Celsia no ha vendido sus proyectos eólicos en La Guajira, pero sí lo está considerando

Aunque en varios medios de comunicación se ha informado que Celsia abandonará sus proyectos eólicos en La Guajira, en realidad, le confirmó esa empresa a El Espectador, la decisión no está tomada. Los rumores comenzaron desde el miércoles, cuando la empresa desarrolló una asamblea abierta con sus accionistas. Allí presentó un balance de su año y, cuando llegó el momento de pasar revista a los proyectos en La Guajira, la compañía informó que estaban viviendo retrasos y problemas en varios ámbitos y que no se descartaba la idea de venderlos y abandonar la iniciativa. Aunque no es un hecho, sí está siendo considerado.

Este jueves la compañía se vio obligada a sacar un comunicado en el que reitera que “seguirá trabajando para sacar adelante las licencias de los proyectos, y tendrá abiertas todas las posibilidades frente al desarrollo de estos”. Celsia deja claro que hay problemas que necesitan ser atendidos. Menciona en específico tres: dificultades con las comunidades para el cierre de las consultas previas; demoras en obtener o modificar las licencias ambientales; e imposibilidades técnicas para entrar en operación en las fechas comprometidas por el atraso en la entrega de las líneas de refuerzo de transmisión.

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Esos problemas, dice la compañía, la ha obligado a considerar la continuación de los proyectos Acacia y Camelias, que suman ambos 330 MW. Lo cierto es que los problemas alrededor de los proyectos de energía eólica en Colombia no son nuevos. A mediados de enero pasado, El Espectador reportaba en este artículo que varios proyectos estaban detenidos o habían sido suspendidos debido a las barreras institucionales, la complejidad de negociar con las comunidades Wayuu y la falta de claridad en el marco normativo.

El asunto no es nada sencillo. En lo que tiene que ver con las consultas con las comunidades, por ejemplo, basta saber que en La Guajira viven más de 480.000 indígenas Wayuu, de acuerdo con las proyecciones de población del DANE para 2024, y componen más del 46 % de la población de ese departamento. Este pueblo se divide en clanes o castas, de las que se estima que hay 30. Y estos a su vez se dividen en Apushi (familias), cada una de las cuales tiene una autoridad ancestral, que es elegida y reconocida por las familias, y una autoridad tradicional, designada por el Estado y reconocida en los procesos administrativos. Todo esto hace difícil que surja un único liderazgo que represente a todo el pueblo.

Hay otros problemas. Por ejemplo, durante los procesos de consulta previa, las comunidades indígenas tienen derecho a contar con un asesor técnico que tenga conocimientos sobre proyectos de energías renovables, con el fin de garantizar un acceso adecuado a la información y las implicaciones de la obra que se realizará en sus territorios. Pero podría haber problemas de imparcialidad en el rol de este asesor, porque aunque lo escoge la comunidad, lo paga la empresa. Otro aspecto problemático es la falta de capacidades por parte del Estado para atender al proceso de consulta.

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Varias de estas situaciones son las que aduce Celsia para estar considerando la venta de sus proyectos. Aunque la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reconoció que no conoce en detalle el caso, sí se refirió a aspectos generales de la situación. “Vamos a examinar la situación concreta. Lo que nos ha pasado en el pasado es que las empresas a veces presentan estudios muy deficientes para el licenciamiento ambiental. La Anla ha abierto un proceso desde junio del año pasado de diálogo permanente con las empresas, y precisamente utilizan un poco el golpe mediático para decir que la licencia no ha funcionado, pero lo que nosotros estamos haciendo en este país es que ese desarrollo se haga con responsabilidad”, dijo Muhamad.

“Siempre hemos estado desde la Anla abiertos a recibir todas las inquietudes de las empresas, a trabajar de la mano con ellos, hemos lanzado un plan de seminarios y capacitaciones de cómo presentar bien sus estudios de impacto ambiental, les hemos mostrado los estudios que presentan los consultores que contratan, los hemos invitado a que supervisen, que la responsabilidad es de la empresa, no pueden delegar. La licencia ambiental no es una checklist, es un proceso de planificación serio para responderle a la sociedad que los proyectos no van a tener unos impactos. Es un proceso de concertación social y de responsabilidad. Decirle a Celsia que las puertas están abiertas y vamos a revisar exactamente qué pasó”, agregó la ministra.

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Aunque en varios medios de comunicación se ha informado que Celsia abandonará sus proyectos eólicos en La Guajira, en realidad, le confirmó esa empresa a El Espectador, la decisión no está tomada. Los rumores comenzaron desde el miércoles, cuando la empresa desarrolló una asamblea abierta con sus accionistas. Allí presentó un balance de su año y, cuando llegó el momento de pasar revista a los proyectos en La Guajira, la compañía informó que estaban viviendo retrasos y problemas en varios ámbitos y que no se descartaba la idea de venderlos y abandonar la iniciativa. Aunque no es un hecho, sí está siendo considerado.

Este jueves la compañía se vio obligada a sacar un comunicado en el que reitera que “seguirá trabajando para sacar adelante las licencias de los proyectos, y tendrá abiertas todas las posibilidades frente al desarrollo de estos”. Celsia deja claro que hay problemas que necesitan ser atendidos. Menciona en específico tres: dificultades con las comunidades para el cierre de las consultas previas; demoras en obtener o modificar las licencias ambientales; e imposibilidades técnicas para entrar en operación en las fechas comprometidas por el atraso en la entrega de las líneas de refuerzo de transmisión.

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Esos problemas, dice la compañía, la ha obligado a considerar la continuación de los proyectos Acacia y Camelias, que suman ambos 330 MW. Lo cierto es que los problemas alrededor de los proyectos de energía eólica en Colombia no son nuevos. A mediados de enero pasado, El Espectador reportaba en este artículo que varios proyectos estaban detenidos o habían sido suspendidos debido a las barreras institucionales, la complejidad de negociar con las comunidades Wayuu y la falta de claridad en el marco normativo.

El asunto no es nada sencillo. En lo que tiene que ver con las consultas con las comunidades, por ejemplo, basta saber que en La Guajira viven más de 480.000 indígenas Wayuu, de acuerdo con las proyecciones de población del DANE para 2024, y componen más del 46 % de la población de ese departamento. Este pueblo se divide en clanes o castas, de las que se estima que hay 30. Y estos a su vez se dividen en Apushi (familias), cada una de las cuales tiene una autoridad ancestral, que es elegida y reconocida por las familias, y una autoridad tradicional, designada por el Estado y reconocida en los procesos administrativos. Todo esto hace difícil que surja un único liderazgo que represente a todo el pueblo.

Hay otros problemas. Por ejemplo, durante los procesos de consulta previa, las comunidades indígenas tienen derecho a contar con un asesor técnico que tenga conocimientos sobre proyectos de energías renovables, con el fin de garantizar un acceso adecuado a la información y las implicaciones de la obra que se realizará en sus territorios. Pero podría haber problemas de imparcialidad en el rol de este asesor, porque aunque lo escoge la comunidad, lo paga la empresa. Otro aspecto problemático es la falta de capacidades por parte del Estado para atender al proceso de consulta.

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Varias de estas situaciones son las que aduce Celsia para estar considerando la venta de sus proyectos. Aunque la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reconoció que no conoce en detalle el caso, sí se refirió a aspectos generales de la situación. “Vamos a examinar la situación concreta. Lo que nos ha pasado en el pasado es que las empresas a veces presentan estudios muy deficientes para el licenciamiento ambiental. La Anla ha abierto un proceso desde junio del año pasado de diálogo permanente con las empresas, y precisamente utilizan un poco el golpe mediático para decir que la licencia no ha funcionado, pero lo que nosotros estamos haciendo en este país es que ese desarrollo se haga con responsabilidad”, dijo Muhamad.

“Siempre hemos estado desde la Anla abiertos a recibir todas las inquietudes de las empresas, a trabajar de la mano con ellos, hemos lanzado un plan de seminarios y capacitaciones de cómo presentar bien sus estudios de impacto ambiental, les hemos mostrado los estudios que presentan los consultores que contratan, los hemos invitado a que supervisen, que la responsabilidad es de la empresa, no pueden delegar. La licencia ambiental no es una checklist, es un proceso de planificación serio para responderle a la sociedad que los proyectos no van a tener unos impactos. Es un proceso de concertación social y de responsabilidad. Decirle a Celsia que las puertas están abiertas y vamos a revisar exactamente qué pasó”, agregó la ministra.

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