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La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) le impuso una sanción de $45 millones a la empresa minera AngloGold Asanti por alterar un sistema de captación de aguas concesionadas a un proyecto minero, lo que le permitiría aprovechar de más agua de la autorizada en sus operaciones.
Según encontró Cortolima, la minera realizó modificaciones a una obra de captación de agua en el proyecto minero a cielo abierto de La Colosa que le permitieron captar más del 50 % del caudal del río La Arena (Tolima), lo que sobrepasaba lo autorizado por la autoridad ambiental.
Esta sanción surge de una visita técnica de la corporación en los predios La Paz y Campo Alegre, realizada en 2015, en la que se reportó que “en la obra de captación se observó la disposición de una pared lateral, una tabla y una bolsa fibra que no habían sido previstas en los diseños aprobados por Cortolima”, se lee en la resolución.
Sobre esto, AngloGold Asanti intentó justificar las intervenciones asegurando que “en los cauces concesionados por La Colosa, se evidenciaban bajos caudales y altos contenidos de sedimentación que se depositaban de forma no equitativa en el ancho de la captación, lo que evitaba que el recurso hídrico se distribuyera de igual manera e igual cantidad en todo el cauce y se pudiera garantizar la toma de recursos permitida”.
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Además de esto, la empresa indicó que Cortolima no tenía suficientes pruebas para demostrar que las intervenciones no respetaban las normas y, además, probar que esas acciones fueron hechas con plena consciencia de que iban contrarias a normativa ambiental del país.
No obstante, Cortolima desestimó los argumentos de AngloGold Asanti (AGA) y, en una resolución emitida en julio de este 2024, declaró responsable a la empresa de cometer infracciones ambientales en el país, por lo que se le agregó al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA).
“Es posible que esta sanción sea demandada por AGA, pues la empresa ha adoptado una estrategia de atacar judicialmente cualquier decisión en su contra, incluso cuando estas se profieran con fundamento en la normatividad que los obliga. Esto se ha visto en varios procesos iniciados sobre esta misma concesión de aguas. En el 2018 la empresa demandó la decisión de Cortolima de negar la ampliación de esta concesión y el proceso está pendiente de ser resuelto. Posteriormente, en el 2019, esta concesión de aguas fue terminada por Cortolima en cumplimiento de la consulta popular de Cajamarca, sin embargo, AGA demandó su nulidad ante el Consejo de Estado y la decisión se encuentra pendiente de sentencia de única instancia”, expresaron, a través de un comunicado conjunto, el colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) y Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (SIEMBRA).
De acuerdo con estos colectivos, este no es el único incumplimiento en el que ha incurrido la empresa Anglo Gold en Colombia, pues también ha sido sancionada por irregularidades en sus declaraciones de impuestos. Por esto último, hay decisiones del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que han ordenado a AGA el pago de 90.760 millones de pesos a la DIAN, de los cuales 66.305 millones (73%) están en firme y 24.454 millones (27%) están pendientes de resolución por las apelaciones que ha realizado la empresa.
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“Los incumplimientos de AGA ponen de presente la gravedad de que el contrato de concesión minera del proyecto se encuentre suspendido de forma indefinida desde 2017, por presuntas razones de fuerza mayor y caso fortuito. Especialmente, porque esta suspensión está sustentada, en parte, porque la empresa no ha logrado obtener las sustracciones necesarias de la Reserva Forestal Central, cuando esto no constituye una situación excepcional o fortuita. Además, el Ministerio de Ambiente está evaluando la imposición de otras sanciones por haber realizado actividades mineras sin la sustracción previa de esta reserva, por lo cual existen razones suficientes para que el Ministerio niegue dichas sustracciones”, indicaron, a través de un comunicado, el colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca y el Centro Sociojurídico para la Defensa Ambiental (SIEMBRA).
Puede leer acá la resolución completa:
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