichos límites, con la finalidad de revisarlos y adoptarlos dentro de la entidad”.

El futuro de la Ciénaga

Para el profesor Restrepo, de la Universidad del Norte, si bien las discusiones desatadas en torno a la Ciénaga de Mallorquín son fundamentales, han “enmascarado” el principal problema para este ecosistema y gran parte de la ciudad: la incapacidad que tiene Barranquilla (así como varias ciudades del país) para tratar las aguas residuales.

También agrega que la recuperación de la Ciénaga debe pasar por restablecer la conexión hídrica con el río Magdalena, el afluente que aporta el agua dulce a Mallorquín. “Actualmente, solo hay tres box culvert (túneles artificiales) que a veces se tapan, lo que genera la hipersalinización de la Ciénaga y eso cambia todo”, apunta Restrepo.

A los ojos de Iván Leon Luna, profesor de la Universidad del Atlántico y Ph. D. en Oceanografía, además de las plantas de tratamiento, la segunda estrategia para recuperar la Ciénaga pasa por contemplar soluciones de vivienda para quienes viven cerca de la laguna y no cuentan con saneamiento básico o alcantarillado.

Precisamente, la última conclusión del informe presentado por Muhamad, apunta a una “solución integral para atender las necesidades de acceso al suelo y la vivienda de la población vulnerable de la Ciénaga, propiciando un acuerdo social e institucional que contribuya al reasentamiento y al control sobre el loteo ilegal”.

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