Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La última campaña presidencial en Chile estuvo marcada por los efectos del estallido social del 2019, con el que se inició un proceso de transformación política relevante en el país. Hoy los resultados de ese estallido se expresan, fundamentalmente, en la convención constitucional, que tiene la tarea de proponerle a Chile una nueva carta magna y, después de 40 años, terminar con la herencia de la dictadura militar. Pero, también, los movimientos sociales de ese entonces posibilitaron el acenso de una nueva coalición política al Gobierno, que hoy 11 de marzo del 2022 asumirá con Gabriel Boric como presidente. (Le puede interesar: Gabriel Boric asume la presidencia de Chile, ¿qué retos tiene y qué país recibe?)
Los candidatos que alcanzaron la segunda vuelta de las elecciones, Gabriel Boric y José Antonio Kast, representaban dos propuestas políticas contrapuestas y dos lecturas diferentes respecto del futuro de Chile. José Antonio Kast promovía una postura conservadora, de retorno a los códigos de la guerra fría, mientras seguía de cerca a Trump y Bolsonaro, resistiéndose a una serie de demandas ciudadanas y al proceso constituyente. Por su parte, Gabriel Boric buscaba interpretar las demandas ciudadanas más sentidas y volcarlas en un programa de gobierno que él declaraba como “transformador”. La disputa no fue menor.
Algunas de estas demandas ciudadanas relevantes se enraizaban en nuestra relación con la naturaleza, como la existencia de múltiples zonas de sacrificio ambiental que implican el deterioro de la salud de comunidades locales. También estaba la preocupación por la desenfrenada mega sequía iniciada en Chile central en el 2008 y que sea ha expandido hacia el norte y sur del país. El rol que hasta la fecha juegan en este mega sequia ciertos sectores relevantes, como la agricultura insostenible y las forestales, han dejado sin agua a decenas de localidades rurales en chile y agudizado los conflictos territoriales indígenas. A esto, además, se suman los daños ecológicos producto de la salmonicultura en el sur del país, lo que muestra el complejo panorama ambiental chileno.
Pero el hecho de que el modelo de producción del país esté en el núcleo de cada uno de dichos problemas, le agrega otro nivel de complejidad relevante. Por esto, si el gobierno de Boric quiere aceptar las demandas ciudadanas y encontrar los mecanismos de transformación, el desafío al que se enfrenta es gigante.
En materia de cambio climático, Chile cumple siete de nueve criterios de vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Además, según el WorldRiskIndex, la vulnerabilidad del país se explica por la combinación de una elevada exposición a riesgos naturales junto con una elevada vulnerabilidad de la población. Ante esto, el Gobierno ha dicho que impulsará recuperación y crecimiento verde, rescate de ecosistemas y disminución de las vulnerabilidades de la población. También ha hablado de priorizar la inversión en infraestructura de adaptación al cambio climático para territorios rurales y urbanos, y, sobre todo, avanzar hacia decisiones basadas en la evidencia y participativas. (Le puede interesar: Maisa Rojas, la científica y autora del IPCC que será ministra de Ambiente en Chile)
Sin embargo, el desafío de abordar la crisis del agua que afecta a Chile es aún más grande. La composición del congreso puede dificultar el avance de una legislación que le otorgue al estado más herramientas que permitan balancear el modelo laissez faire del manejo del agua en Chile, para asegurar su condición de bien nacional de uso público. Este modelo, en el que se somete el manejo de los recursos del agua a las reglas del mercado, ha estado vigente desde 1981 y está asociado al origen de varios de los conflictos socioambientales antes mencionados
Además, avanzar hacia la cobertura universal de agua potable y saneamiento requerirá no sólo esfuerzos de inversión, sino también de innovación y gestión, además de un mayor involucramiento con las comunidades, mientras se intenta implementar una históricamente ausente perspectiva de género. La tarea encomendada no es menor.
El programa de Boric ha sido capaz de identificar, hasta el momento, cómo los distintos conflictos socioambientales se interceptan con el cambio climático, la inequidad de género y otras vulnerabilidades producto de la intrínseca inequidad del modelo de desarrollo que llevó el país durante los últimos 30 años. Lograr sostener esta perspectiva y materializarla en el arreglo institucional y las políticas públicas será un gran desafío en sí mismo. En este sentido, la continua participación de una ciudadanía activa se vuelve fundamental. (Le puede interesar: La selva amazónica se acerca a un punto de inflexión crítico, ¿qué significa esto?
Todos estos cambios implican romper con inercias y significarán resistencias. El ahora Presidente ha buscado mantener los equilibrios y la paz social. La implementación del programa permitirá avanzar en ello. Abordar el cambio climático de manera efectiva implica empujar las transformaciones que todas las naciones latinoamericanas y del sur global requerimos para desarrollar nuestra resiliencia frente a los efectos del cambio climático y así evitar sostener nuestro profundamente insostenible espiral de vulnerabilidades.
*Ignacio Araya Areyuna es profesor y coordinador Académico del diplomado “Cambio climático y liderazgos ciudadanos” de la universidad UAHC de Chile. Tiene un Máster en Ciencia de Cambio Climático, Desarrollo y Política de la Universidad de Sussex, Reino Unido.