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A pesar de la oposición que hicieron los indígenas, así como miembros de la iglesia católica, el gobierno de Bolivia aprobó la construcción de una controversial vía que partiría en dos uno de los puntos con mayor biodiversidad de todo el Amazonas.
Con 300 kilómetros de largo, la vía pasará justo en medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro-Sécure (Tipnis), un área de 10.000 km2 donde viven alrededor de 14.000 indígenas: los Moxeños, los Yurakarés y los Chimanes.
La zona ganó protección en el 2011, pero que podría quedar en riesgo con la construcción de este proyecto. Según un estudio realizado ese mismo año por la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia, la carretera aceleraría la deforestación en el parque nacional en un 64% en 15 años, cifra superior al 43% que se tenía proyectado si no existiera la vía.
Lo curioso es que para Evo Morales, presidente de Bolivia, la resistencia que ha crecido en contra de la construcción de la vía tiene que ver con la “presión de los países desarrollados”. Según cuenta el periódico The Guardian, Morales afirmó que la resistencia no era más que “un ambientalismo colonial que no está interesado en que el movimiento indígena tenga escuelas, hospitales: no están interesados en que el movimiento indígena tenga electricidad o que tengamos autopistas”.
La ley que permite la construcción de la vía fue aprobada por el Senado de Bolivia donde el partido de Morales es mayoría por dos tercios. De hecho, el proyecto fue respaldado por la mayoría de las autoridades locales y el gobernador de Beni, la región del amazonas más grande de este país.
Pero en el aire aún queda un sinsabor con esta decisión, sobre todo en las comunidades que se verán directamente afectadas. Fernando Vargas, miembro de Tipnis, afirmó a The Guardian que este era el inicio de la destrucción de las áreas protegidas en Bolivia y de su pueblo indígena.
Otra de las críticas que tienen los Tipnis ante este proyecto es que le abriría el camino a la minería, los petroleros, la exploración de gas y los cocales.
A pesar de que en el 2012 el gobierno boliviano hizo una consulta en Tipnis, esta fue criticada tanto por la comunidad internacional como el defensor del pueblo de Bolivia quien advirtió que, antes de llevarla a cabo, no hubo un consentimiento libre e informado.