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En los últimos días hemos visto los impactos tangibles del cambio climático en Colombia y los eventos más recientes de inundaciones y huracanes nos han demostrado que la necesidad de adaptarnos para enfrentarlos mejor y de ser resilientes es una prioridad que no da espera.
Este parece ser también el entendimiento del nuevo gobierno, que en distintos escenarios ha resaltado como una de sus prioridades encaminar al país hacia un ordenamiento territorial alrededor del agua. Pero, ¿qué significa eso? Sandra Vilardy, viceministra de Ambiente, mencionó en su cuenta de Twitter que: “ordenarnos alrededor del agua implica reconocer que en tiempos de crisis climática es mejor dejarla correr que intentar contenerla, restringirla o invadirla”.
Ordenarnos alrededor del agua, entonces, es mejorar nuestras capacidades, adaptarnos y desarrollar las habilidades necesarias para convivir con el agua que ha de correr. (Lea: Crean la Alianza Ambiental por Cartagena con la que buscan restaurar la Bahía)
La pregunta que surge es cómo podemos llegar a eso. Por un lado, tenemos que mejorar nuestros usos del suelo y asegurar que nuestras actividades productivas, sobre todo la producción agropecuaria, hagan un uso eficiente y sostenible del agua. El sector agrícola y/o agroindustrial consume el 43 % del agua del país, siendo el consumidor más representativo (IDEAM et al., 2018).
Para lograr sectores agropecuarios más sostenibles, el gobierno deberá asegurar que estas actividades solamente se realicen donde la vocación del suelo lo permita, que no amplíen la frontera agrícola y que tengan criterios específicos y obligatorios de uso y conservación de fuentes hídricas. Se necesita, entonces, que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) incorpore metas y medidas específicas para ese fin. La primera es asegurar que uno de los indicadores de gestión del próximo gobierno sea el aumento en el número de hectáreas transformadas de sistemas convencionales hacia sistemas agrícolas, ganaderos y forestales sostenibles. Esto nos va a permitir emprender el cambio hacia una producción agropecuaria que aplique criterios de protección y uso sostenible del agua. Además, nos permitirá tener un sector agropecuario que se adapte a las dinámicas naturales del agua, que corre, abre sus propios cursos y siempre recupera sus caminos. Hemos tratado de controlar el agua para que se adapte a nuestros sistemas productivos, pero es momento de entender que debemos hacerlos resilientes a los caminos del agua, aún más en estos tiempos que nos está trayendo el cambio climático.
La segunda es avanzar hacia el licenciamiento ambiental de aquellas actividades agropecuarias que tienen mayor impacto en el país. Hoy, este requisito no aplica para proyectos agroindustriales que tienen altísimo impacto en el agua del país. Esto va a permitir que sea obligatorio orientar la producción hacia la protección de nuestros ríos y humedales, y así asegurar que esta y las generaciones futuras puedan tener disponibilidad y acceso a agua de calidad. (Lea: Así es cómo el cambio climático y la desigualad amenaza hoy a los niños colombianos)
Por otro lado, tenemos que asegurar la conservación efectiva y a largo plazo de nuestros ríos y humedales. Eso no solamente lo lograremos con actividades productivas sostenibles, sino con figuras de conservación como áreas protegidas. Es fundamental no concentrarnos solamente en lograr que el 30% de nuestros mares y tierras estén dentro de áreas protegidas, sino también nuestros ríos y humedales. Hoy, esto no hace parte del panorama de protección ambiental en el país. Es absolutamente esencial incorporarlo como una prioridad dentro del PND para asegurar el ordenamiento alrededor del agua.
Actualmente, de acuerdo con cálculos de The Nature Conservancy (TNC) Colombia, el 16 % de nuestros ríos y el 88 % de nuestros humedales se encuentran fuera de áreas protegidas nacionales o regionales en el país. Como mínimo, debemos asegurar que para 2030 alcancemos un 30% de conservación y que, para 2026 que es el fin de este periodo de gobierno, alcancemos al menos un 21% de protección de humedales y un 23% de protección en ríos.
Finalmente, no podemos olvidar que los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores claves para lograr el ordenamiento alrededor del agua. Debemos asegurar que nuestro proceso de adaptación al cambio climático y hacia la protección del agua incorpore sus saberes ancestrales y los reconozca y vincule efectivamente a los procesos de conservación. Necesitamos reconocerlos como autoridades ambientales, reformar el SINA para que esto suceda y diseñar figuras de conservación de administración autónoma por parte de las comunidades y con certeza de sostenibilidad financiera que estén incorporadas dentro del SINAP. (Lea: Así es cómo el cambio climático y la desigualad amenaza hoy a los niños colombianos)
El agua marca y sigue su curso y siempre lo retoma así la canalicemos, ordenemos y tracemos su trayectoria. El agua marca ciclos para poder cultivar, marca límites para organizar nuestros asentamientos humanos, etc. Si no entendemos sus cursos y dinámicas, seguiremos haciendo una adaptación reactiva y no preventiva: reubicando barrios, pueblos, secando humedales para cultivar todo el año mientras que el agua ordenaba una agricultura estacionaria y una adaptación de nuestras actividades.
El gobierno tiene cuatro años para lograr estos objetivos, de la mano de los demás actores. El tiempo, como el agua, sigue corriendo.
*Directora de la organización ambiental The Nature Conservancy en Colombia
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