Los desafíos que enfrenta un santuario clave en Chocó
La ampliación de un santuario clave para la protección de la tortuga caná, una de las más grandes del mundo, enfrenta diferentes desafíos, como el posible paso de una línea de transmisión eléctrica entre Colombia y Panamá. Aunque la compañía que lidera el proyecto dice que este se planteó de la forma ambiental más amigable posible, las comunidades esperan que no interfiera con la ampliación.
María Paula Lizarazo
Cuando el reloj marca las cinco y media de la mañana, el equipo de monitoreo de tortugas marinas de Acandí (Chocó) se encuentra en la playa, cerca del centro de la cabecera municipal, para comenzar un recorrido de unos 13 km a pie. Son alrededor de 20 jóvenes del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur), quienes entre marzo y diciembre vigilan con detalle la anidación y eclosión de la tortuga marina caná o laúd (Dermochelys coriacea). Otros hacen recorridos entre las 8 y las 12 pm. Desde finales de febrero, mucho antes de que las crías aparezcan por multitudes, se empiezan a ver en la arena las huellas de las siluetas de las hembras adultas, que llegan a esta zona de Colombia a anidar.
Mientras tanto, en otras áreas del municipio hacen sus respectivos recorridos los integrantes del Consejo Mayor de Comunidades Negras de La Cuenca del Río Acandí Seco, El Cedro y El Juancho (Cocomaseco), y del Consejo Mayor de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte). Todos tienen un objetivo en común: proteger y monitorear el ciclo de vida de esta tortuga.
La caná es una especie sombrilla de esta región del Caribe. Lo que significa que su presencia es indicador del estado de salud y equilibrio del ecosistema. Su comportamiento refleja la calidad del hábitat marino y la biodiversidad de la región. Es también una de las tortugas más grandes del mundo, con más de 2 metros de largo y un peso de 600kg. En 2013, reconociendo esta importancia, se declaró el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona como parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN).
Se trata de un área protegida de 26.232 hectáreas (ha), en donde desde hace más de diez años no hay pesca industrial. Desde hace varios meses una propuesta de ampliación de la reserva se encuentra en el escritorio del Ministerio de Ambiente. El documento plantea 76.007 hectáreas adicionales e incluye nuevos objetivos de conservación, además de la tortuga caná, como pastos marinos, corales, otras especies de tortugas marinas, delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el delfín moteado (Stenella frontalis) y el delfín gris (Sotalia guianensis), entre otros. Si se amplía, cubriría el largo de todo el municipio y se sumaría a las más de 396.000 hectáreas de las 22 áreas protegidas que hoy hay en Chocó.
La propuesta plantea que el Santuario deje ser solo de fauna e incluya la flora en su nombre, sería: Santuario de Fauna y Flora Acandí, Playón, Playona, San Francisco y Cabo Tiburón. Pero el ministerio no ha expedido la resolución que autoriza dicha ampliación. Y mientras lo hace, a las comunidades les preocupa el avance del proyecto de “Interconexión Eléctrica Colombia - Panamá” que planea atravesar una línea de transmisión eléctrica por una zona que consideran importante para la preservación de su Santuario y de la tortuga caná.
La ampliación, en “stand by”
Hace once años la declaración del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona se logró tras un proceso liderado por los tres consejos comunitarios de Acandí. Desde antes de que se declarara el área, “los habitantes de los tres consejos comunitarios cuidaban empíricamente a las tortugas. Ahora, con los apoyos de PNN y contribuyentes como WWF, WCS y Rainforest Trust Rewild, entre otros, se dan unos beneficios económicos por el monitoreo, que se han visto reflejados en su calidad de vida”, dice Leison Palma, coordinador del Santuario. La declaración, resume, se logró gracias a que esos “consejos tuvieron la iniciativa de contar con un área protegida que blindara servicios ecosistémicos”.
Desde entonces, el Santuario ha ayudado a asegurar la disponibilidad de recursos como la flora, la fauna y el agua a largo plazo y, por otro lado, ha representado una posibilidad de ecoturismo y de recreación que continúa generando ingresos para la comunidad local, aportando oportunidades de investigación científica y de monitoreo en la zona.
La figura del área protegida, dice Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación de WWF Colombia, “es una respuesta a un proceso de mucho tiempo que les da a los Consejos un reconocimiento sobre una gestión de manejo de un ‘maritorio’, como lo denominan ellos”. Los siguientes años a la declaración, los consejos comunitarios trabajaron formulando una propuesta para su ampliación marina hacia el norte del municipio, hasta Capurganá, en concordancia con el paso, la alimentación y el desove de la tortuga caná en las playas del municipio, y para que también estuviera articulada con los territorios de Cocomaseco y Cocomanorte, que hoy no están incluidos en el área protegida.
Esa ampliación fue algo que quedó establecido desde el nacimiento del Santuario, hace once años, y es la que el Ministerio todavía no autoriza. Si lo hiciera tal como está planteada y tal como esperan las comunidades, una zona de la ampliada reserva se cruzaría con una línea de transmisión eléctrica que pretende atravesar una sociedad entre ISA, una empresa colombiana con capital público y privado, y la Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá. El proyecto, que inquieta a las comunidades, tiene tres tramos. Dos son terrestres en cada país y otro es marino, desde Necoclí (Antioquia), hasta la comunidad de Mulatupu en la Comarca Guna Yala en Panamá, como lo muestra este mapa.
La línea de transmisión conectaría la subestación Panamá II (Provincia del vecino país) y la subestación Cerromatoso (Córdoba). Se estima que su recorrido sería de unos 500 kilómetros y su capacidad de transporte de 400 Megavatios, con un nivel de tensión de 300 kilovoltios (kV).
El proyecto ha adelantado fases de estudios técnicos y ambientales en ambos países. De acuerdo con ISA, la definición del corredor fue aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 2021, pues se definió que dicha ruta era la más favorable a nivel ambiental. “Es importante resaltar que realizar la conexión entre los dos países por el medio marino y usando esta tecnología, representa el menor impacto para el medio ambiente en comparación con las alternativas de conexión terrestre”, explica la empresa.
La formulación del proyecto, agrega ISA, tuvo en cuenta que este no se localizara “sobre ecosistemas estratégicos como pastos marinos, manglares y corales”. Además, actualmente se encuentran elaborando un estudio de impacto ambiental del proyecto en Colombia para luego formular las medidas de manejo ambiental correspondientes, un proceso que se viene adelantando con “participación comunitaria”, resalta la compañía.
Y aunque el diagnóstico definió que el proyecto se completara de forma marina, desde la compañía aseguran que tienen previsto desarrollar programas de beneficio comunitario que sean formulados con las mismas comunidades, “de acuerdo con la identificación y priorización de sus necesidades, entre los cuales podría considerarse la realización de proyectos de electrificación comunitaria”. A las comunidades les preocupa que el avance del proyecto interrumpa la ampliación.
Entonces, si ese proyecto logra ver la luz, ¿qué pasaría con la ampliación del Santuario? Desde el Ministerio de Ambiente le respondieron a El Espectador que “la viabilidad y compatibilidad” a futuro entre el proceso de ampliación y el proyecto de interconexión eléctrica Colombia - Panamá va a depender de un nuevo proceso de licenciamiento que el proyecto adelante ante la ANLA, “con especial énfasis en el trazado propuesto en la parte marina que coincida con el Santuario”, una vez se amplíe el área protegida. Este periódico también consultó al Ministerio de Minas y Energía sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido ninguna respuesta.
En todo caso, y mientras este panorama se desenreda, la comunidad que protege esta área enfrenta otros desafíos, como la migración, el tratamiento de residuos sólidos y el plástico que llega a las playas.
Otras presiones
Acandí es un municipio de sexta categoría, lo que significa, según las disposiciones legales, que tiene una población no mayor a 10000 habitantes y unos ingresos corrientes de libre destinación que no superan los 15.000 salarios mínimos. A las presiones de un municipio con este nivel escaso de recursos, se ha sumado hace algunos años el paso de los miles de migrantes que atraviesan las selvas del Darién cada año, hacia Norteamérica.
“Nosotros insistimos en que haya una migración digna y segura para el migrante y para nosotros como población local”, dice Emigdio Pertuz, representante legal de Cocomanorte, desde una de las playas de Capurganá. “El sistema de manejo de residuos sólidos tiene que ser supremamente planificado, porque estamos hablando de miles de migrantes que pasan anualmente por nuestro territorio. La nación tendría que disponer los recursos suficientes para minimizar ese impacto”.
Y es que este proceso de migración, además de representar un gran desafío en términos de derechos humanos, tiene también un impacto en el área protegida y en la tortuga caná, “pues los residuos sólidos afectan las playas”, explica Pertuz. Se refiere tanto a los residuos que quedan en plena selva del Chocó biogeográfico, como a los que terminan en las playas de Acandí. De hecho, la propuesta de ampliación del Santuario cuenta con una línea de educación ambiental para promover la inversión de recursos en proyectos o programas de los consejos comunitarios para apoyar el manejo adecuado de residuos y desechos.
“Plásticos, cobijas, ropa, latas, pañales, quedan por el río Muerto y por las montañas. Se han implementado ciertas medidas para mitigar el impacto, como medir los equipajes, pero no han surtido mucho efecto”, agrega Harmin Nayid Palacios, integrante de Cocomaseco. El Muerto desemboca en el río Acandí, que llega al mar, justo en el área del santuario. Según Palacios, en un monitoreo a ese río y sus afluentes entre Acandí y la zona fronteriza, realizado en octubre del año pasado, “no encontramos peces”y calcularon unas 3.000 toneladas de desechos a lo largo del tramo, lo que implicaría un año de limpieza.
Otra preocupación de los consejos comunitarios se centra en las cuarenta lanchas diarias que, en el contexto de la migración, llegan desde Turbo y Necoclí. Según Pertuz, “eso es un impacto terrible para las tortugas, especialmente cuando empiezan a venir a anidar”. Se estima que solo una tortuga marina de cada mil recién nacidas alcanza la edad adulta, “pero si continúa llegando este número de lanchas, creemos que la reducción de la especie se aumentaría”, apunta. En la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la tortuga caná se encuentra clasificada como “vulnerable”.
Por ahora, los consejos comunitarios, junto a la Fundación Luz de Esperanza Capurganá y la Junta de Acción de Capurganá, le enviaron a la Mesa Migratoria una guía ambiental con recomendaciones que podrían tenerse en cuenta en medio de la atención humanitaria a la población migrante.
El Espectador contactó a la Alcaldía de Acandí sobre la situación actual de los botaderos y el tratamiento de basuras, pero no obtuvo respuesta.
El Santuario desde una perspectiva de salud única
Desde 2022 las mismas comunidades han denunciado que el botadero municipal colapsó, al igual que el botadero del corregimiento de Acandí. En palabras de María Alejandra Medina, gerente de Incidencia Política de la Fundación Mar Viva, “la acumulación no se genera solo por una mala gestión de residuos, sino que es una problemática de cómo llegan estos residuos. Gran parte de la presión no se da solo porque haya más población o por temas turísticos, también llega a través de ríos”, por lo que, para ella, es algo que se debe asumir “no solo a nivel local, también a nivel regional”.
Según datos de Ocean Conservancy, el 73 % de los desechos en las costas del mundo son plásticos y la basura marina consta, en un 85 %, de plásticos. Por tanto, agrega Medina, “si nos concentramos en que el plástico solo es un problema cuando se convierte en residuo, tenemos una visión muy miope. Hay una solución con otra perspectiva -de ciclo de vida- y es que solucionar la contaminación marina y la contaminación marina por plásticos implica una responsabilidad en cambiar hábitos de producción, de consumo, de comercialización y de disposición final”.
Lo que Medina señala se puede relacionar con un concepto denominado salud única (one health), que lo que plantea es que el bienestar humano no puede estar desligado de la salud de la vida silvestre y los ecosistemas, como también lo asumen los consejos comunitarios. De hecho, un reciente proyecto de la ONG Internews, junto al Center For Disaster Philanthropy, apoyó a periodistas y medios locales en el fortalecimiento de este enfoque en Necoclí, Acandí y Capurganá, teniendo en cuenta las diferentes presiones que se presentan en la zona.
Como los botaderos están colapsados, según la comunidad, en algunas ocasiones los mismos pobladores se encargan de quemar la basura y esto, además, termina afectando la calidad del aire. “No hay una forma ambiental sostenible de gestionar todos esos residuos plásticos. La disposición final en rellenos sanitarios o la incineración no solucionan el problema y al contrario generan otros peligros”, insiste Medina.
Para la investigadora, “la mejor forma de gestionar los residuos es no generarlos”, por lo que resalta la necesidad de acelerar la implementación de la ley de plásticos de un solo uso y de que los territorios accedan a un mercado de alternativas a los plásticos.
También considera crucial aumentar la investigación en materiales sustitutos que sean biodegradables en condiciones naturales, es decir, que no requieren de otro proceso para degradarse, así como proyectos de sustitución. Por ejemplo, hacia el Chocó pacífico, en Nuquí y Bahía Solano, el Ministerio de Vivienda ha apoyado el uso de compactadores de plástico, aunque, a los ojos de Medina, hace falta garantizar el pago por ese material. En el caso de Capurganá, aunque hacen intentos por reciclar, Pertuz comenta que es más costoso sacar el reciclaje del corregimiento que lo que reciben de pago.
El “etnoturismo”, la apuesta después de la ampliación
A la par de que avanzaban en la propuesta de ampliación, los tres consejos comunitarios fueron adelantando otras iniciativas sostenibles, desde proyectos de restauración en zonas deforestadas y viveros, hasta un turismo que denominan etnoturismo. Y es que según datos de Global Forest Watch, entre 2002 y 2022 Acandí perdió más de mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que es apenas el 21 % de la pérdida de cobertura arbórea del municipio en esos años.
“El mar también vive del río, de los bosques, y necesita de todos los ecosistemas que están al frente de él para estar estable. Y eso también pasa por las comunidades. Lo que pasa en el mar interfiere en el desarrollo y la autonomía comunitarios. Y lo que pasa en el territorio -en el río y en el bosque- interfiere con el bienestar del mar”, dice Everildys Córdoba, representante legal de Cocomasur, a orillas del río Tolo -que desemboca en el mar-, en el corregimiento de Peñalosa (Acandí).
“Todas las aguas que llegan al mar son estas aguas de nuestros territorios, entonces la idea básica es que cuidando arriba, se protege abajo”, dice Efraín Ballesteros, representante legal de Cocomaseco, muy cerca de la quebrada Batattilla, que surte al acueducto de la cabecera municipal.
En palabras de Pertuz la ampliación también es un “objetivo que está relacionado con los valores culturales del pueblo negro, nuestros saberes tienen que ver con la ampliación del área protegida. Cada cosa que hacemos en el territorio está orientada a esa área, es parte de nuestra esencia, ¿por qué? Porque en el mar está el pescado, está nuestra forma de recrearnos, está nuestro encuentro con nuestros dioses y el universo”.
De modo que la ampliación del Santuario no es solo un objetivo en términos de conservación. “No puede haber un área protegida ampliada si no hay un bienestar de las comunidades que estamos alrededor. Pero también una ampliación se da para que se amplíe el desarrollo y el bienestar de una comunidad”, dice Córdoba.
Según explica Palma, coordinador del Santuario, la ampliación del área protegida exigiría la implementación de un plan de ordenamiento etnoturístico alrededor. De hecho, los tres consejos comunitarios ya lo vienen desarrollando. “Ese plan contiene la visión que los Consejos tienen del turismo en sus territorios, de modo que cuando el área se amplíe, el plan de ecoturismo que ya existe se articularía con el etnoturismo que visionan las comunidades”.
¿Pero a qué se refieren concretamente con etnoturismo? Al turismo “a partir de nuestra cultura, es decir, a partir de la conservación”, explica Pertuz. La idea es tener un plan que involucre “no solamente a los pueblos negros, sino a toda la sociedad del municipio de Acandí. Creemos que puede mejorar no solo la calidad de vida de los negros, sino de todos los habitantes y todas las personas que nos visitan todos los años”.
En palabras de Córdoba, “la gente tiene que dedicarse a la actividad que sabe hacer y a lo que también mantiene su protección e identidad cultural. La intención no es promover actividades económicas que hagan que la gente se quiera ir, sino que ampliar un área protegida también amplía el desarrollo comunitario”. Con el plan, lo que las comunidades también buscan es evitar que el desarrollo del turismo les afecte su abastecimiento de agua y alimentos, como en otras zonas del país, o que potencie el colapso de desechos.
Y es que la ampliación, enfatiza Herrera, de WWF, sería crucial para “traer socios, aliados, recursos y diálogos para beneficiar la parte terrestre, que a la larga es de la que dependen las playas, tortugas y los objetos de conservación”. Con esto, se refiere a que las áreas protegidas no deben pensarse como un polígono: no significa que lo que está por fuera no se relacione con el área, por lo que considera clave que se puedan fortalecer las actividades que las comunidades vienen realizando, como la restauración y el etnoturismo, para que haya una visión “concreta de toda la conectividad de la zona”.
*Este artículo es publicado gracias al apoyo de Internews y el Center For Disaster Philanthropy.
Cuando el reloj marca las cinco y media de la mañana, el equipo de monitoreo de tortugas marinas de Acandí (Chocó) se encuentra en la playa, cerca del centro de la cabecera municipal, para comenzar un recorrido de unos 13 km a pie. Son alrededor de 20 jóvenes del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur), quienes entre marzo y diciembre vigilan con detalle la anidación y eclosión de la tortuga marina caná o laúd (Dermochelys coriacea). Otros hacen recorridos entre las 8 y las 12 pm. Desde finales de febrero, mucho antes de que las crías aparezcan por multitudes, se empiezan a ver en la arena las huellas de las siluetas de las hembras adultas, que llegan a esta zona de Colombia a anidar.
Mientras tanto, en otras áreas del municipio hacen sus respectivos recorridos los integrantes del Consejo Mayor de Comunidades Negras de La Cuenca del Río Acandí Seco, El Cedro y El Juancho (Cocomaseco), y del Consejo Mayor de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte). Todos tienen un objetivo en común: proteger y monitorear el ciclo de vida de esta tortuga.
La caná es una especie sombrilla de esta región del Caribe. Lo que significa que su presencia es indicador del estado de salud y equilibrio del ecosistema. Su comportamiento refleja la calidad del hábitat marino y la biodiversidad de la región. Es también una de las tortugas más grandes del mundo, con más de 2 metros de largo y un peso de 600kg. En 2013, reconociendo esta importancia, se declaró el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona como parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN).
Se trata de un área protegida de 26.232 hectáreas (ha), en donde desde hace más de diez años no hay pesca industrial. Desde hace varios meses una propuesta de ampliación de la reserva se encuentra en el escritorio del Ministerio de Ambiente. El documento plantea 76.007 hectáreas adicionales e incluye nuevos objetivos de conservación, además de la tortuga caná, como pastos marinos, corales, otras especies de tortugas marinas, delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el delfín moteado (Stenella frontalis) y el delfín gris (Sotalia guianensis), entre otros. Si se amplía, cubriría el largo de todo el municipio y se sumaría a las más de 396.000 hectáreas de las 22 áreas protegidas que hoy hay en Chocó.
La propuesta plantea que el Santuario deje ser solo de fauna e incluya la flora en su nombre, sería: Santuario de Fauna y Flora Acandí, Playón, Playona, San Francisco y Cabo Tiburón. Pero el ministerio no ha expedido la resolución que autoriza dicha ampliación. Y mientras lo hace, a las comunidades les preocupa el avance del proyecto de “Interconexión Eléctrica Colombia - Panamá” que planea atravesar una línea de transmisión eléctrica por una zona que consideran importante para la preservación de su Santuario y de la tortuga caná.
La ampliación, en “stand by”
Hace once años la declaración del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona se logró tras un proceso liderado por los tres consejos comunitarios de Acandí. Desde antes de que se declarara el área, “los habitantes de los tres consejos comunitarios cuidaban empíricamente a las tortugas. Ahora, con los apoyos de PNN y contribuyentes como WWF, WCS y Rainforest Trust Rewild, entre otros, se dan unos beneficios económicos por el monitoreo, que se han visto reflejados en su calidad de vida”, dice Leison Palma, coordinador del Santuario. La declaración, resume, se logró gracias a que esos “consejos tuvieron la iniciativa de contar con un área protegida que blindara servicios ecosistémicos”.
Desde entonces, el Santuario ha ayudado a asegurar la disponibilidad de recursos como la flora, la fauna y el agua a largo plazo y, por otro lado, ha representado una posibilidad de ecoturismo y de recreación que continúa generando ingresos para la comunidad local, aportando oportunidades de investigación científica y de monitoreo en la zona.
La figura del área protegida, dice Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación de WWF Colombia, “es una respuesta a un proceso de mucho tiempo que les da a los Consejos un reconocimiento sobre una gestión de manejo de un ‘maritorio’, como lo denominan ellos”. Los siguientes años a la declaración, los consejos comunitarios trabajaron formulando una propuesta para su ampliación marina hacia el norte del municipio, hasta Capurganá, en concordancia con el paso, la alimentación y el desove de la tortuga caná en las playas del municipio, y para que también estuviera articulada con los territorios de Cocomaseco y Cocomanorte, que hoy no están incluidos en el área protegida.
Esa ampliación fue algo que quedó establecido desde el nacimiento del Santuario, hace once años, y es la que el Ministerio todavía no autoriza. Si lo hiciera tal como está planteada y tal como esperan las comunidades, una zona de la ampliada reserva se cruzaría con una línea de transmisión eléctrica que pretende atravesar una sociedad entre ISA, una empresa colombiana con capital público y privado, y la Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá. El proyecto, que inquieta a las comunidades, tiene tres tramos. Dos son terrestres en cada país y otro es marino, desde Necoclí (Antioquia), hasta la comunidad de Mulatupu en la Comarca Guna Yala en Panamá, como lo muestra este mapa.
La línea de transmisión conectaría la subestación Panamá II (Provincia del vecino país) y la subestación Cerromatoso (Córdoba). Se estima que su recorrido sería de unos 500 kilómetros y su capacidad de transporte de 400 Megavatios, con un nivel de tensión de 300 kilovoltios (kV).
El proyecto ha adelantado fases de estudios técnicos y ambientales en ambos países. De acuerdo con ISA, la definición del corredor fue aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 2021, pues se definió que dicha ruta era la más favorable a nivel ambiental. “Es importante resaltar que realizar la conexión entre los dos países por el medio marino y usando esta tecnología, representa el menor impacto para el medio ambiente en comparación con las alternativas de conexión terrestre”, explica la empresa.
La formulación del proyecto, agrega ISA, tuvo en cuenta que este no se localizara “sobre ecosistemas estratégicos como pastos marinos, manglares y corales”. Además, actualmente se encuentran elaborando un estudio de impacto ambiental del proyecto en Colombia para luego formular las medidas de manejo ambiental correspondientes, un proceso que se viene adelantando con “participación comunitaria”, resalta la compañía.
Y aunque el diagnóstico definió que el proyecto se completara de forma marina, desde la compañía aseguran que tienen previsto desarrollar programas de beneficio comunitario que sean formulados con las mismas comunidades, “de acuerdo con la identificación y priorización de sus necesidades, entre los cuales podría considerarse la realización de proyectos de electrificación comunitaria”. A las comunidades les preocupa que el avance del proyecto interrumpa la ampliación.
Entonces, si ese proyecto logra ver la luz, ¿qué pasaría con la ampliación del Santuario? Desde el Ministerio de Ambiente le respondieron a El Espectador que “la viabilidad y compatibilidad” a futuro entre el proceso de ampliación y el proyecto de interconexión eléctrica Colombia - Panamá va a depender de un nuevo proceso de licenciamiento que el proyecto adelante ante la ANLA, “con especial énfasis en el trazado propuesto en la parte marina que coincida con el Santuario”, una vez se amplíe el área protegida. Este periódico también consultó al Ministerio de Minas y Energía sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido ninguna respuesta.
En todo caso, y mientras este panorama se desenreda, la comunidad que protege esta área enfrenta otros desafíos, como la migración, el tratamiento de residuos sólidos y el plástico que llega a las playas.
Otras presiones
Acandí es un municipio de sexta categoría, lo que significa, según las disposiciones legales, que tiene una población no mayor a 10000 habitantes y unos ingresos corrientes de libre destinación que no superan los 15.000 salarios mínimos. A las presiones de un municipio con este nivel escaso de recursos, se ha sumado hace algunos años el paso de los miles de migrantes que atraviesan las selvas del Darién cada año, hacia Norteamérica.
“Nosotros insistimos en que haya una migración digna y segura para el migrante y para nosotros como población local”, dice Emigdio Pertuz, representante legal de Cocomanorte, desde una de las playas de Capurganá. “El sistema de manejo de residuos sólidos tiene que ser supremamente planificado, porque estamos hablando de miles de migrantes que pasan anualmente por nuestro territorio. La nación tendría que disponer los recursos suficientes para minimizar ese impacto”.
Y es que este proceso de migración, además de representar un gran desafío en términos de derechos humanos, tiene también un impacto en el área protegida y en la tortuga caná, “pues los residuos sólidos afectan las playas”, explica Pertuz. Se refiere tanto a los residuos que quedan en plena selva del Chocó biogeográfico, como a los que terminan en las playas de Acandí. De hecho, la propuesta de ampliación del Santuario cuenta con una línea de educación ambiental para promover la inversión de recursos en proyectos o programas de los consejos comunitarios para apoyar el manejo adecuado de residuos y desechos.
“Plásticos, cobijas, ropa, latas, pañales, quedan por el río Muerto y por las montañas. Se han implementado ciertas medidas para mitigar el impacto, como medir los equipajes, pero no han surtido mucho efecto”, agrega Harmin Nayid Palacios, integrante de Cocomaseco. El Muerto desemboca en el río Acandí, que llega al mar, justo en el área del santuario. Según Palacios, en un monitoreo a ese río y sus afluentes entre Acandí y la zona fronteriza, realizado en octubre del año pasado, “no encontramos peces”y calcularon unas 3.000 toneladas de desechos a lo largo del tramo, lo que implicaría un año de limpieza.
Otra preocupación de los consejos comunitarios se centra en las cuarenta lanchas diarias que, en el contexto de la migración, llegan desde Turbo y Necoclí. Según Pertuz, “eso es un impacto terrible para las tortugas, especialmente cuando empiezan a venir a anidar”. Se estima que solo una tortuga marina de cada mil recién nacidas alcanza la edad adulta, “pero si continúa llegando este número de lanchas, creemos que la reducción de la especie se aumentaría”, apunta. En la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la tortuga caná se encuentra clasificada como “vulnerable”.
Por ahora, los consejos comunitarios, junto a la Fundación Luz de Esperanza Capurganá y la Junta de Acción de Capurganá, le enviaron a la Mesa Migratoria una guía ambiental con recomendaciones que podrían tenerse en cuenta en medio de la atención humanitaria a la población migrante.
El Espectador contactó a la Alcaldía de Acandí sobre la situación actual de los botaderos y el tratamiento de basuras, pero no obtuvo respuesta.
El Santuario desde una perspectiva de salud única
Desde 2022 las mismas comunidades han denunciado que el botadero municipal colapsó, al igual que el botadero del corregimiento de Acandí. En palabras de María Alejandra Medina, gerente de Incidencia Política de la Fundación Mar Viva, “la acumulación no se genera solo por una mala gestión de residuos, sino que es una problemática de cómo llegan estos residuos. Gran parte de la presión no se da solo porque haya más población o por temas turísticos, también llega a través de ríos”, por lo que, para ella, es algo que se debe asumir “no solo a nivel local, también a nivel regional”.
Según datos de Ocean Conservancy, el 73 % de los desechos en las costas del mundo son plásticos y la basura marina consta, en un 85 %, de plásticos. Por tanto, agrega Medina, “si nos concentramos en que el plástico solo es un problema cuando se convierte en residuo, tenemos una visión muy miope. Hay una solución con otra perspectiva -de ciclo de vida- y es que solucionar la contaminación marina y la contaminación marina por plásticos implica una responsabilidad en cambiar hábitos de producción, de consumo, de comercialización y de disposición final”.
Lo que Medina señala se puede relacionar con un concepto denominado salud única (one health), que lo que plantea es que el bienestar humano no puede estar desligado de la salud de la vida silvestre y los ecosistemas, como también lo asumen los consejos comunitarios. De hecho, un reciente proyecto de la ONG Internews, junto al Center For Disaster Philanthropy, apoyó a periodistas y medios locales en el fortalecimiento de este enfoque en Necoclí, Acandí y Capurganá, teniendo en cuenta las diferentes presiones que se presentan en la zona.
Como los botaderos están colapsados, según la comunidad, en algunas ocasiones los mismos pobladores se encargan de quemar la basura y esto, además, termina afectando la calidad del aire. “No hay una forma ambiental sostenible de gestionar todos esos residuos plásticos. La disposición final en rellenos sanitarios o la incineración no solucionan el problema y al contrario generan otros peligros”, insiste Medina.
Para la investigadora, “la mejor forma de gestionar los residuos es no generarlos”, por lo que resalta la necesidad de acelerar la implementación de la ley de plásticos de un solo uso y de que los territorios accedan a un mercado de alternativas a los plásticos.
También considera crucial aumentar la investigación en materiales sustitutos que sean biodegradables en condiciones naturales, es decir, que no requieren de otro proceso para degradarse, así como proyectos de sustitución. Por ejemplo, hacia el Chocó pacífico, en Nuquí y Bahía Solano, el Ministerio de Vivienda ha apoyado el uso de compactadores de plástico, aunque, a los ojos de Medina, hace falta garantizar el pago por ese material. En el caso de Capurganá, aunque hacen intentos por reciclar, Pertuz comenta que es más costoso sacar el reciclaje del corregimiento que lo que reciben de pago.
El “etnoturismo”, la apuesta después de la ampliación
A la par de que avanzaban en la propuesta de ampliación, los tres consejos comunitarios fueron adelantando otras iniciativas sostenibles, desde proyectos de restauración en zonas deforestadas y viveros, hasta un turismo que denominan etnoturismo. Y es que según datos de Global Forest Watch, entre 2002 y 2022 Acandí perdió más de mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que es apenas el 21 % de la pérdida de cobertura arbórea del municipio en esos años.
“El mar también vive del río, de los bosques, y necesita de todos los ecosistemas que están al frente de él para estar estable. Y eso también pasa por las comunidades. Lo que pasa en el mar interfiere en el desarrollo y la autonomía comunitarios. Y lo que pasa en el territorio -en el río y en el bosque- interfiere con el bienestar del mar”, dice Everildys Córdoba, representante legal de Cocomasur, a orillas del río Tolo -que desemboca en el mar-, en el corregimiento de Peñalosa (Acandí).
“Todas las aguas que llegan al mar son estas aguas de nuestros territorios, entonces la idea básica es que cuidando arriba, se protege abajo”, dice Efraín Ballesteros, representante legal de Cocomaseco, muy cerca de la quebrada Batattilla, que surte al acueducto de la cabecera municipal.
En palabras de Pertuz la ampliación también es un “objetivo que está relacionado con los valores culturales del pueblo negro, nuestros saberes tienen que ver con la ampliación del área protegida. Cada cosa que hacemos en el territorio está orientada a esa área, es parte de nuestra esencia, ¿por qué? Porque en el mar está el pescado, está nuestra forma de recrearnos, está nuestro encuentro con nuestros dioses y el universo”.
De modo que la ampliación del Santuario no es solo un objetivo en términos de conservación. “No puede haber un área protegida ampliada si no hay un bienestar de las comunidades que estamos alrededor. Pero también una ampliación se da para que se amplíe el desarrollo y el bienestar de una comunidad”, dice Córdoba.
Según explica Palma, coordinador del Santuario, la ampliación del área protegida exigiría la implementación de un plan de ordenamiento etnoturístico alrededor. De hecho, los tres consejos comunitarios ya lo vienen desarrollando. “Ese plan contiene la visión que los Consejos tienen del turismo en sus territorios, de modo que cuando el área se amplíe, el plan de ecoturismo que ya existe se articularía con el etnoturismo que visionan las comunidades”.
¿Pero a qué se refieren concretamente con etnoturismo? Al turismo “a partir de nuestra cultura, es decir, a partir de la conservación”, explica Pertuz. La idea es tener un plan que involucre “no solamente a los pueblos negros, sino a toda la sociedad del municipio de Acandí. Creemos que puede mejorar no solo la calidad de vida de los negros, sino de todos los habitantes y todas las personas que nos visitan todos los años”.
En palabras de Córdoba, “la gente tiene que dedicarse a la actividad que sabe hacer y a lo que también mantiene su protección e identidad cultural. La intención no es promover actividades económicas que hagan que la gente se quiera ir, sino que ampliar un área protegida también amplía el desarrollo comunitario”. Con el plan, lo que las comunidades también buscan es evitar que el desarrollo del turismo les afecte su abastecimiento de agua y alimentos, como en otras zonas del país, o que potencie el colapso de desechos.
Y es que la ampliación, enfatiza Herrera, de WWF, sería crucial para “traer socios, aliados, recursos y diálogos para beneficiar la parte terrestre, que a la larga es de la que dependen las playas, tortugas y los objetos de conservación”. Con esto, se refiere a que las áreas protegidas no deben pensarse como un polígono: no significa que lo que está por fuera no se relacione con el área, por lo que considera clave que se puedan fortalecer las actividades que las comunidades vienen realizando, como la restauración y el etnoturismo, para que haya una visión “concreta de toda la conectividad de la zona”.
*Este artículo es publicado gracias al apoyo de Internews y el Center For Disaster Philanthropy.