Clamor caucano contra la minería ilegal

Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.

El par de párrafos, que habían llegado por un mensaje de texto y estaban firmados por las Águilas Negras, también mencionaban como blanco a Sabino Lucumí Chocó, presidente del Consejo Comunitario, y a los líderes Eduar Mina, John Jairo Valverde y Francia Márquez. Era una advertencia más en medio de las muchas que han recibido en los últimos meses los pobladores de Suárez por oponerse a la minería ilegal. Una actividad que este fin de semana unió en una protesta a indígenas nasas, campesinos y pueblos afros.

“Hicimos una minga en defensa del territorio, del río Ovejas, porque la minería está destruyendo lo que es nuestro. Es una marcha en solidaridad con los pobladores de Suárez y Buenos Aires. Ellos han tenido que ver cómo desplazan a 17 familias y cómo el río, que es donde también nosotros pescamos, empieza a contaminarse. Nos unimos para de una vez por todas proteger nuestros recursos”.

Quien habla es Andrés Almendra, uno de los líderes nasa del territorio ancestral Sat Tama Kiwe. Él, junto con integrantes del resguardo de la laguna de Siberia y otros cinco resguardos indígenas más, organizó esa caminata de tres días que arrancó el viernes en la vereda Puente Real, en la vía Panamericana, y desembocó ayer en Suárez y Buenos Aires, al norte del Cauca. Su iniciativa no es más que un intento por poner fin a un problema que empezó a afectar a las comunidades afros en agosto de 2014 y que pese a innumerables reuniones con las autoridades, nadie ha podido contener.

Desde entonces la región se ha llenado de acentos paisas, cachacos y pastusos que no dejan de preguntar por el oro. Para encontrarlo han invadido con varias retroexcavadoras —y con metrallas y amenazas— el río Ovejas. Su insistencia ha hecho que el Cauca se convierta en un epicentro minero. Como lo reportó en abril de 2014 la Universidad Javeriana (Cali), en el informe “Contexto minero colombiano y regional del norte del Cauca”, a 2012 se habían otorgado 241 títulos para explorar 350 mil hectáreas. Otras 652 solicitudes estaban en marcha. Esa cantidad comprometía el 50% del departamento.

Los intentos para alejar esas máquinas, que han removido las tierras y han menguado la pesca, no han sido pocos. Por ejemplo, el 1° de octubre el Consejo Comunitario de La Toma se reunió con la Gobernación, la Defensoría, la Alcaldía y los ministerios de Minas, Interior y Medio Ambiente, para evitar que el panorama de Chocó y del norte antioqueño se empezara a replicar en su territorio. Las promesas, cuentan, quedaron en veremos.

En ese mismo estado han permanecido los compromisos que lograron firmar con los mismos ministerios el 11 y 12 del pasado diciembre en Bogotá. Aquella vez 60 mujeres y 26 integrantes de la Guardia Cimarrona viajaron hasta la capital en un intento desesperado por hacer cumplir los pactos. Las amenazas, le dijo por esos días a El Espectador Francia Márquez, “nos están agobiando. Ellos nos están quitando nuestros recursos para la pesca y la minería artesanal”.

Pero en palabras de Charo Mina, otra líder de la comunidad afro, muy poco se ha cumplido. “Ya han pasado dos meses desde esos acuerdos y aún no hay resultados. Las autoridades se comprometieron a hacer operativos de desmantelamiento de la minería ilegal, a promover reparaciones para nuestros barequeros y a cumplir la sentencia T-1045A de 2010 que los obliga a suspender la actividad minera. Pero nada se ha hecho y la respuesta del Ministerio del Interior ha sido esquiva. Ahora resulta que ya tenemos desplazamiento forzado y más amenazas. Por todo eso es que se ha hecho esta minga, que no es más que una acción de solidaridad interétnica promovida por los indígenas”, dice Mina.

Este último recurso llega después de que varios académicos se sumaran a la voz de protesta. Con una carta dirigida al presidente Santos en 2014 habían advertido el inminente riesgo. “Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico. Nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas”, escribían investigadores del Instituto Pensar, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, del Instituto de Estudios Ambientales de la U. Nacional, del Instituto de Bioética de la Javeriana y del Observatorio de Expansión Minera y Resistencias.

De hecho, en un informe del pasado 29 de enero, la Defensoría del Pueblo ratifica lo contado por Mina, Márquez y Almendra. “Funcionarios —se lee en el documento— evidenciaron la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado. Sus aguas están profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas. Asimismo, la Defensoría tuvo conocimiento sobre nuevas amenazas contra líderes sociales, sentenciándolos a morir si insisten en oponerse a la minería ilegal”.

Sin embargo, para Maritza Mosquera, directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Mininterior, “esta cartera ha estado muy atenta a cumplir los compromisos pactados. El 22, 23 y 24 enero viajamos a Suárez para concertar una ruta metodológica. Pero fue difícil llegar a un acuerdo porque la comunidad nos pide más de 40 reuniones en la primera fase. Nosotros tenemos más un papel de coordinador con las otras instituciones para que cumplan”.

Y uno de los que más responsabilidad tiene es el Minminas, que debe hacer, entre otras cosas, un censo de mineros artesanales y suspender los títulos otorgados. El Espectador intentó contactarse sin éxito con alguno de sus voceros.

Pero Aída Quiñones, profesora de la Javeriana, integrante del Observatorio de Expansión Minera y quien ha acompañado a las mujeres caucanas en este largo proceso, ve el tema con otro ojos. “Las respuestas de las autoridades han sido inocuas, vacías. La Policía sí ha hecho operativos, pero también ha puesto en riesgo a los pobladores. Cada vez que los hacen aparecen más amenazas. No hay un operativo integral ni un seguimiento”, asegura.

Ese último, justamente, ha sido uno de los mayores inconvenientes. Tan intermitente ha sido la intervención de las autoridades, que el 29 de diciembre la población decidió confrontar a los mineros ilegales y sacar las retroexcavadoras con sus manos. “Pero eso —cuenta Charo— de muy poco sirve. Ya hay rumores de que otras 15 retros se movilizaban hacia el Ovejas. También se sabe que no demoran en llegar otras tantas a Santander de Quilichao”.

El sábado, como le contó a este diario una fuente de la Fiscalía, hubo consejo de seguridad en la zona, citado por el secretario de Gobierno municipal. Ese mismo día la Policía capturó a varios mineros ilegales. Entre el afán también se llevó por error a tres barequeros. No tuvo más remedio que liberarlos luego y pedir perdón.

ssilva@elespectador.com

@SergioSilva03

Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.

El par de párrafos, que habían llegado por un mensaje de texto y estaban firmados por las Águilas Negras, también mencionaban como blanco a Sabino Lucumí Chocó, presidente del Consejo Comunitario, y a los líderes Eduar Mina, John Jairo Valverde y Francia Márquez. Era una advertencia más en medio de las muchas que han recibido en los últimos meses los pobladores de Suárez por oponerse a la minería ilegal. Una actividad que este fin de semana unió en una protesta a indígenas nasas, campesinos y pueblos afros.

“Hicimos una minga en defensa del territorio, del río Ovejas, porque la minería está destruyendo lo que es nuestro. Es una marcha en solidaridad con los pobladores de Suárez y Buenos Aires. Ellos han tenido que ver cómo desplazan a 17 familias y cómo el río, que es donde también nosotros pescamos, empieza a contaminarse. Nos unimos para de una vez por todas proteger nuestros recursos”.

Quien habla es Andrés Almendra, uno de los líderes nasa del territorio ancestral Sat Tama Kiwe. Él, junto con integrantes del resguardo de la laguna de Siberia y otros cinco resguardos indígenas más, organizó esa caminata de tres días que arrancó el viernes en la vereda Puente Real, en la vía Panamericana, y desembocó ayer en Suárez y Buenos Aires, al norte del Cauca. Su iniciativa no es más que un intento por poner fin a un problema que empezó a afectar a las comunidades afros en agosto de 2014 y que pese a innumerables reuniones con las autoridades, nadie ha podido contener.

Desde entonces la región se ha llenado de acentos paisas, cachacos y pastusos que no dejan de preguntar por el oro. Para encontrarlo han invadido con varias retroexcavadoras —y con metrallas y amenazas— el río Ovejas. Su insistencia ha hecho que el Cauca se convierta en un epicentro minero. Como lo reportó en abril de 2014 la Universidad Javeriana (Cali), en el informe “Contexto minero colombiano y regional del norte del Cauca”, a 2012 se habían otorgado 241 títulos para explorar 350 mil hectáreas. Otras 652 solicitudes estaban en marcha. Esa cantidad comprometía el 50% del departamento.

Los intentos para alejar esas máquinas, que han removido las tierras y han menguado la pesca, no han sido pocos. Por ejemplo, el 1° de octubre el Consejo Comunitario de La Toma se reunió con la Gobernación, la Defensoría, la Alcaldía y los ministerios de Minas, Interior y Medio Ambiente, para evitar que el panorama de Chocó y del norte antioqueño se empezara a replicar en su territorio. Las promesas, cuentan, quedaron en veremos.

En ese mismo estado han permanecido los compromisos que lograron firmar con los mismos ministerios el 11 y 12 del pasado diciembre en Bogotá. Aquella vez 60 mujeres y 26 integrantes de la Guardia Cimarrona viajaron hasta la capital en un intento desesperado por hacer cumplir los pactos. Las amenazas, le dijo por esos días a El Espectador Francia Márquez, “nos están agobiando. Ellos nos están quitando nuestros recursos para la pesca y la minería artesanal”.

Pero en palabras de Charo Mina, otra líder de la comunidad afro, muy poco se ha cumplido. “Ya han pasado dos meses desde esos acuerdos y aún no hay resultados. Las autoridades se comprometieron a hacer operativos de desmantelamiento de la minería ilegal, a promover reparaciones para nuestros barequeros y a cumplir la sentencia T-1045A de 2010 que los obliga a suspender la actividad minera. Pero nada se ha hecho y la respuesta del Ministerio del Interior ha sido esquiva. Ahora resulta que ya tenemos desplazamiento forzado y más amenazas. Por todo eso es que se ha hecho esta minga, que no es más que una acción de solidaridad interétnica promovida por los indígenas”, dice Mina.

Este último recurso llega después de que varios académicos se sumaran a la voz de protesta. Con una carta dirigida al presidente Santos en 2014 habían advertido el inminente riesgo. “Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico. Nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas”, escribían investigadores del Instituto Pensar, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, del Instituto de Estudios Ambientales de la U. Nacional, del Instituto de Bioética de la Javeriana y del Observatorio de Expansión Minera y Resistencias.

De hecho, en un informe del pasado 29 de enero, la Defensoría del Pueblo ratifica lo contado por Mina, Márquez y Almendra. “Funcionarios —se lee en el documento— evidenciaron la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado. Sus aguas están profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas. Asimismo, la Defensoría tuvo conocimiento sobre nuevas amenazas contra líderes sociales, sentenciándolos a morir si insisten en oponerse a la minería ilegal”.

Sin embargo, para Maritza Mosquera, directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Mininterior, “esta cartera ha estado muy atenta a cumplir los compromisos pactados. El 22, 23 y 24 enero viajamos a Suárez para concertar una ruta metodológica. Pero fue difícil llegar a un acuerdo porque la comunidad nos pide más de 40 reuniones en la primera fase. Nosotros tenemos más un papel de coordinador con las otras instituciones para que cumplan”.

Y uno de los que más responsabilidad tiene es el Minminas, que debe hacer, entre otras cosas, un censo de mineros artesanales y suspender los títulos otorgados. El Espectador intentó contactarse sin éxito con alguno de sus voceros.

Pero Aída Quiñones, profesora de la Javeriana, integrante del Observatorio de Expansión Minera y quien ha acompañado a las mujeres caucanas en este largo proceso, ve el tema con otro ojos. “Las respuestas de las autoridades han sido inocuas, vacías. La Policía sí ha hecho operativos, pero también ha puesto en riesgo a los pobladores. Cada vez que los hacen aparecen más amenazas. No hay un operativo integral ni un seguimiento”, asegura.

Ese último, justamente, ha sido uno de los mayores inconvenientes. Tan intermitente ha sido la intervención de las autoridades, que el 29 de diciembre la población decidió confrontar a los mineros ilegales y sacar las retroexcavadoras con sus manos. “Pero eso —cuenta Charo— de muy poco sirve. Ya hay rumores de que otras 15 retros se movilizaban hacia el Ovejas. También se sabe que no demoran en llegar otras tantas a Santander de Quilichao”.

El sábado, como le contó a este diario una fuente de la Fiscalía, hubo consejo de seguridad en la zona, citado por el secretario de Gobierno municipal. Ese mismo día la Policía capturó a varios mineros ilegales. Entre el afán también se llevó por error a tres barequeros. No tuvo más remedio que liberarlos luego y pedir perdón.

ssilva@elespectador.com

@SergioSilva03