Pesca de tiburones: un asunto en el que ni Duque ni Petro aciertan

En las últimas horas, una resolución emitida por la autoridad pesquera del país ha generado ruido y preocupación entre quienes trabajan con tiburones y rayas marinas en el país. Se trata de la 0119 del 24 de enero de este año en la que, a grandes rasgos, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) permite nuevamente la pesca incidental (no intencional) por parte de las comunidades costeras de 15 especies de tiburones y rayas marinas. (Puede leer: Buscan desincentivar el consumo de agua: su factura puede llegar con un valor mayor)

En las últimas horas, una resolución emitida por la autoridad pesquera del país ha generado ruido y preocupación entre quienes trabajan con tiburones y rayas marinas en el país. Se trata de la 0119 del 24 de enero de este año en la que, a grandes rasgos, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) permite nuevamente la pesca incidental (no intencional) por parte de las comunidades costeras de 15 especies de tiburones y rayas marinas. (Puede leer: Buscan desincentivar el consumo de agua: su factura puede llegar con un valor mayor)

Esta resolución modifica, en parte, un decreto emitido hace cerca de tres años por el entonces presidente, Iván Duque, y el ministro de Ambiente de la época, Carlos Eduardo Correa, sobre el que volveremos más adelante. En este decreto, el 281 de marzo de 2021, se decidió que los tiburones y rayas marinas dejaban de ser recursos pesqueros, por lo que, desde ese momento, no podían ser aprovechados, incluso si provenían de pescas incidentales.

El gran objetivo de este decreto, como quedó consignado en el texto del documento, era “garantizar la conservación y el manejo sostenible de las especies de tiburones, rayas marinas y quimeras con el fin de disminuir la vulnerabilidad y amenazas causadas por el desarrollo de actividades antrópicas”. Por eso, para varios académicos y científicos como Felipe Ladino, ecólogo marino de la Fundación Malpelo, quienes apoyaron el decreto 281, la reciente resolución cayó como un “baldado de agua fría y podría ser un retroceso increíble el que está dando Colombia”.

Aunque otros investigadores creen que la resolución 0119 corrige algunos errores generados por el decreto 281, sienten que deja varias puertas abiertas que sí podrían ir en contra de la conservación y protección de varias especies de tiburones, principalmente. Pero, para entender mejor las preocupaciones del presente, es importante devolverse unos cuantos años atrás para entender el origen del debate. (Le puede interesar: En imágenes: encontraron varado a este bebé manatí en el río Magdalena)

Decreto 281, ¿conservación de papel?

Desde 2007, con la resolución 1633 del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que prohibía el aleteo en tiburones (cortarles las aletas para comercializarlas dado su alto valor comercial), Colombia empezó a recorrer un largo camino de resoluciones y decretos que apuntaban a proteger y conservar a estos animales de la pesquería, una de las principales presiones que enfrentan y que, a nivel global, representa la principal causa en su disminución de poblaciones. Con el decreto 281 de 2021, el gobierno de Iván Duque no solo sacó a estas especies de los recursos pesqueros, sino que también se debía crear un plan Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras.

Para organizaciones como la Fundación Malpelo, así como para expertos como Carlos Polo, biólogo marino que ha trabajado en la Aunap, el decreto 281 alcanzó el nivel más alto de protección para los tiburones y rayas marinas, por lo que, recuerda Ladino, “Colombia sacaba pecho en escenarios internacionales al tomar esta medida pionera”.

Sin embargo, el decreto 281 también generó oposición entre las comunidades del Pacífico y algunos investigadores. Por ejemplo, en un artículo publicado en noviembre de 2022 por varios biólogos marinos y científicos en la revista académica Marine Policy, recopilaron algunos de los reparos que le veían al decreto. (También puede leer: El impacto, hasta ahora desconocido, de la pesca de arrastre en la contaminación mundial)

Para empezar, decían los académicos, al pasar a los tiburones y rayas a recursos hidrobiológicos, la Aunap perdía la competencia para llevar las estadísticas y reportes de las capturas que de estos animales se hacían por pesca incidental. Esto es importante, como destaca el biólogo marino y autor principal del artículo, Vladimir Puentes, porque llevar la pesca incidental a cero “es prácticamente imposible”, por lo que, a pesar del decreto, los pescadores artesanales seguirían capturando, sin quererlo, tiburones y rayas. El gran problema es que esas capturas incidentales ya no se incluirían en las estadísticas que llevaba la autoridad pesquera.

“Aunque las capturas de tiburones continuarán muy posiblemente en los mismos volúmenes, esta información no va a estar disponible para ser registrada. Además, no habrá acceso a información biológica de las especies, dificultando la evaluación de sus poblaciones y toma de decisiones sobre el adecuado manejo del recurso”, apuntaron los autores del artículo.

“A mí el (decreto) 281 tampoco me gustó —dice el biólogo y doctor en ciencias marinas, Diego Cardeñosa—. En el papel suena muy bien: ‘vamos a proteger las especies y a generar proyectos alternativos para las comunidades’. Eso suena muy bonito, pero la realidad es que en Colombia no tenemos la capacidad de monitoreo y vigilancia para este tipo de decretos”.

Pero además del vacío de información que se generó con el decreto de 2021, cientos de pescadores artesanales, ahumadoras y platoneras se manifestaron en contra de la decisión, sobre todo en Buenaventura y otros municipios del Pacífico. Sus principales reclamos apuntaban a que una práctica ancestral y cultural, como lo es el consumo de los tiburones y rayas, quedaba prohibida y, de paso, se criminalizaban los oficios asociados a estas prácticas. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, 17 pescadores artesanales fueron judicializados durante estos años por tener tiburones o rayas producto de la pesca incidental. (Puede interesarle: Incidente con un tiburón en San Andrés deja algunas lecciones importantes)

La resolución de hace algunos días “responde únicamente al reconocimiento de prácticas tradicionales que desarrollan artesanalmente pescadores, especialmente mujeres, platoneras, ahumadores de las comunidades negras costeras, actividades clave para su derecho humano a la alimentación”, expresó, a través su cuenta de X (Twitter), el ministerio de Agricultura.

A pesar de que los diálogos entre los Ministerios de Ambiente y Agricultura, la Aunap, y asociaciones de pescadores artesanales se venían dando desde hace más de un año para reversar, en parte, el decreto 281, según conoció este diario, la medida no ha estado exenta de reparos y críticas, como tampoco lo estuvo el decreto que se expidió en el gobierno de Iván Duque.

Una resolución que prende las alarmas

Según establece la Aunap en la resolución que desató el debate esta semana (la 0119), las once especies de tiburones y cuatro de rayas que vuelven a ser recursos pesqueros, corresponden a las principales especies que resultan capturadas de manera incidental. Además de insistir en que la pesca dirigida a estos animales está prohibida en todo el territorio nacional, la autoridad resalta que con esta medida también “se busca generar registro de las capturas, desembarques y descartes por especies en las pesquerías comerciales, lo que permitirá contar con información técnica que oriente la toma de decisiones (...), para regular la captura incidental y la pesca ilegal”. También buscan “propender por la gestión sostenible de las capturas incidentales de tiburones y rayas”.

Sin embargo, coinciden los investigadores y profesionales en biología y ecología marina que consultamos para esta nota, hay varios temas de la reciente resolución que generan preocupación. Para Cardeñosa el “mensaje que se envía es muy malo, porque se evidencia que se están tomando medidas ambientales y sobre especies que están en peligro crítico de extinción por temas políticos y sin datos reales”.

A lo que se refiere este investigador, es que las dos especies de tiburones martillo incluidas en la reciente medida, la Sphyrna corona y la Sphyrna tiburo, están categorizadas como En Peligro Crítico, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). “No puede ser que haya dos especies críticamente amenazadas y que Colombia permita la pesca incidental”, continúa Cardeñosa. (Lea: Científicos e indígenas identificaron más de 30 especies de peces eléctricos en el Amazonas)

Sobre este punto, agrega Puentes, quien ha trabajado tanto en la Aunap como en el Minambiente, no queda claro el criterio que se utilizó para elegir a las especies que regresarían a ser recurso pesquero. Para este biólogo marino hubiera sido preferible regresar a todas las especies de tiburones y rayas marinas como recursos pesqueros, pues, en la resolución quedaron por fuera varias especies que son capturadas de manera incidental por las pesquerías semiindustriales e industriales.

Para Cardeñosa, esto último es clave, pues “¿cómo van a identificar otra especie que sea capturada y que no esté incluida en la resolución?”, se pregunta. Tanto Cardeñosa como Puentes aseguran que las labores de inspección y vigilancia adelantadas por la Aunap son muy débiles, por lo que no ven cómo podría garantizarse que solo se extraigan las 15 especies de las que habla la resolución.

El biólogo marino Carlos Polo agrega otro elemento en el que coinciden Puentes y Cardeñosa: la resolución no establece la cantidad permitida de pesca incidental. Si bien la Aunap le manifestó a este diario que en las próximas semanas se estaría reglamentando la medida, todos los expertos concuerdan en que esos límites debieron estar establecidos desde el inicio. Para Cardeñosa, esto revela que no existen los datos al respecto y que el trabajo se está haciendo en un orden que no es el adecuado: “Primero se debería hacer el trabajo, se toman los datos y luego sí que salga el decreto que diga ‘basado en estos datos y con un monitoreo riguroso, podemos hacer una extracción sostenible’”.

Finalmente, Ladino, de la Fundación Malpelo, señala otro aspecto que no es claro de la resolución: la comercialización de los productos que se derivan de estas pescas incidentales. “Hablan de la comercialización, pero no la limita: ¿es local, nacional o internacional?, se pregunta el ecólogo, en una preocupación que comparte Polo. A los ojos de estos expertos, la medida “abre puertas que son bastante delicadas y pueden generar retrocesos gigantes”.