Hacia el medio día de este miércoles, 25 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se está llevando a cabo en Nueva York, Colombia depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú. De esta manera, el país se convierte, oficialmente, en el Estado Parte N°. 17 de este acuerdo regional.
La diligencia fue realizada por el presidente Gustavo Petro, quien asistió en compañía de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el canciller, Gilberto Murillo; la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata; y, el Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jorge Rojas Rodríguez.
En el depósito del instrumento de ratificación del Acuerdo también estuvo presente José Manuel Salazar-Xirinachs, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“Con esta ratificación, Colombia se posiciona como un líder en la implementación de principios que protegen los derechos humanos y fortalecen la gobernanza ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con un futuro donde todas las voces sean escuchadas en la defensa de nuestro entorno.”, expresó luego de la diligencia la ministra Muhamad a través de su cuenta en X (antes Twitter).
Para Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, una de las ONG que más impulsó la firma y ratificación de este acuerdo en el país, “es un día fundamental en todo el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú”, sobre todo si se tiene en cuenta que el proceso en Colombia tomó cinco años, desde que el expresidente Iván Duque firmó el Acuerdo, el Congreso lo aprobó y, en agosto de este año, la Corte Constitucional lo declaró exequible.
Para explicar en qué consiste el Acuerdo y no perderse en los términos de las leyes y los códigos, hace un par de años el abogado Mauricio Madrigal, entonces director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (hoy en WWF), tenía una buena una analogía. Imagínese, aseguraba, “que se establecieron unos ‘pisos mínimos’ que deben tener los países en ciertos asuntos, los cuales permiten fortalecer la democracia ambiental en la región. Además, lo importante es que fueron construidos con la participación de muchas personas de la sociedad civil y representantes de gobiernos. Eso permitió consolidar algo clave en este proceso: una gran red de cooperación”.
Esos “pisos mínimos” sobre los que se deberían parar los Estados latinoamericanos se podrían dividir, como escribió el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2019, en cuatro grandes grupos. El primero permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para que no vuelvan a suceder crímenes de defensores ambientales. “Establece —apuntaba Uprimny— una protección especial a los defensores ambientales”.
En otras palabras, escribió Madrigal junto al abogado Luis Felipe Guzmán-Jiménez en el libro Información Participación y Justicia Ambiental (2020), el Acuerdo de Escazú “pretende generar estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas en la región”.
Otro de los puntos que suelen resaltar quienes han participado en la creación de este acuerdo tiene que ver lo que dejó su construcción. Como en ella participaron muchos líderes, organizaciones y académicos que vigilaron el proceso y sugirieron cambios (tenían voz, pero no voto), eso permitió la creación de una gran plataforma de actores ambientales de toda Latinoamérica.
Sin embargo, como explicábamos hace algunas semanas en este artículo, al país le espera un gran reto tras la aprobación de Escazú. Ahora, inicia un proceso de implementación que debe articular a varias instituciones del país y que tiene tres enfoques: información, acceso a la justicia y participación ciudadana.
Mientras tanto, Torres, de Ambiente y Sociedad, asegura que desde la sociedad civil estarán atentas y participarán de manera activa en el proceso de implementación. En otras, solicitarán activamente a las entidades competentes que el proceso de implementación integre a las comunidades que el Acuerdo busca proteger.
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