Cajamarca, el pueblo que prendió la mecha de las consultas populares

Los rumores de que una empresa minera quería hundirse en las entrañas de Tolima para sacar oro empezaron a escucharse hace una década. Un año más tarde, el entonces presidente Álvaro Uribe confirmó esos susurros: reveló que en Cajamarca, Tolima, la empresa Anglo Gold Ashanti había descubierta una de las diez minas de oro más grandes del mundo. La Colosa, el nombre de la mina, daba cuenta de esa magnitud.

De inmediato, profesores y estudiantes de la Universidad del Tolima, campesinos y comerciantes empezaron a hacerse preguntas sobre el proyecto que, según las promesas del gobierno, sería el gran trampolín económico de la región. Así, buscando respuestas que nadie quería darles, nació el Comité Ambiental en Defensa de la Vida.

Entre esos primeros curiosos estaba un biólogo llamado Renzo Alexander García, quien cuenta que “tras mucho indagar e investigar, fuimos viendo que la extracción iba a ser de un oro diseminado, es decir, un gramo de oro por tonelada de roca, y que para hacerlo debían usar cianuro, un químico muy contaminante”. Para la comunidad, la balanza fue inclinándose en contra de las ambiciones del gobierno central y de la empresa minera. Para ellos, pelear era “una obligación ética y moral con la gente, pero además con las generaciones futuras”.

Por esos años, los “amigos del terrorismo” y los “guerrilleros vestido de civil” eran parte del discurso oficial del gobierno Uribe. “Entendíamos que protestar mediante movilizaciones tradicionales nos iba a criminalizar. Por eso, en 2011 nos inventamos la Marcha Carnaval por la Vida, un evento que en el marco del día internacional de medio ambiente quería protestar de manera pacífica, artística y cultural”, cuenta García.

Esa primera marcha reunió a 12.000 personas en Ibagué. Desde entonces, cuenta García, el movimiento social del departamento no paró de crecer: tanto así, que la Marcha Carnaval de este año convocó a 120.000 personas en Ibagué, se extendió a 12 municipios del país y hasta llegó hasta Ciudad de México y Londres, donde pequeños grupos de colombianos hicieron plantones para apoyar a quienes desde Colombia gritaban en defensa del medio ambiente.

Pero se dieron cuenta de que con canciones y pinturas no iban a parar a una multinacional del tamaño de Anglo Gold Ashanti.  Por eso le apostaron a un mecanismo que se ocultaba en la Constitución de 1991: la consulta popular. Su primer intento ocurrió el 28 de julio de 2013, cuando en Piedras, Tolima, el 99% de la gente votó para prohibir la minería en el municipio.

Al día siguiente, el gobierno salió a decir que esos resultados no eran vinculantes. El Comité no se quedó quieto: convocó a abogados como Rodrigo Negrete, a organizaciones como Tierra Digna, Aida y Dejusticia para demostrar, con herramientas jurídicas, el poder real que la Constitución de 1991 deposito en las consultas populares.

Su pelea dio un primer fruto en 2015, cuando el Congreso aprobó la ley 1757 de ese año, en la que se reconoció un mecanismo para convocar consultas populares de origen ciudadano. Si bien se movieron en tres puntos estratégicos el mapa minero del Tolima -Ibagué, Espinal y Cajamarca-, solo el último esfuerzo prosperó. Las otras dos consultas se hundieron en los consejos municipales.

“Para la consulta necesitábamos el 10% de las firmas de todo el universo electoral. Fue una sorpresa porque en 15 días recolectamos las 5.000 firmas que necesitábamos”, dice Alexander García, quien acompañò a los nueves campesinos que, de manera oficial, se inscribieron como los representantes del Comité por la Consulta Popular de Cajamarca en la Registraduría en 2016. La inscripción fue un formalismo: en realidad, son doce los municipios tolimenses por donde se ha regado este movimiento ambiental y social.

Después de que la Registraduría le dio vía libre a la Consulta, empezó una pelea jurídica que se extendió por varios meses: se cambió la fecha de la consulta varias veces, tocó reformular la pregunta, la Registraduría redujo el número de mesas de votación. Todo, en medio de panfletos anónimos que se deslizaban por debajo de las casas campesinas de Cajamarca tildando al Comité de aliados de las Farc.

Finalmente, la fecha se fijó para el 26 de marzo de 2017. Trece días antes, el comité recibió un golpe del que creyeron no iban a levantarse: “el 12 de marzo hubo una elección atípica de alcalde, y ganó el candidato que apoyaba la explotación. Quedamos sumamente desmoralizados. La gente creía que Anglo Gold había ganado”, cuenta García. La respuesta del Comité: recorrer palmo a palmo Cajamarca, invitando a la gente a votar.

El viernes 24 de marzo, cuando los 80 voluntarios ya habían tocado cada puerta de cada vereda del municipio, García y otros tres promotores recibieron un mensaje en sus celulares. Las Águilas Negras los declaraban objetivo militar. Era la segunda vez que recibían amenazas por su activismo. Ellos callaron, pero no por miedo: sabían que hacer pública la amenaza era poner en riesgo la participación de la gente en las votaciones del domingo.

Finalmente llegó el día. Si bien en la mañana circularon mensajes de whatsapp diciendo que las votaciones se habían cancelado, la consulta pasó el umbral y con un 97% de los votos, Cajamarca le dijo No a la explotación minera. Fueron 6.165 personas quienes apoyaron al Comité. Solo 76 dieron un voto a favor de La Colosa. A eso de las cinco de la tarde, la fiesta se tomó al pueblo. Y, conforme pasaron los días y los meses, el movimiento de consultas populares se regó por todo el país.

Como pasó hace cuatro años, tras el éxito aplastante de las consultas, el gobierno central, en cabeza del ministro de Minas, German Arce, ha cuestionado la validez del mecanismo. El actual alcalde del municipio, Pedro Pablo Marín, “quiere montar el discurso de que como se fue Anglo Gold el pueblo se está muriendo de hambre”, cuenta García.  El Comité de Cajamarca, como siempre, no se ha quedado callado. Su respuesta: un sancocho masivo que alcanzó para alimentar a 2.500 personas en la plaza central del pueblo el pasado 26 de noviembre. Quieren probar que la abundancia de esas tierras está en lo que brota de ellas, y no en lo que está incrustado en sus capas más profundas.

Los rumores de que una empresa minera quería hundirse en las entrañas de Tolima para sacar oro empezaron a escucharse hace una década. Un año más tarde, el entonces presidente Álvaro Uribe confirmó esos susurros: reveló que en Cajamarca, Tolima, la empresa Anglo Gold Ashanti había descubierta una de las diez minas de oro más grandes del mundo. La Colosa, el nombre de la mina, daba cuenta de esa magnitud.

De inmediato, profesores y estudiantes de la Universidad del Tolima, campesinos y comerciantes empezaron a hacerse preguntas sobre el proyecto que, según las promesas del gobierno, sería el gran trampolín económico de la región. Así, buscando respuestas que nadie quería darles, nació el Comité Ambiental en Defensa de la Vida.

Entre esos primeros curiosos estaba un biólogo llamado Renzo Alexander García, quien cuenta que “tras mucho indagar e investigar, fuimos viendo que la extracción iba a ser de un oro diseminado, es decir, un gramo de oro por tonelada de roca, y que para hacerlo debían usar cianuro, un químico muy contaminante”. Para la comunidad, la balanza fue inclinándose en contra de las ambiciones del gobierno central y de la empresa minera. Para ellos, pelear era “una obligación ética y moral con la gente, pero además con las generaciones futuras”.

Por esos años, los “amigos del terrorismo” y los “guerrilleros vestido de civil” eran parte del discurso oficial del gobierno Uribe. “Entendíamos que protestar mediante movilizaciones tradicionales nos iba a criminalizar. Por eso, en 2011 nos inventamos la Marcha Carnaval por la Vida, un evento que en el marco del día internacional de medio ambiente quería protestar de manera pacífica, artística y cultural”, cuenta García.

Esa primera marcha reunió a 12.000 personas en Ibagué. Desde entonces, cuenta García, el movimiento social del departamento no paró de crecer: tanto así, que la Marcha Carnaval de este año convocó a 120.000 personas en Ibagué, se extendió a 12 municipios del país y hasta llegó hasta Ciudad de México y Londres, donde pequeños grupos de colombianos hicieron plantones para apoyar a quienes desde Colombia gritaban en defensa del medio ambiente.

Pero se dieron cuenta de que con canciones y pinturas no iban a parar a una multinacional del tamaño de Anglo Gold Ashanti.  Por eso le apostaron a un mecanismo que se ocultaba en la Constitución de 1991: la consulta popular. Su primer intento ocurrió el 28 de julio de 2013, cuando en Piedras, Tolima, el 99% de la gente votó para prohibir la minería en el municipio.

Al día siguiente, el gobierno salió a decir que esos resultados no eran vinculantes. El Comité no se quedó quieto: convocó a abogados como Rodrigo Negrete, a organizaciones como Tierra Digna, Aida y Dejusticia para demostrar, con herramientas jurídicas, el poder real que la Constitución de 1991 deposito en las consultas populares.

Su pelea dio un primer fruto en 2015, cuando el Congreso aprobó la ley 1757 de ese año, en la que se reconoció un mecanismo para convocar consultas populares de origen ciudadano. Si bien se movieron en tres puntos estratégicos el mapa minero del Tolima -Ibagué, Espinal y Cajamarca-, solo el último esfuerzo prosperó. Las otras dos consultas se hundieron en los consejos municipales.

“Para la consulta necesitábamos el 10% de las firmas de todo el universo electoral. Fue una sorpresa porque en 15 días recolectamos las 5.000 firmas que necesitábamos”, dice Alexander García, quien acompañò a los nueves campesinos que, de manera oficial, se inscribieron como los representantes del Comité por la Consulta Popular de Cajamarca en la Registraduría en 2016. La inscripción fue un formalismo: en realidad, son doce los municipios tolimenses por donde se ha regado este movimiento ambiental y social.

Después de que la Registraduría le dio vía libre a la Consulta, empezó una pelea jurídica que se extendió por varios meses: se cambió la fecha de la consulta varias veces, tocó reformular la pregunta, la Registraduría redujo el número de mesas de votación. Todo, en medio de panfletos anónimos que se deslizaban por debajo de las casas campesinas de Cajamarca tildando al Comité de aliados de las Farc.

Finalmente, la fecha se fijó para el 26 de marzo de 2017. Trece días antes, el comité recibió un golpe del que creyeron no iban a levantarse: “el 12 de marzo hubo una elección atípica de alcalde, y ganó el candidato que apoyaba la explotación. Quedamos sumamente desmoralizados. La gente creía que Anglo Gold había ganado”, cuenta García. La respuesta del Comité: recorrer palmo a palmo Cajamarca, invitando a la gente a votar.

El viernes 24 de marzo, cuando los 80 voluntarios ya habían tocado cada puerta de cada vereda del municipio, García y otros tres promotores recibieron un mensaje en sus celulares. Las Águilas Negras los declaraban objetivo militar. Era la segunda vez que recibían amenazas por su activismo. Ellos callaron, pero no por miedo: sabían que hacer pública la amenaza era poner en riesgo la participación de la gente en las votaciones del domingo.

Finalmente llegó el día. Si bien en la mañana circularon mensajes de whatsapp diciendo que las votaciones se habían cancelado, la consulta pasó el umbral y con un 97% de los votos, Cajamarca le dijo No a la explotación minera. Fueron 6.165 personas quienes apoyaron al Comité. Solo 76 dieron un voto a favor de La Colosa. A eso de las cinco de la tarde, la fiesta se tomó al pueblo. Y, conforme pasaron los días y los meses, el movimiento de consultas populares se regó por todo el país.

Como pasó hace cuatro años, tras el éxito aplastante de las consultas, el gobierno central, en cabeza del ministro de Minas, German Arce, ha cuestionado la validez del mecanismo. El actual alcalde del municipio, Pedro Pablo Marín, “quiere montar el discurso de que como se fue Anglo Gold el pueblo se está muriendo de hambre”, cuenta García.  El Comité de Cajamarca, como siempre, no se ha quedado callado. Su respuesta: un sancocho masivo que alcanzó para alimentar a 2.500 personas en la plaza central del pueblo el pasado 26 de noviembre. Quieren probar que la abundancia de esas tierras está en lo que brota de ellas, y no en lo que está incrustado en sus capas más profundas.