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El martes en la noche, en la plenaria del Senado, se aprobó en segundo debate un proyecto de ley presentado por los senadores vallunos Gabriel Velasco, Christian Garcés (Centro Democrático) y Juan Fernando Reyes Kur (Liberal), que busca modificar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Código de Policía- para ampliar los plazos en los que la Policía puede realizar desalojos a ocupantes de inmuebles públicos y privados, así como en áreas de importancia ecológica. (Le recomendamos: Cambios en el PNN Chingaza: aún hay muchas preguntas sin resolver)
Como están las cosas actualmente, la Policía puede impedir o expulsar a quienes inicien la “perturbación” de bienes públicos o privados en las 48 horas siguientes a una denuncia de ocupación. Con la propuesta de modificación de este plazo, la Policía tendría diez días desde que conoce que una o varias personas ocupan un predio para sacarlos.
La segunda novedad es que se comenzaría a reconocer como autoridad policiva a alcaldes y a autoridades ambientales -como las CAR o Parques Nacionales- para que ellos o la misma Policía expulsen de manera “discrecional” a quienes ocupen zonas de reserva forestal, áreas protegidas (como parques o santuarios de flora y fauna) o áreas de importancia ecológica que estén registrados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (Le puede interesar: Paola Andrea Arias, la colombiana que participó en el informe del IPCC)
Como se aprobó en primer lugar, la “acción preventiva” ante la ocupación de estas áreas se podía realizar “en cualquier tiempo adicional a la ocupación” y sugería tener en cuenta a los “sujetos de especial protección que puedan verse involucrados”. Este último punto prendió las alarmas entre algunos senadores, porque abría la puerta para expulsar de manera arbitraria a los miles de habitantes históricos de áreas protegidas del país, sin importar si llevaban allí 15 días o 30 años.
Se modificó este último trozo para delimitar el plazo para un desalojo en áreas de importancia ecológica en diez días y se eliminó la protección de sujetos vulnerables “por considerarla confusa respecto de la ocupación irregular”. A pesar de esta salvedad, el proyecto preocupa a varios defensores ambientales y a los llamados “habitantes históricos” de las áreas protegidas y reservas forestales, así como otras figuras de protección ambiental.
Gabriel Velasco, senador por el Centro Democrático y autor del proyecto, defiende la modificación asegurando que es una manera de luchar contra los “carteles de la tierra”: “Las mafias de la tierra invaden los cerros tutelares de las ciudades y las zonas forestales, y las venden a incautos. Eso es un problema muy serio, la invasión a bienes públicos y privados. Pero veíamos que la Policía no alcanzaba a actuar frente a esto, así que se amplía el tiempo para que actúen, no se pretende afectar a nadie más ni extenderlo a otro tipo de situaciones”. (Le puede interesar: Fragmento del libro “Magdalena. Historia de Colombia” de Wade Davis)
Sin embargo, la gran preocupación gira hacia las llamadas “zonas de importancia ecológica”, que no se reducen a las áreas protegidas, sino que incluye a zonas de reservas forestales, páramos, humedales Ramsar, distritos de conservación de suelos y un largo etcétera.
Sobre cuántos habitantes hay en estas zonas no hay datos claros. Las aproximaciones más recientes datan de 2018, y se calcula que hay unas 300.000 personas viviendo en áreas protegidas. Para darle dimensión a esta medida, Jhenifer Mójica, abogada de la ONG Prodeter, hace el siguiente cálculo: si se suman no solo las áreas protegidas (que representan casi el 20 % del territorio nacional, unos 18’856.000 de hectáreas), sino las zonas de reserva forestal y otro tipo de áreas protegidas (que suman 48’275.517), daría como resultado que el 60 % de Colombia está bajo alguna figura de protección ambiental (y, por ende, sus habitantes estarían susceptibles a desalojos por razones ambientales).
“Hay distintas fórmulas para proteger el medioambiente y solucionar la situación de estas comunidades, muchas de las cuales habitan esos territorios desde hace 20 o 30 años: pueden reubicarlos o convertirlos en restauradores del ecosistema, hacer zonas de reserva campesina con vocaciones ambientales y agrícolas, ampliar resguardos… hay muchas opciones, pero en estas condiciones cualquier persona puede ir ante la Policía y pedir que se recupere un inmueble, y la Policía actúa desde que recibe la denuncia, desde que se “da cuenta” de la ocupación. El traslado de esta función a autoridades ambientales tampoco es buena noticia porque no tiene el músculo o la formación para hacer algo as”, opina Mojica.
Carlos Olaya, abogado ambienta de Dejusticia, precisa que las autoridades ambientales ya tienen potestades policivas y pueden imponer medidas preventivas o iniciar sanciones ambientales. La novedad es que el desalojo se consideraría una medida preventiva que podrían aplicar.
“Creo que es un proyecto desafortunado, porque le pone una carga muy grande a la Policía, y es la obligación de resolver conflictos sociales muy complejos mediante el desalojo sin ninguna distinción entre quién ocupa y en qué condiciones Hay iniciativas por parte del Gobierno como los acuerdos de uso, ocupación y tenencia que promueve Parques, pero al mismo tiempo se hacen operativos como la Operación Artemisa en Parques Nacionales de la Amazonia, en donde hay desalojos y personas que buscan trabajo y supervivencia. Hay una agenda contradictoria, y con razón preocupa a la gente”, explica.
Esta medida de protección ambiental con un componente policivo se suma a la Ley de Delitos Ambientales, que se aprobó la semana pasada, y que adiciona al Código Penal el delito de deforestación (que ahora es de 15 años de cárcel), entre otras medidas, lo que fue aplaudido por muchos porque le da “dientes” a la Fiscalía para perseguir crímenes ambientales. “Para mí el proyecto no le da más dientes a la política ambiental, creo que la hace más inefectiva porque incrementa la conflictividad social”, concluye Olaya.
Hernán Serrano, un campesino de la vereda El Remanso, cuya familia habita dentro de lo que hoy es el Parque Nacional La Paya (Putumayo) desde 1932 (cincuenta años antes de que se instaurara el Parque), también lo inquieta el proyecto. “No somos ocupantes, somos habitantes del territorio. El Parque se hizo mucho después de nosotros haber llegado, y muchos otros, y eso ha sido un problema. Un ejemplo: en el río Caucaya 77 familias hicieron un acuerdo en 1997 con el Gobierno para ser relocalizados. Prometieron tres hectáreas de tierra (poquito para las dinámicas de la Amazonia) y apoyo en emprendimientos para sustituir la coca, y al sol de hoy no hay cumplimiento de eso”.
Cuando se le preguntó al senador Velasco si pensaba en algún punto complementario a las medidas de desalojo, como la relocalización, dijo que no era el espíritu de lo que estaban impulsando. “Queremos proteger cerros tutelares y la propiedad privada, pero 48 horas era muy poco tiempo. Eso es todo”.