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Este martes, la Procuraduría General de la Nación advirtió que hay una “gran desarticulación” entre las distintas instituciones y autoridades involucradas en las obras que pretende adelantar la Armada Nacional en el Parque Nacional Natural Gorgona. Desde finales del año pasado, se conoció que en enero de 2023 iniciaría la construcción de un muelle de más de 130 metros —una de las obras más cuestionadas—y de la instalación de un radar.
La desarticulación, señaló la Procuraduría, se da “pese a que la licencia ambiental que contempla la construcción de la estación de guardacostas de la Armada Nacional y obras complementarias en el Parque Nacional Natural Gorgona, goza de presunción de legalidad, contempla la evaluación de impactos ambientales y es plenamente ejecutable además de indispensable”. (También puede leer: Obras en Gorgona: un debate sobre lo complejo de proteger áreas marinas)
Durante una reunión con representantes del Gobierno Nacional, militares y de las autoridades ambientales, la procuraduría delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios indicó que el proyecto es importante “para la seguridad del país en zonas marítimas y costeras, el control de tráfico de estupefacientes y en la lucha de delitos contra el medio ambiente, como prácticas asociadas a la pesca ilegal en el Pacífico colombiano”, informó la Procuraduría.
El ente también hizo un llamado para que el Gobierno brinde a la opinión pública y a las autoridades judiciales un mensaje claro sobre el desarrollo del proyecto.
Hace unas semanas, se llevó a cabo la audiencia pública “Salvemos a Gorgona”, convocada por Jennifer Pedraza y Juan Carlos Losada, Representantes a la Cámara por Bogotá, y la senadora Angélica Lozano. Hacia el final de la audiencia pública, que duró poco más de cuatro horas, intervino la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Allí, manifestó que: “la posición del gobierno frente a este debate no está tomada todavía. No hay una posición en este momento”.
La ministra aseguró que el proyecto se encuentra suspendido por decisión del gobierno nacional. “En el cronograma este proyecto tenía que empezar en noviembre”, pero las obras no han iniciado, porque se quieren recibir cada una de las observaciones que las comunidades y la academia están haciendo sobre estas construcciones, aclaró Muhamad. (Le puede interesar: La minería en los fondos marinos podría tener impactos ‘irreversibles’)
La Procuraduría aclaró que en el proyecto no podría interferir una decisión jurídica de suspensión de las obras, pues no existe “un acto administrativo que ordene la interrupción del proyecto expedido por la autoridad ambiental competente”.
Finalmente, durante la reunión, representantes del Gobierno afirmaron su compromiso para realizar una Mesa Pluriétnica en la isla durante el 11 y 12 de abril. Este encuentro tendrá como objetivo revisar los comentarios del proyecto y de peticiones de las comunidades del Pacífico colombiano al Estado.
La ministra de Ambiente había afirmado hace unos días que, desde noviembre de 2022, han adelantado más de 36 reuniones con distintas comunidades de la región pacífica, así como con sectores de la academia, para escuchar las observaciones que planten sobre este proyecto.
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