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Entre las propuestas que están generando más conflictos ambientales y sociales en Colombia, quizá una de las primeras en la lista es la de utilizar el fracking para explorar yacimientos no convencionales. A pesar de que el discurso contra el extractivismo se hace cada vez más fuerte a escala global —pues son claras las consecuencias climáticas y ambientales que ha dejado—, el Ministerio de Minas y Energía ha insistido en que el fracking es una medida necesaria mientras se transita a un esquema energético basado en renovables.
En ese debate sobre qué se debe hacer con esta técnica, se podría decir que el país llegó a un punto gris: en el 2019 el Consejo de Estado dio luz verde para que se realicen proyectos piloto de fracking que permitan tener más información sobre las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la técnica. Esto, claro, bajo ciertas condiciones. Varias de estas quedaron planteadas en el informe que el Comité de Expertos sobre fracking, un grupo interdisciplinario de académicos que conocen del tema, publicó ese mismo año.
Aunque el documento plantea varias propuestas, una clave para que los pilotos sean viables es que haya transparencia en la información. “Los integrantes de la Comisión pudieron experimentar la dificultad que representa buscar acceso a información disponible en instituciones del Estado, que es de interés público. Fue muy difícil tener acceso a toda la información que se consideró relevante para analizar algunos de los aspectos centrales del mandato que le fue encomendado”, señala el informe. Más adelante exige que para que se adelante cualquier piloto los datos deben ser públicos y de fácil acceso. “Toda la información sobre el fracking en el Reino Unido se puede consultar digitalmente en Development of onshore oil and gas industry in the UK: Document collection page”, es el ejemplo que dan.
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En la práctica —a través del Decreto 328 de 2020— esta recomendación pasó a convertirse en el Centro de Transparencia que, se supone, debe ser el canal de comunicación con la ciudadanía y donde estará centralizada toda la información sobre los pilotos. Sin embargo, varios expertos creen que el Centro no se está construyendo con legitimidad, pues el Ministerio de Minas firmó un convenio con Ecopetrol para que este último se encargue de “la planeación, construcción, liberación, estabilización y apropiación de una solución digital para el Centro de Transparencia”. Según el documento, la solución digital costará $15.060’943.321, de los cuales el Ministerio solo aportará $417’284.753 en especie (el 3 %), entendiendo el aporte en especie como “las horas-hombre de los trabajadores asignados”.
Guillermo Rudas, máster en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la University College of London (Reino Unido), cree que es “el típico caso del ratón cuidando del queso”. Ecopetrol, encargado de la solución digital del Centro, es también la empresa que realizará el piloto de fracking llamado Kalé en Puerto Wilches (Santander). “Una de las cosas que se me hace más delicadas es que Ecopetrol esté encargado de la parte técnica, de los datos, porque el tema de transparencia fue un punto fundamental que puso la Comisión. Es clave que la información sea confiable, objetiva y balanceada”.
Una posición similar tiene David Uribe, miembro del Programa Socioambiental de Podion y de la Alianza Colombia Libre de Fracking. “Si ellos están detrás del mecanismo por el cual, se supone, la ciudadanía puede acceder a toda la información, entonces quién garantiza que no hagan un manejo tendencioso de esto”, se pregunta. “Se supone que estos pilotos son para generar datos imparciales, independientes y científicos, pero el sistema institucional que se ha ido creando para ello no parece indicarlo”.
Sin embargo, según le explicó Ecopetrol a El Espectador, el convenio lo que hace es obedecer a los principios de colaboración armónica entre entidades públicas. Señalan que ellos solo cooperarán “en la construcción de una solución digital cuyas características define el Ministerio”. Indican, por ejemplo, que el convenio dice explícitamente que “el Ministerio es el responsable de definir qué características debe tener la solución digital y qué tipo de información debe cargarse en la misma” y que “el Ministerio, como cabeza del sector de minas y energía, tiene el deber de considerar los intereses de las diversas partes interesadas.
Al aportar nuestras capacidades digitales, contribuimos a que el país tenga una herramienta que empodera al ciudadano. Tal como lo establece la normativa, el Centro de Transparencia del Ministerio brinda información de acceso a la ciudadanía, la cual puede ser consultada y analizada por los diversos grupos de interés. Además, se genera un escenario propicio para que en Colombia se impulsen las capacidades de analítica de datos y se fortalezca el ecosistema digital”.
Pero las preguntas sobre la firma de este convenio van más allá de la legitimidad, ya que estaría omitiendo dos recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos: la licencia social y la transparencia en rendición de cuentas. “Ambos temas se enmarcan en dos derechos humanos: acceso a la información y participación”, comenta Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. En otras palabras, el hecho de que Ecopetrol haga parte en cómo se accederá a la información sobre fracking no ayuda a la reconstrucción de la confianza de las comunidades. “Esto es especialmente problemático en contextos empobrecidos, con alta conflictividad e inequidad histórica y estructural”.
Las palabras de Madrigal no son menores. En febrero de este año, líderes que se oponen a los pilotos de fracking en Puerto Wilches han recibido amenazas, lo cual indica que ya hay un asunto mayor de desconfianza. Que la creación del Centro de Transparencia, el cual se supone que debe existir para evitar esto, tenga dudas de por medio no ayuda.
Pero para Juan Pablo Ruiz Soto, uno de los expertos que hizo parte de la Comisión, el proceso ha estado atropellado desde el comienzo. Ruiz cree que tanto el convenio entre Ecopetrol y el Ministerio de Minas como los términos de referencia que firmó el Ministerio de Ambiente (algo así como el mapeo de cuáles son los recursos naturales y sociales que existen en la zona del proyecto y cómo se podrían ver afectados por el fracking) debieron tener en cuenta la participación de la comunidad y además, estar publicados en un espacio público que se pueda consultar fácilmente. En esencia, se hicieron las cosas al revés y alguna figura similar al Centro se debió crear incluso antes de firmar cualquier convenio.
Además, a Ruiz le preocupan tres puntos. Uno es que tanto Ecopetrol como Minminas —ambas partes interesadas en que el fracking despegue— sean quienes determinen qué información tendrá el Centro y la forma cómo será publicada. “Ellos podrán mostrar los resultados que sean útiles para ellos y esconder los que no”. Igualmente, no ve con buenos ojos que en el Comité que le hará seguimiento al convenio (cláusula 5 del documento) no se incluya un tercero imparcial. “Para garantizar que el producto de la ejecución, el convenio, genere confianza, deberían ser invitados al Comité representantes de la comunidad y pares académicos”.
Y la parte que termina por derrumbar la idea de transparencia con la que se creó el Centro, para él, es que se mencione que “las partes se comprometen a mantener la reserva de la información clasificada o reservada que hayan recibido, o a la que hubieren tenido acceso, con ocasión de la ejecución del presente convenio” (cláusula 17). “A pesar de que en el documento se habla de que se podrá adquirir información a través de derechos de petición, como lo indica la ley, dado que los pilotos se programan como de ejecución abierta y pública, no debería existir la necesidad de acudir a un derecho de petición para conocer información relacionada”. De nuevo, la idea es que todo lo que tenga que ver con los pilotos de fracking sea público y de fácil acceso. Es el principio de transparencia que, en el 2019, los expertos plantearon para evitar que los conflictos ambientales y sociales se agudicen en el país.
Al cierre de esta edición, El Espectador no recibió respuesta del Ministerio de Minas y Energía sobre el convenio firmado con Ecopetrol.