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A mediados de octubre, días antes de que en Cali iniciara la COP16 de biodiversidad, los representantes a la Cámara Héctor Mauricio Cuéllar (Partido Conservador) y Flora Perdomo Andrade (Partido Liberal) radicaron un proyecto de ley con el que buscan regular la “producción, reproducción y comercialización” del pez basa o pangasius (Pangasianodon hypophthalmus).
Como hemos contado en notas previas, el pez basa es una especie exótica —una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad—, que fue introducida ilegalmente hace más de 10 años. El problema, como contamos en este artículo, es que, durante 2023, en Colombia se habría producido más de 20.000 toneladas de pez basa.
El proyecto de Cuéllar y Perdomo, que cuenta con el apoyo de más de 40 congresistas, espera que se declare a esta especie como un recurso pesquero para el aprovechamiento productivo y económico, así como que se habilite su cultivo, reproducción y venta en todo el territorio nacional.
Aunque la iniciativa legislativa aún no se encuentra agendada para primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la Asociación Colombiana de Ictiólogos (Acictios) envió al Congreso de la República un documento en el que presenta sus preocupaciones frente al proyecto de ley.
Sobre el primer artículo del proyecto, que espera declarar al pez basa como un recurso pesquero para que ser permita su aprovechamiento, la asociación recuerda que, según el Decreto 1071 de 2015 del Ministerio de Agricultura, es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) la encargada de administrar y manejar los recursos pesqueros. Por lo tanto, “resulta innecesario promover una nueva ley para regular una acción que ya cuenta con una entidad gubernamental designada y facultada para su gestión”, resaltan desde Acictios.
Pero no solo eso. Al ser una especie foránea e introducida ilegalmente en Colombia, “no puede considerarse un recurso pesquero”, dicen los ictiólogos. Además, la especie no cumpliría con ninguno de los tres criterios que la AUNAP establece para considerarla como un recurso pesquero. El primero está relacionado con la importancia socioeconómica. “Al tratarse de una especie no regulada e introducida de manera ilegal, no existen reportes oficiales en el SEPEC que evidencien su contribución a la economía del sector pesquero”, apunta la asociación.
El segundo, se refiere a que exista disponibilidad de información biológica-pesquera. Aunque los científicos reconocen que ha habido avances en el análisis de la especie, estos no son concluyentes y la información con la que se cuenta “genera más preguntas que respuestas”, sumado al hecho de que por su estatus de ilegalidad se dificulta la obtención de información.
Frente al tercer criterio, relacionado con la reglamentación vigente, la asociación apunta que al no formar parte de los recursos hidrobiológicos de Colombia y al no cumplir con los criterios establecidos, “esta especie no puede ser considerada un recurso pesquero”.
El tercer artículo del proyecto de ley presenta varias definiciones de los sistemas bajo los cuales se realizaría la producción y reproducción del pez basa. Algunos de ellos son los sistemas cerrados de producción (método de cría en el que el ambiente de producción está controlado y separado del ecosistema natural), los sistemas de acuicultura en recirculación, BioFlow, Acuaponía y sistemas de estanques en carriles.
Para Acictios, si bien estos sistemas buscan minimizar los impactos ambientales, no están exentos de riesgos. Frente a los tres primeros, los ictiólogos señalan que han ocurrido escapes de especies exóticas, incluido el pez basa, hacia ecosistemas naturales. De hecho, resaltan que en las cuencas del río Magdalena y el Sinú se ha vuelto común encontrar individuos de esta especie en ambientes naturales.
“Estos escapes representan una seria amenaza para la biodiversidad nativa, ya que el Pangasius es considerado una especie potencialmente invasora, con la capacidad de alterar los equilibrios ecológicos locales”, agregan los investigadores.
Debido a sus características, añaden, los escapes de esta especie al medio natural representan una amenaza considerable “debido a sus características de crecimiento rápido y tolerancia a bajos niveles de oxígeno, el Pangasius es capaz de sobrevivir en diversos ambientes dentro de su rango de temperatura”. Esto le permitiría competir con especies nativas, lo que llevaría a su desplazamiento y alteración de los tamaños poblacionales de estas últimas.
Además, la alta inversión inicial y los elevados costos operativos de estos sistemas favorecería a los productores con mayor capacidad económica y excluiría a los pequeños acuicultores, dicen los ictiólogos. Para los científicos, este proyecto incluso podría “consolidar un sistema en el que las actividades ilegales persistan, incluso bajo el amparo de una nueva reglamentación”, pues la ley no aborda los problemas estructurales que tiene el cultivo de pez basa en el país, el cual se realiza de manera ilegal y evadiendo varios requisitos, como los permisos de concesión de aguas y registros comerciales.
La asociación también recuerda que, en caso de que se confirme la reproducción del pez basa, la especie debería ser declarada invasora, lo que llevaría a la prohibición inmediata de su cultivo en el país, esto de acuerdo a la Meta 6 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
Por último, el sexto artículo del proyecto de ley, que propone un programa de reproducción y repoblamiento de especies nativas, también genera varias críticas por parte de los científicos. Si bien reconocen que esta ha sido una estrategia utilizada históricamente en el país para tratar el declive de las pesquerías, destacan que su cumplimiento ha sido limitado e insuficientes para lograr este objetivo.
Por los motivos que exponen, la asociación de ictiólogos considera que la propuesta “carece de coherencia normativa, equidad económica y suficiencia técnica para abordar de manera adecuada los desafíos relacionados con el cultivo del pez Pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) en Colombia”. Adicionalmente, recalcan el riesgo de invasión de la especie, lo que tendría impactos negativos sobre la biodiversidad local, la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades y los ecosistemas acuáticos.
“En lugar de avanzar con esta legislación, se recomienda fortalecer la capacidad reguladora de la AUNAP, implementar estrategias efectivas de formalización en el sector acuícola y priorizar la conservación de la biodiversidad nacional, mediante programas de monitoreo y control eficaces”, concluyen los ictiólogos.
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