¿Se embolató la ley que buscaba proteger las cavernas colombianas?
El proyecto de ley con el que se quería proteger las cavernas , y que ya había sido aprobado en tres debates sufrió un sorpresivo tropiezo: el Ministerio de Minas pidió archivarlo porque, entre otras razones, “pueden generarse conflictos en torno a derechos mineros”.
César Giraldo Zuluaga
En 1960 se creó el primer Parque Nacional Natural de Colombia. Fue el PNN Cueva de los Guácharos, que se ubica entre los departamentos de Huila, Cauca y Caquetá, y que curiosamente es la única área del país bajo esta figura que cuenta con ecosistemas subterráneos, de allí su nombre. Sin embargo, 62 años después, a pesar de que la espeleología, el campo de estudio que se encarga de explorar estos sistemas, es aún incipiente en el país, los investigadores han identificado centenares de cavernas más y estiman que podrían ser miles, aunque no han sido registradas por las entidades competentes.
Con este panorama en mente, el senador liberal Iván Agudelo reunió a varios investigadores del país para construir un proyecto de ley que delegara funciones y competencias para la protección del patrimonio espeleológico. De allí surgió el Proyecto de ley 643 de 2021, el cual fue aprobado por unanimidad en tres de los cuatro debates que debe pasar antes de convertirse en ley. Pero, a finales de febrero de este año, cuando a la iniciativa solo le restaba discutirse en plenaria de Cámara de Representantes, el Ministerio de Minas y Energías hizo llegar un concepto negativo en el que solicitó archivarlo. (Puede leer: La riqueza que esconde la Colombia cavernícola)
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En 1960 se creó el primer Parque Nacional Natural de Colombia. Fue el PNN Cueva de los Guácharos, que se ubica entre los departamentos de Huila, Cauca y Caquetá, y que curiosamente es la única área del país bajo esta figura que cuenta con ecosistemas subterráneos, de allí su nombre. Sin embargo, 62 años después, a pesar de que la espeleología, el campo de estudio que se encarga de explorar estos sistemas, es aún incipiente en el país, los investigadores han identificado centenares de cavernas más y estiman que podrían ser miles, aunque no han sido registradas por las entidades competentes.
Con este panorama en mente, el senador liberal Iván Agudelo reunió a varios investigadores del país para construir un proyecto de ley que delegara funciones y competencias para la protección del patrimonio espeleológico. De allí surgió el Proyecto de ley 643 de 2021, el cual fue aprobado por unanimidad en tres de los cuatro debates que debe pasar antes de convertirse en ley. Pero, a finales de febrero de este año, cuando a la iniciativa solo le restaba discutirse en plenaria de Cámara de Representantes, el Ministerio de Minas y Energías hizo llegar un concepto negativo en el que solicitó archivarlo. (Puede leer: La riqueza que esconde la Colombia cavernícola)
Los argumentos de la cartera son que ya existen leyes que protegen dicho patrimonio y, el que más polémica despertó, “pueden generarse conflictos en torno a derechos mineros previamente adquiridos, en especial los que están desarrollados en roca caliza y mármol”.
Tanto para la comunidad científica como para los congresistas que impulsan este proyecto, la posición del Ministerio fue sorpresiva. Estos últimos, en cabeza de Agudelo y de Adriana Gómez, representante a la Cámara y ponente, lamentan que la cartera se pronunciara tan tarde, pues la iniciativa iba a ser discutida por última vez la semana pasada. “Se pidió aplazar el debate en plenaria porque el concepto negativo implica que hay una discusión que no se sabe en qué va a terminar. Estamos esperando a que el Ministerio le ponga fecha a la mesa de trabajo que convocaron con las entidades que participaron en la elaboración de este”, explica Gómez.
En el concepto enviado desde el Minminas se citan cinco leyes y decretos que, a criterio de la cartera, ya cumplen con el objetivo principal del proyecto: cuidar los ecosistemas espeleológicos. Sin embargo, para los congresistas esto no es cierto. Según ellos, la normativa vigente no es suficiente para proteger estos sistemas. (Puede interesarle: Así estarían provocando en San Andrés la llegada de tiburones a las costas)
Al margen de la discusión política y jurídica que puede suscitar la iniciativa, los cinco investigadores que trabajan en este campo, y que fueron consultados para este artículo, coinciden en la necesidad de una ley que proteja y regule las actividades que se pueden desarrollar en los ecosistemas subterráneos del país y en sus alrededores. Para Juan Carlos Higuera, espeleólogo y fotógrafo colombiano autor del libro Cavernas de Colombia, “la importancia de estos ecosistemas no se reduce solo a lo biológico, sino que también tienen una serie de elementos geológicos, antropológicos y culturales, entre otros”.
Mientras tanto, Carlos Lasso, coordinador de Biología de la Conservación y Uso de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, quien participó desde lo técnico en la elaboración del proyecto, resalta que desde el campo en el que él se desempeña -la bioespeleología-, y en el cual ha realizado importantes descubrimientos como cangrejos y peces endémicos de cavernas en Santander, “hay biodiversidad terrestre, acuática, lo que llamamos la diversidad macro, que se puede ver a simple vista, y biodiversidad micro, que no se puede ver sino con microscopio. Muchas de esas especies son únicas y endémicas”.
Un punto en el que su colega Yaneth Muñoz-Saba, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, coincide y complementa hablando de los servicios ecosistémicos que brindan las cavernas y otras formas geológicas similares: “Por ejemplo, los guácharos y los murciélagos que las habitan son dispersores de semillas, pueden volar hasta 10 kilómetros para hacerlo. Además, en una noche, pueden consumir hasta una tonelada de insectos, lo que se constituye como un control biológico para evitar plagas”.
Además, como Muñoz y Lasso reseñaron en un trabajo publicado por el Humboldt hace un año, estos ecosistemas inciden en la depuración y disponibilidad de aguas, en la regeneración de bosques, contribuyen en la fertilización de los suelos y generan beneficios económicos y sociales para las comunidades cercanas. (También puede leer: La lideresa que lucha porque el Chocó no se “ahogue” en el mercurio)
El problema, como exponen los tres científicos, tiene que ver con la fragilidad de estos ecosistemas. “Las cavernas son 10.000 veces más frágiles que otros ecosistemas como una sabana o un bosque, porque tienen millones de años de evolución aislados del medio exterior o interdependientes de este. Son como laboratorios, donde las condiciones son más o menos estándar y cuando tienes un sistema así, tan equilibrado, cualquier perturbación, por mínima que sea, altera todo el ciclo biológico que ocurre allá adentro”, explica Lasso.
Es precisamente por la fragilidad, por la riqueza que albergan y, en parte, por el desconocimiento que aún se tiene de estos espacios en el país, que se requiere una ley, dicen los expertos. Una ley que no genere conflictos con las licencias mineras, como argumenta el Minminas, sino que, más bien, contemple esta industria en cercanías de estos ecosistemas. Jesús Fernández-Auderset, espeleólogo europeo, resalta que este es un escenario que ya se vive en el país. “Hay zonas, como la serranía del Perijá, en donde la minería es un desastre ecológico. Pero también está el caso de la reserva de Río Claro, en Antioquia, donde asesoramos a Argos, que extrae mármol, para que conservara este patrimonio”. Según él, la minería podría convertirse en una industria que financie la conservación de las cavernas, “como ya sucede en Europa”, asegura.
Para Lasso, Muñoz y Fernández, la conservación y la minería no son excluyentes, pero se requiere esta ley para que se haga de manera adecuada. Una postura que también ha planteado la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (Fealc). Su presidente, Efraín Mercado, le dijo a este diario que “derrotar un proyecto de ley tan bien hecho y estructurado, a estas alturas, es una pérdida de tiempo”. Mercado le hizo un llamado al Ministerio para que reconsidere su posición, pues la aprobación de la ley es necesaria e, incluso, podría convertirse en un referente para toda América Latina, ya que solo México y Puerto Rico cuentan con leyes de este tipo. (Puede leer: Científicos piden protección de los páramos en Boyacá)
Mientras el Ministerio cita a la reunión de trabajo, Gómez teme que la postura del Gobierno sea respaldada por sus colegas durante el último debate. Por eso espera que en la concertación del proyecto, la cartera y todas las entidades que participaron en su elaboración se pongan de acuerdo para que esta pase “en limpio”, así como lo hizo en los tres debates previos.