Colombia logró la cifra más baja de deforestación en décadas, ¿podrá sostenerla?

Este lunes, 8 de julio, se conoció el consolidado de las cifras de deforestación en el país, un monitoreo que se realiza desde 2001 y que diagnostica un problema que afecta a los principales bosques del país, en especial a la Amazonía.

Este lunes, 8 de julio, se conoció el consolidado de las cifras de deforestación en el país, un monitoreo que se realiza desde 2001 y que diagnostica un problema que afecta a los principales bosques del país, en especial a la Amazonía.

Colombia registró la cifra de deforestación más baja en los últimos 23 años, con una reducción del 36 % frente a la reportada en el último informe, confirmando una tendencia que se presenta desde 2021. Ese año se reportaron 174.103 hectáreas (ha) deforestadas, que pasaron a 123.517 en 2022 y 79.256 ha en 2023. Eso representa pasar de 173.000 a 111.000 canchas de fútbol deforestadas por año en el país.

La cifra es alentadora, por ejemplo, porque se registró una disminución en los departamentos que suelen concentrar la mayor cantidad de área deforestada. En Caquetá, se perdieron 12.647 ha, un 34 % menos que en el 2022; en Guaviare, 11.467 ha, con una reducción del 27 %; en Putumayo, 10.852 ha, un 52 % menos; y en Meta, 10.310 ha, un 37 % menos que en el año anterior. Estos departamentos, que componen el arco de deforestación amazónica, son claves porque son la puerta de entrada a la Amazonía, donde están 38.8 de los 51.9 millones de ha de bosque de Colombia.

También fueron buenas noticias para los Parques Nacionales Naturales (PNN), que representaron el 5,9 % del área deforestada en 2023, con 4.682 ha, mientras que en 2022 contribuyeron con 12.449 ha, el 10 % de la cifra total. En los que se dio la mayor reducción de bosque fue en el PNN Sierra de La Macarena, que pasó de 2.738 a 804 ha deforestadas entre 2022 y 2023; el PNN Serranía de Chiribiquete, que pasó de 1.272 a 731 ha; y el PNN Tinigua, pasando de 4.878 a 667 ha perdidas.

Sin embargo, las noticias no son tan alentadoras en otros, como Santander, Vaupés y Amazonas, en donde incrementó la cantidad de área perdida. Algo similar ocurrió en municipios como La Pedrera, en Amazonas, y Calamar, en Guaviare, pues también incrementaron el área deforestada con respecto a 2022.

Durante la presentación de los resultados, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que hay cinco estrategias en las que están trabajando para mantener la tendencia a la baja en la deforestación. Una es el programa Conservar Paga, en el que se le da un incentivo de $900.000 a cada familia en departamentos del arco de deforestación amazónico para que conserven una porción de bosque. Otra son las negociaciones de paz con los actores armados que hay en esos territorios, en las que son claves las conversaciones con la disidencia del Estado Mayor Central. En las tres restantes está el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la investigación criminal y el despliegue de la fuerza pública.

Pero, la cifra consolidada no evidencia un problema que han advertido desde el Minambiente y organizaciones de la sociedad civil que hacen monitoreo a la deforestación en el país, y por la que, como lo reconoce Muhamad, sería difícil mantener una cifra tan baja en 2024. De acuerdo con las alertas tempranas de abril, el último trimestre de 2023 y el primero de 2024 presentaron una escalada en la cantidad de hectáreas deforestadas, especialmente en la Amazonía.

Aunque se trata de un fenómeno que ocurre siempre durante esos meses en cualquier año, por la temporada de sequía en la región, el Ministerio de Ambiente reconoció entonces que las autoridades no esperaban un repunte a ese nivel: el primer trimestre de 2024 habría aumentado un 40 % la deforestación con respecto a 2022. Algunos expertos temen que, más allá de las estrategias del Gobierno, haya otros factores que están incidiendo en el comportamiento de la deforestación, como la presencia de actores armados, y creen que es necesario discutir la efectividad de programas como Conservar Paga.

La deforestación a pequeña y gran escala

Durante 2023, el Ministerio de Ambiente vinculó a 2.000 familias al programa Conservar Paga que, en términos simples, consiste en que las familias reciban un incentivo por firmar un acuerdo de conservación de un área de bosque. Además, hay 10.000 familias que están en proceso de firmar para empezar a cumplir esta función, explicó Muhamad.

“Actualmente, está focalizado en 14 municipios en la Amazonía, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y en el sur del Meta”, añade Lina Moros, profesora asociada de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y Ph. D. en Ciencias y Tecnologías Ambientales de la U. Autónoma de Barcelona. Esos son los municipios que han concentrado la mayor parte de la deforestación en el país.

Uno de los incentivos para que más familias se vinculen, apuntó Muhamad, “es que nos comprometimos a triplicar el incentivo”, que pasaría de $900.000 a $2.700.000. La justificación para aumentarlo es que durante 2023 el 85 % de las familias habrían cumplido con sus acuerdos de conservación. Pero, Moros cree que hay que cuestionar varias cosas antes de considerar que la estrategia está siendo exitosa.

Para la docente, los pagos por servicios ambientales funcionan en contextos en los que la deforestación se da a pequeña escala, cuando la pérdida de bosque está relacionada con la ampliación de potreros ganaderos. “En este caso, un incentivo a la conservación puede apoyar la estructura de ingresos de las familias y funcionar como un ‘colchón’ financiero que detenga la deforestación”, dice. Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), este tipo de programas plantean algo positivo y es que brindan oportunidades de “reconversión productiva” para que las personas puedan pensar en vivir de conservar el bosque.

Eso debe acompañarse de estrategias como pagos diferenciados según el área que conserve cada familia, algo que ha demostrado buenos resultados en otros países. En Conservar Paga, los pagos se dan de manera “uniforme”, sin distinguir las hectáreas que conserva o restaura cada familia. A eso, Moros suma que no hay un seguimiento claro para determinar si la estrategia está funcionando en Colombia, porque los sistemas de información son “deficientes”.

En el arco de deforestación amazónico, como explica Botero, la pérdida de bosque se da también a gran escala. Cuando es así, está relacionada con otros problemas: la praderización para el acaparamiento de tierras, la construcción de vías ilegales, la presencia de actores armados y el narcotráfico. “Un incentivo a la conservación en este contexto sirve, pero no es suficiente sin el debido control territorial”, puntualiza Moros.

Sobre esto, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en marzo de 2024 en la que aseguraba que el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas Farc, regulaba por medio de directrices la deforestación en esa región del país. Esto quiere decir, asegura Botero, que tanto los aumentos como las disminuciones podían explicarse, en parte, por la acción de ese grupo armado, explicando el repunte que se presentó a finales de 2023 y 2024, este último “uno de los trimestres más fuertes en términos de deforestación en los últimos seis años”.

En medio de la rueda de prensa, la ministra Muhamad reconoció que la incertidumbre que se ha presentado en las mesas de negociación con el EMC ha afectado la dinámica territorial. “En algunos puntos hay mesa de paz total, en donde estamos buscando llegar a un acuerdo que permita dar una salida de fondo, para no mantener estos ciclos de aumento y reducción de la deforestación”, expresó.

Las alertas tempranas de deforestación del segundo trimestre de 2024 se han mantenido en niveles similares a 2023, por tratarse de la temporada de lluvias, pero el trimestre que preocupa es el último del año, cuando se espera un nuevo repunte. Aunque este año pueda cerrar con cifras negativas frente a la reducción que se dio en 2023, “es importante que el Gobierno piense en esquemas a mínimo 5 años, en modos de financiación y de gestión de la información que aseguren la continuidad de lo que funciona” en las estrategias de contención de la deforestación.

En esto coincide Botero, para quien la presencia institucional del Estado es clave para hacer sostenible el proceso. Esto también aplica para los PNN, pues allí también ejercen control los grupos armados, un punto “que debe ponerse sobre las mesas de diálogo con el EMC”.

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