Comunidades y sociedades de pesca deportiva alertan sobre impactos de prohibirla
Alrededor de 20 organizaciones que viven de esta actividad señalan que la decisión que tomó la Corte Constitucional impide que las comunidades se vinculen a economías limpias y sostenibles. Calculan que más de 2.510 familias dependen económicamente de la pesca deportiva.
A principios de mayo de este año, la Corte Constitucional publicó un comunicado en el que explicaba que, a través de la sentencia C148-22, declaraba inconstitucional la pesca deportiva, ya que, explicaba, esa “actividad podría considerarse maltrato”. Sin embargo, y a pesar de que la medida fue celebrada por varias personas por su enfoque para proteger a los animales, también generó preocupación entre expertos y comunidades, pues la pesca deportiva también es el sustento de varias personas en Colombia, ya que, se estima, se realiza en 80% de Colombia, tanto en el mar como en ecosistemas de agua dulce. (Le sugerimos: Pesca deportiva: de actividad clave en comunidades a polémico caso de maltrato animal)
Incluso, como lo explicaron en ese entonces a El Espectador los investigadores Carlos Lasso y Mónica Morales-Betancourt, científicos de la Línea de Recursos Hidrobiológico de esa entidad, en lugares como el río Bita, en Vichada, la pesca deportiva también ha servido para la conservación del ecosistema.
A este argumento se sumaron ahora las sociedades de pesca deportiva y comunidades, quienes acaban de publicar un comunicado alertando sobre los impactos derivados de la prohibición de la pesca deportiva en Colombia. (Le puede interesar: Las ballenas jorobadas “se pasan” canciones con poblaciones de otras regiones)
“Más de treinta comunidades indígenas ribereñas del Vichada, Guainía, Meta, Chocó, Antioquia, Casanare y Amazonas, se han capacitado para prestar servicios turísticos y hoteleros gracias a esta actividad, y ahora ven en riesgo la generación de ingresos derivados de una actividad lícita y en armonía con el medio ambiente”, señalan en el documento, firmado por 20 organizaciones, entre estas, la Red de Pescadores Deportivos de Colombia.
“Como actores involucrados en la práctica de la pesca deportiva, nos preocupa que este fallo no haya tenido en cuenta los impactos ambientales ni las comunidades indígenas y a todas las personas que derivan su sustento del turismo que genera la pesca. Es claro que no se consideraron todos los elementos económicos, sociales y ambientales, ya que la decisión afecta de manera considerable el bienestar de todos los involucrados, desecha la posibilidad de las comunidades de vincularse una economía limpia, sostenible y por, sobre todo, afecta el bienestar del recurso pesquero, su entorno y el medio ambiente del cual depende y se retroalimenta. La pesca deportiva tiene un valor estratégico enorme en la conservación”, aseguran.
De hecho, una de las criticas que se le ha hecho a la decisión de la Corte, es que no consultaron ni siquiera al Instituto Humboldt, encargado de hacer y coordinar investigación sobre la biodiversidad colombiana. (Le sugerimos: En el mercado de aletas de tiburón, el 70% son de especies amenazadas)
En la carta publicada por las organizaciones que hacen pesca deportiva, también explican que “en Colombia se generan alrededor de COP $276.713.500.000 por la pesca, sin tener en cuenta hoteles, transportes, pasajes aéreos, restaurantes, combustible y permisos. De ahí que al menos 117 operadores logísticos, 1640 guías, 272 auxiliares, 78 tiendas, 31 comunidades y más de 2.510 familias dependan económicamente de esta actividad en todo el país”.
“Hacemos un llamado respetuoso a la Corte Constitucional y a las autoridades para que no prohíban de tajo una actividad que representa desarrollo sostenible para las regiones y para las comunidades e indígenas que dependemos de ella para no incurrir en actividades ilícitas o que puedan afectar de manera permanente el ecosistema”, agrega además Delio Suárez, capitán y máxima autoridad indígena de la comunidad de La Ceiba, del departamento del Guainía.
A principios de mayo de este año, la Corte Constitucional publicó un comunicado en el que explicaba que, a través de la sentencia C148-22, declaraba inconstitucional la pesca deportiva, ya que, explicaba, esa “actividad podría considerarse maltrato”. Sin embargo, y a pesar de que la medida fue celebrada por varias personas por su enfoque para proteger a los animales, también generó preocupación entre expertos y comunidades, pues la pesca deportiva también es el sustento de varias personas en Colombia, ya que, se estima, se realiza en 80% de Colombia, tanto en el mar como en ecosistemas de agua dulce. (Le sugerimos: Pesca deportiva: de actividad clave en comunidades a polémico caso de maltrato animal)
Incluso, como lo explicaron en ese entonces a El Espectador los investigadores Carlos Lasso y Mónica Morales-Betancourt, científicos de la Línea de Recursos Hidrobiológico de esa entidad, en lugares como el río Bita, en Vichada, la pesca deportiva también ha servido para la conservación del ecosistema.
A este argumento se sumaron ahora las sociedades de pesca deportiva y comunidades, quienes acaban de publicar un comunicado alertando sobre los impactos derivados de la prohibición de la pesca deportiva en Colombia. (Le puede interesar: Las ballenas jorobadas “se pasan” canciones con poblaciones de otras regiones)
“Más de treinta comunidades indígenas ribereñas del Vichada, Guainía, Meta, Chocó, Antioquia, Casanare y Amazonas, se han capacitado para prestar servicios turísticos y hoteleros gracias a esta actividad, y ahora ven en riesgo la generación de ingresos derivados de una actividad lícita y en armonía con el medio ambiente”, señalan en el documento, firmado por 20 organizaciones, entre estas, la Red de Pescadores Deportivos de Colombia.
“Como actores involucrados en la práctica de la pesca deportiva, nos preocupa que este fallo no haya tenido en cuenta los impactos ambientales ni las comunidades indígenas y a todas las personas que derivan su sustento del turismo que genera la pesca. Es claro que no se consideraron todos los elementos económicos, sociales y ambientales, ya que la decisión afecta de manera considerable el bienestar de todos los involucrados, desecha la posibilidad de las comunidades de vincularse una economía limpia, sostenible y por, sobre todo, afecta el bienestar del recurso pesquero, su entorno y el medio ambiente del cual depende y se retroalimenta. La pesca deportiva tiene un valor estratégico enorme en la conservación”, aseguran.
De hecho, una de las criticas que se le ha hecho a la decisión de la Corte, es que no consultaron ni siquiera al Instituto Humboldt, encargado de hacer y coordinar investigación sobre la biodiversidad colombiana. (Le sugerimos: En el mercado de aletas de tiburón, el 70% son de especies amenazadas)
En la carta publicada por las organizaciones que hacen pesca deportiva, también explican que “en Colombia se generan alrededor de COP $276.713.500.000 por la pesca, sin tener en cuenta hoteles, transportes, pasajes aéreos, restaurantes, combustible y permisos. De ahí que al menos 117 operadores logísticos, 1640 guías, 272 auxiliares, 78 tiendas, 31 comunidades y más de 2.510 familias dependan económicamente de esta actividad en todo el país”.
“Hacemos un llamado respetuoso a la Corte Constitucional y a las autoridades para que no prohíban de tajo una actividad que representa desarrollo sostenible para las regiones y para las comunidades e indígenas que dependemos de ella para no incurrir en actividades ilícitas o que puedan afectar de manera permanente el ecosistema”, agrega además Delio Suárez, capitán y máxima autoridad indígena de la comunidad de La Ceiba, del departamento del Guainía.