Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por estos días, mientras en Dubái transcurría la Cumbre de Cambio Climático y se discutía con fervor cómo lograr transitar a un mundo más sostenible y menos desigual, en TikTok se hacía viral un video en el que un niño se acerca al actor Sylvester Stallone y recita unas líneas de su personaje Rocky: “El mundo no es todo sol y arco iris. Es un lugar muy mezquino y desagradable que te pondrá de rodillas y te mantendrá allí permanentemente si se lo permites”. (Lea “No podemos parar el cambio climático si no frenamos la pérdida de biodiversidad”)
Al menos en términos energéticos la frase es irrefutable. La cantidad de energía disponible para cada ser humano en la Tierra ha crecido 700 veces desde principios del siglo XIX. Pero ha sido un crecimiento desigual. Mientras una persona en EE.UU. gasta unos 216 kWh al día, en Alemania consume unos 112, en China alrededor de 85 y en la India apenas 19,5.
Más energía significa más emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, una responsabilidad diferenciada ante la crisis climática. Estados Unidos, por ejemplo, con apenas el 4 % de la población mundial, es responsable del 24 % de las emisiones. En América Latina y el Caribe somos responsables del 5 % de todas las emisiones mundiales con un 8 % de la población mundial, pero en la región existen brechas abismales: el 10 % más rico emite el 40 % de las emisiones.
De ahí el mantra que se ha comenzado a repetir con más fuerza en las negociaciones climáticas: una transición justa. Victor Menotti, de la Campaña Mundial para Exigir Justicia Climática, comentó durante una rueda de prensa en la COP, apenas dos días antes del cierre esperado, “que la sociedad civil exige que la transición sea justa, rápida y con financiación”. “Justa”, explicó, “significa que ellos [los países desarrollados] van primero en deshacerse (phase out) de los combustibles fósiles y deben aportar dinero para que otros países lo hagan. Rápido significa que sea en línea con el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París”.
No por nada, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recalcó que las últimas 24 horas de la COP28 en Dubái son claves en dos frentes: “Les pido a los países ambición en comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también ambición en entregar justicia climática”. (Lea Acción climática sin endeudarse: la propuesta que lidera Colombia en la COP28)
“Sabemos que la transformación no ocurrirá de la noche a la mañana. La descarbonización creará millones de trabajo, pero los gobiernos deben asegurar apoyo y protección a los que serán más impactados. Las necesidades de países en desarrollo, dependientes de los combustibles fósiles, deben ser consideradas”, agregó.
Tantas transiciones como países
El programa de trabajo de transición justa que se discute en la COP28 surgió hace un año, en Sharm-el-Sheik (Egipto), con la idea de discutir las dimensiones económicas y sociales de un mundo que se aleja de los combustibles fósiles. En concreto, los países deben discutir sobre los distintos “caminos de transición justa” para alcanzar las metas del Acuerdo de París.
Según comenta Laura Castillo, encargada de política ambiental en la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, lo que se ha planteado al en las salas de negociación es que existen “tantas transiciones como países”.
El concepto de transición justa existe desde la década de 1980. Fue adoptado en aquel momento por el movimiento de los sindicatos estadounidenses para proteger a los trabajadores afectados por las nuevas normativas sobre contaminación del agua y el aire. Ahora, en las negociaciones climáticas, intenta convertirse en un lenguaje que atraviese cada medida y avance en mitigación, adaptación y financiación, que son las tres grandes dimensiones sobre las que gira el Global Stocktake (balance global), un mandato del Acuerdo de París en su artículo 14.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define esa transición justa como “ecologizar la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.
Según un informe publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los principios de la transición justa ya se reflejan en el 38 % de los planes climáticos a corto plazo —Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)— que se han trazado los países y en el 56 % de las estrategias a largo plazo —Long-term Strategies (LTS). Aunque hay que aclarar aquí que todas las promesas de los países por ahora apuntan a que vamos rumbo a un peligroso incremento del 2,4 ºC al 2,6 °C en la temperatura media del planeta.
Una evaluación llevada a cabo por el Fondo Verde para el Clima y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras revisar 8.726 estudios sobre transición justa, detectó que un alto número de las intervenciones se están realizando en países de renta media, como Indonesia, India, Sudáfrica y China. Según esta evaluación, buscar una transición justa implica algunos factores críticos, como la necesidad de mecanismos de financiación sólidos, una fuerte alineación con las necesidades y prioridades, la voluntad política y la apropiación, junto al diálogo social y la participación de las partes interesadas.
Durante un foro dedicado al tema en la COP28, Rabiatou Ahmadou, del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, afirmaba con firmeza: “No queremos que esta nueva era sea una nueva era de colonialismo. Queremos saber cómo vamos a transitar de un mundo de energía fósil a las nuevas energías renovables”. Una pregunta para la que nadie tiene una respuesta clara.
Vuelve y juega la polarización
Como en otros espacios de la cumbre, los países se posicionan en dos bandos. Por un lado, los desarrollados —liderados en esta discusión por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá—, quienes prefieren mantener la definición de transición justa en el ámbito del trabajo y como un tema que cada país debe resolver por su cuenta. Por el otro, los países en desarrollo, que promueven la idea de ampliar el concepto hacia otros grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas), que quieren que se establezcan ciertos marcos de entendimiento común sobre qué es una transición justa.
“Algo que se está discutiendo es la necesidad de operacionalizar las decisiones. Es decir, si esto va a ser un compromiso real sobre cómo estamos implementando esta transición, con resultados concretos, o solo nos vamos a quedar con diálogos de buenas prácticas”, asegura Laura Castillo.
Hasta el cierre de esta edición, el último borrador disponible de la discusión incluye un programa de diálogos que funcionará por dos años hasta informar de sus resultados a la COP y al siguiente balance mundial. El texto completo, sin embargo, aún puede cambiar en las próximas horas.
Surgen muchas preguntas cuyas respuestas solo irán apareciendo en el camino de negociaciones en los próximos años: ¿cómo se regulará la reducción gradual de combustibles fósiles? Y si la meta es multiplicar por tres el uso de energía solar antes de 2030, ¿cómo facilitar que los países más pobres se integren en ese proceso? ¿Cómo lograr que las nuevas metas de financiación, que deberían por fin llegar a US$100.000 millones anuales se distribuyan equitativamente y de acuerdo con la vulnerabilidad de cada país? ¿Quiénes deberían aportar más al nuevo Fondo de Pérdidas y Daños que se logró configurar en esta COP en Dubái?
El futuro limpio y justo para América Latina
El panorama para América Latina es más optimista. Para el Global Energy Monitor, la región tiene el potencial de aumentar su capacidad instalada de energía solar y eólica en un 460 % para 2030. Por su parte, el Latin America Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía dice que, por su alto potencial renovable y minerales críticos, “podrían contribuir de forma importante a la seguridad energética mundial y a la transición hacia energías limpias con los paquetes de políticas adecuados, además de impulsar la propia transición de la región y generar importantes beneficios para las economías locales tras una década de lento crecimiento”.
“La transición debe minimizar los impactos con una participación efectiva de todas las partes involucradas. Y esto es principalmente para evitar vulneraciones de derechos humanos en nombre de la acción climática”, dice Felipe Pino, encargado de programas de la ONG Fima, quien además es uno de los autores del informe “De la descarbonización a la transformación”, un estudio de varias organizaciones sociales en el que se plantean algunos de los desafíos de la región para lograr que su transición no deje a nadie atrás.
Ninguna COP ha resuelto todas las preguntas y los retos. El desafío en el camino estará en hacerlo de una manera menos mezquina y desagradable que la del siglo XX.
*Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Fue producido en el marco de la iniciativa Comunidad Planeta en la COP28.