Colombia, el segundo país donde asesinaron más líderes ambientales en 2021

Sandra Liliana Peña Chocué era una defensora indígena nasa. Se oponía a los cultivos ilícitos de coca, principalmente en Cauca, su región. Por eso, una de sus principales labores era promover los procesos de erradicación manual de estos cultivos, un trabajo que le acarreó diversas amenazas de muerte. El 20 de abril de 2021, hombres armados la obligaron a salir de su casa, ubicada en el resguardo indígena de La Laguna-Siberia, en Caldono, para asesinarla. (Puede leer: Desde 2012 en Colombia han asesinado a 322 líderes ambientales)

Esa misma labor de transformar su territorio la compartía con Fredy Pestana Herrera, un líder comunitario que trabajaba en procesos relacionados con la restitución de tierras de las víctimas del conflicto armado en Acandí, Chocó. También coordinó la implementación de un sendero ecológico en uno de los principales corredores por donde transitan los migrantes en esta zona del país. El 9 de diciembre de 2021 su cuerpo fue hallado sin vida.

Así como Sandra y Fredy, en la última década en el mundo han sido asesinados 1.731 líderes y lideresas, según la ONG Global Witness que elabora cada año un informe en el que presentan el panorama mundial, las consecuencias de estos homicidios y las estrategias para prevenirlos. En su más reciente documento, reveló que en 2021 se registraron 200 homicidios en el mundo. De ellos, 33 fueron en Colombia. México es el país donde más se presentaron asesinatos (54).

Aunque Colombia mostró una disminución en los homicidios, pues en 2020 se reportaron 65, la ONG señala que no significa que la situación esté mejorando. “Las cifras actuales siguen siendo impactantes, y aunque estos datos pueden ir y venir cada año, siguen siendo muy altos”, aclara la entidad. De las 33 muertes reportadas en 2021, 27 estuvieron relacionadas con la protección de la tierra y seis por luchar contra la expansión de cultivos ilegales.

Óscar Sampayo, defensor ambiental en contra del fracking en el Magdalena Medio y quien recientemente ha recibido amenazas de muerte, asegura que “los defensores de los derechos humanos y ambientales y los líderes comunitarios continúan enfrentando ataques, a pesar de las esperanzas del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Las consecuencias de la violencia se sienten particularmente en los grupos más vulnerables, incluidos los pequeños agricultores y los pueblos indígenas”.

Los grupos indígenas, aunque representan el 5 % de la población mundial, han sido los más vulnerables, a pesar de que son los guardianes más efectivos de bosques y recursos naturales. Según cifras de WWF, sus prácticas ancestrales han asegurado la conservación del 80 % de la biodiversidad del planeta y los bosques que habitan proveen 1/3 de la solución al cambio climático. Solo en Colombia, de los 33 asesinatos reportados el año pasado, 16 eran en comunidades indígenas.

Es una situación que no mejora en el mundo, pues, advierte Global Witness, “los ataques contra esta comunidad continuó una vez más, con más del 40 % de todos los ataques fatales. La mayoría de homicidios en esta población se presentaron en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas”. También un dato perturbador: uno de cada diez de los defensores asesinados en 2021 eran mujeres, de ellas casi dos tercios eran indígenas. (Le puede interesar: Homenaje: ellos son los 33 líderes colombianos que fueron asesinados en 2021)

Además, advierte la organización, estas comunidades fueron el objetivo de uno de los 12 asesinatos en masa reportados. En Nicaragua, por ejemplo, grupos criminales mataron a 15 defensores de los pueblos indígenas miskitu y mayangna que luchaban por los derechos indígenas y de la tierra. Otros de los casos se presentaron en México, donde ocurrieron cuatro asesinatos en masa, y Filipinas, que fue escenario de tres.

Las lideresas también han sido una de las poblaciones más afectadas, pues enfrentan un doble desafío: uno es proteger los recursos naturales y el otro ganarse el derecho a liderar. A los ojos de los investigadores de la organización, “la violencia de género es desproporcionadamente utilizada contra las mujeres para controlarlas, silenciarlas y reprimir su poder y autoridad como lideresas”. De los 200 asesinatos reportados en 2021, uno de cada diez era una mujer.

La ONG resaltó los riesgos a los que se enfrentan los pequeños agricultores, pues 50 fueron asesinados en este año. Entre sus principales amenazas, advierte el informe, están “la mercantilización y privatización de la tierra para la agricultura industrial, básicamente porque los acuerdos de tierras ignoran los derechos de tenencia local”. Esta actividad es una de las principales fuentes de sustento de la mayoría de la población pobre de las zonas rurales del mundo.

Para los investigadores, gran parte del aumento de la violencia, los asesinatos y la represión contra los defensores está vinculado, principalmente, a los conflictos por la tierra y a la búsqueda de un crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales. Colombia, por ejemplo, tiene la mayor concentración de latifundios en América Latina. Es decir, es el país con mayor acaparamiento de tierra. Un 1 % de la población posee el 81 % de la tierra.

Además de los problemas derivados por la protección de la tierra, el conflicto armado ha sido otro de los riesgos para las y los defensores. “Estas situaciones suelen ser prolongadas y con el doble de probabilidades de repetirse en los primeros cinco años que otros tipos de problemáticas. Se van alimentando aún más por crisis como el cambio climático, la crisis democrática y la migración masiva”, dice el informe.

En el caso de Colombia, el país se ha convertido en uno de los que tienen el mayor número de asesinatos registrados en diez años, según las cifras recopiladas por Global Witness, principalmente por el conflicto armado. En esta década se han reportado 322 asesinatos. “Esto ha provocado el desplazamiento de casi siete millones de personas y el despojo a gran escala de sus tierras”, añade el documento.

La corrupción, impulsada por la creciente demanda de alimentos o combustible, ha desempeñado un factor determinante en los homicidios a líderes y lideresas. El informe resalta que en la última década se ha visto un aumento en el acaparamiento de tierras para la minería, la tala y la agroindustria. Entre los actores que se confabulan para apropiarse de estas tierras, advierten, están las corporaciones, fondos de inversión extranjeros, funcionarios estatales y los gobiernos. (Lea también: Acuerdo de Escazú supera un nuevo debate y pasa a plenaria de Cámara)

Mientras en Colombia aún se espera que se ratifique el Acuerdo de Escazú, que busca, entre otras cosas, la protección de los líderes y lideresas ambientales, Global Witness recomienda “restablecer los espacios de diálogo con la sociedad civil relacionados con la situación de los defensores de derechos humanos, implementar una hoja de ruta que garantice el entorno seguro y favorable para los líderes y lideresas e impulsar la construcción de una política integral de protección”.

Sandra Liliana Peña Chocué era una defensora indígena nasa. Se oponía a los cultivos ilícitos de coca, principalmente en Cauca, su región. Por eso, una de sus principales labores era promover los procesos de erradicación manual de estos cultivos, un trabajo que le acarreó diversas amenazas de muerte. El 20 de abril de 2021, hombres armados la obligaron a salir de su casa, ubicada en el resguardo indígena de La Laguna-Siberia, en Caldono, para asesinarla. (Puede leer: Desde 2012 en Colombia han asesinado a 322 líderes ambientales)

Esa misma labor de transformar su territorio la compartía con Fredy Pestana Herrera, un líder comunitario que trabajaba en procesos relacionados con la restitución de tierras de las víctimas del conflicto armado en Acandí, Chocó. También coordinó la implementación de un sendero ecológico en uno de los principales corredores por donde transitan los migrantes en esta zona del país. El 9 de diciembre de 2021 su cuerpo fue hallado sin vida.

Así como Sandra y Fredy, en la última década en el mundo han sido asesinados 1.731 líderes y lideresas, según la ONG Global Witness que elabora cada año un informe en el que presentan el panorama mundial, las consecuencias de estos homicidios y las estrategias para prevenirlos. En su más reciente documento, reveló que en 2021 se registraron 200 homicidios en el mundo. De ellos, 33 fueron en Colombia. México es el país donde más se presentaron asesinatos (54).

Aunque Colombia mostró una disminución en los homicidios, pues en 2020 se reportaron 65, la ONG señala que no significa que la situación esté mejorando. “Las cifras actuales siguen siendo impactantes, y aunque estos datos pueden ir y venir cada año, siguen siendo muy altos”, aclara la entidad. De las 33 muertes reportadas en 2021, 27 estuvieron relacionadas con la protección de la tierra y seis por luchar contra la expansión de cultivos ilegales.

Óscar Sampayo, defensor ambiental en contra del fracking en el Magdalena Medio y quien recientemente ha recibido amenazas de muerte, asegura que “los defensores de los derechos humanos y ambientales y los líderes comunitarios continúan enfrentando ataques, a pesar de las esperanzas del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Las consecuencias de la violencia se sienten particularmente en los grupos más vulnerables, incluidos los pequeños agricultores y los pueblos indígenas”.

Los grupos indígenas, aunque representan el 5 % de la población mundial, han sido los más vulnerables, a pesar de que son los guardianes más efectivos de bosques y recursos naturales. Según cifras de WWF, sus prácticas ancestrales han asegurado la conservación del 80 % de la biodiversidad del planeta y los bosques que habitan proveen 1/3 de la solución al cambio climático. Solo en Colombia, de los 33 asesinatos reportados el año pasado, 16 eran en comunidades indígenas.

Es una situación que no mejora en el mundo, pues, advierte Global Witness, “los ataques contra esta comunidad continuó una vez más, con más del 40 % de todos los ataques fatales. La mayoría de homicidios en esta población se presentaron en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas”. También un dato perturbador: uno de cada diez de los defensores asesinados en 2021 eran mujeres, de ellas casi dos tercios eran indígenas. (Le puede interesar: Homenaje: ellos son los 33 líderes colombianos que fueron asesinados en 2021)

Además, advierte la organización, estas comunidades fueron el objetivo de uno de los 12 asesinatos en masa reportados. En Nicaragua, por ejemplo, grupos criminales mataron a 15 defensores de los pueblos indígenas miskitu y mayangna que luchaban por los derechos indígenas y de la tierra. Otros de los casos se presentaron en México, donde ocurrieron cuatro asesinatos en masa, y Filipinas, que fue escenario de tres.

Las lideresas también han sido una de las poblaciones más afectadas, pues enfrentan un doble desafío: uno es proteger los recursos naturales y el otro ganarse el derecho a liderar. A los ojos de los investigadores de la organización, “la violencia de género es desproporcionadamente utilizada contra las mujeres para controlarlas, silenciarlas y reprimir su poder y autoridad como lideresas”. De los 200 asesinatos reportados en 2021, uno de cada diez era una mujer.

La ONG resaltó los riesgos a los que se enfrentan los pequeños agricultores, pues 50 fueron asesinados en este año. Entre sus principales amenazas, advierte el informe, están “la mercantilización y privatización de la tierra para la agricultura industrial, básicamente porque los acuerdos de tierras ignoran los derechos de tenencia local”. Esta actividad es una de las principales fuentes de sustento de la mayoría de la población pobre de las zonas rurales del mundo.

Para los investigadores, gran parte del aumento de la violencia, los asesinatos y la represión contra los defensores está vinculado, principalmente, a los conflictos por la tierra y a la búsqueda de un crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales. Colombia, por ejemplo, tiene la mayor concentración de latifundios en América Latina. Es decir, es el país con mayor acaparamiento de tierra. Un 1 % de la población posee el 81 % de la tierra.

Además de los problemas derivados por la protección de la tierra, el conflicto armado ha sido otro de los riesgos para las y los defensores. “Estas situaciones suelen ser prolongadas y con el doble de probabilidades de repetirse en los primeros cinco años que otros tipos de problemáticas. Se van alimentando aún más por crisis como el cambio climático, la crisis democrática y la migración masiva”, dice el informe.

En el caso de Colombia, el país se ha convertido en uno de los que tienen el mayor número de asesinatos registrados en diez años, según las cifras recopiladas por Global Witness, principalmente por el conflicto armado. En esta década se han reportado 322 asesinatos. “Esto ha provocado el desplazamiento de casi siete millones de personas y el despojo a gran escala de sus tierras”, añade el documento.

La corrupción, impulsada por la creciente demanda de alimentos o combustible, ha desempeñado un factor determinante en los homicidios a líderes y lideresas. El informe resalta que en la última década se ha visto un aumento en el acaparamiento de tierras para la minería, la tala y la agroindustria. Entre los actores que se confabulan para apropiarse de estas tierras, advierten, están las corporaciones, fondos de inversión extranjeros, funcionarios estatales y los gobiernos. (Lea también: Acuerdo de Escazú supera un nuevo debate y pasa a plenaria de Cámara)

Mientras en Colombia aún se espera que se ratifique el Acuerdo de Escazú, que busca, entre otras cosas, la protección de los líderes y lideresas ambientales, Global Witness recomienda “restablecer los espacios de diálogo con la sociedad civil relacionados con la situación de los defensores de derechos humanos, implementar una hoja de ruta que garantice el entorno seguro y favorable para los líderes y lideresas e impulsar la construcción de una política integral de protección”.