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“Le solicitamos respetuosamente al Gobierno Nacional, apelando al principio de precaución, una moratoria al uso de fracturamiento hidráulico o fracking”. Esa es, en suma, la petición que un grupo de expertos les hace a los ministros de Minas y Medio Ambiente y a los directores de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Su propósito no es otro que evitar que se siga adelante con esa polémica técnica con la que Colombia busca explotar combustibles fósiles. O, por lo menos, suspender su aplicación hasta que se tenga una certeza científica sobre su impacto en los suelos y en los ecosistemas del país, hasta que se haya hecho un debate público donde se expongan sus verdaderos riesgos.
Quienes firman la misiva, entregada al pasado viernes a las autoridades, son Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental y exministro de Medio Ambiente; Mary Lou Higgins, directora de WWF Colombia; César Rodríguez Garavito, socio fundador de Dejusticia, y Diana Rodríguez Franco, investigadora principal de esta organización.
En el documento piden, entre otras cosas, una moratoria al fracking hasta que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo: que existan estudios independientes, con bases científicas, sobre los posibles impactos ambientales, sociales y de salud pública de las actividades de fracturamiento hidráulico; que se lleven a cabo análisis independientes sobre la situación de las aguas superficiales y subterráneas en los sitios donde se planea hacer la exploración, o que un tercero verifique que las entidades encargadas cuentan con la capacidad técnica para evaluar los estudios de impacto ambiental.
“Consideramos —se lee en la carta— que sólo cuando el Gobierno garantice las anteriores condiciones y genere así el conocimiento previo necesario para una reglamentación técnica, podrá diseñar responsablemente dicha reglamentación”.
El sustento para hacer la petición es el principio de precaución, esencia del derecho ambiental que opera cuando hay riesgo por una actividad humana que puede generar algún daño y que además se considera grave, genera incertidumbre y no tiene bases científicas. Todo ello, según los autores, se da con esta práctica que, según el viceministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, elevará sustancialmente las reservas de crudo de Colombia, tal y como ha sucedido en Estados Unidos.
Según dijo Cabrales hace dos semanas, para darle vía libre al fracking, del cual hay seis contratos firmados para iniciar exploraciones en el valle del Magdalena Medio y el Catatumbo, se realizaron talleres en los que participaron expertos y académicos de las universidades de MIT, Stanford, Pensilvania y Texas.
”Trabajamos durante dos años con 24 expertos internacionales para crear un marco regulatorio que permitiera hacer la actividad de manera responsable”, aseguró.
Sin embargo, tras revisar el reglamento técnico y otros documentos expedidos por el Ministerio de Minas, los autores de la carta advierten una serie de dudas: “El borrador de los Términos de Referencia no hace requerimientos de escalas adecuados a la eventual contaminación de acuíferos”; “Se permite realizar operaciones de estimulación hidráulica en pozos que se encuentran a tan sólo 200 metros de un pozo de agua construido con fines de consumo, irrigación y uso agropecuario”; “El borrador de los Términos de Referencia parece permitir el vertimiento de aguas residuales del proceso de extracción o producción a cuerpos de agua con potencial uso humano”, y “existen serias dudas sobre el proceso de participación que se surtió frente a este tema”.
Esas son algunas de las razones por las que este grupo llama a que se haga un análisis más profundo y detallado antes de implementar la práctica, que consiste en hacer una perforación de forma vertical de 1.000 a 5.000 metros para luego hacer una especie de fractura horizontal. Así se logra llegar a las rocas donde está contenido el hidrocarburo y se puede extraer después de inyectar una mezcla de agua, arena y agentes químicos.
Partiendo de la base de que países como Francia, Australia o Bulgaria la han prohibido temporalmente, Rodríguez Becerra, Rodríguez Garavito, Rodríguez Franco y Higgins quieren un diálogo mucho más abierto, con más información. Más amplio y más democrático.