Estamos ante una gran emergencia planetaria que empeora debido a la crisis sanitaria, a la pérdida de naturaleza y al cambio climático. De ahí que, las decisiones que tomemos y las acciones que realicemos este año y en la próxima década sean determinantes para el futuro del planeta y la humanidad; tanto para limitar el aumento de la temperatura global, como para revertir la curva de pérdida de naturaleza, y a la vez encaminar al mundo hacia un verdadero desarrollo sostenible con justicia para todos.
Esto no será posible si no repensamos nuestros valores y nuestra relación con la naturaleza y con quienes viven inmersos en sus territorios y hacen posible su conservación. Si no entendemos que, detrás de nuestros hábitos de consumo hay actividades que no solo generan un impacto negativo en los ecosistemas, sino que también amenazan la seguridad, la vida y bienestar de comunidades enteras, va a ser muy difícil que logremos cambios estructurales en la forma como producimos y consumimos, y que nos beneficien a todos. Para evitar, reducir/mitigar y/o compensar los daños, necesitamos que todos los sectores de la sociedad puedan ejercer sus derechos, informarse, tomar decisiones y actuar para un futuro más sostenible y resiliente.
Y aunque en Colombia contamos con herramientas e instrumentos para proteger el ambiente, y propiciar la participación ciudadana, éstos no son suficientes ni efectivos para garantizar los derechos en materia ambiental. Ya cumplimos 30 años desde la Constitución Política de 1991, que consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, con un alcance constitucional a la participación ciudadana en materia ambiental; 28 años de la legislación ambiental (Ley 99 de 1993); y 27 años de la primera ley de participación ciudadana. Y seguimos siendo el lugar más riesgoso para la defensa del ambiente.
Somos el 6to país con más conflictos ambientales en el mundo. De acuerdo con el último informe de Global Witness, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores del territorio y la naturaleza. Así mismo, el informe señala que un importante número de muertes en el mundo y en Colombia están asociadas a la oposición de los líderes a proyectos minero-energéticos, o a la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. La mitad de las víctimas registradas en todo el mundo fueron indígenas.
En este contexto de urgencia, las contradicciones de los mecanismos para la acción ambiental refuerzan la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú en el país. Este tratado es el primer instrumento jurídicamente vinculante que busca garantizar el acceso a la información oportuna en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables. Promueve además la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia ambiental frente a daños al ambiente y los derechos humanos.
Colombia participó activamente en las negociaciones del Acuerdo y el Presidente Iván Duque lo firmó en diciembre 2019 y lo radicó en el Congreso en julio de 2020. Sumado a esto, ya se realizaron espacios de discusión con el Congreso donde participaron los gremios, líderes ambientales y sociales, así como organizaciones de la sociedad civil para aclarar todas las dudas, y en cada uno de estos espacios se demostró que Colombia definitivamente necesita su ratificación.
Escazú entró en vigencia el pasado 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, después de que 12 naciones de América Latina lo ratificaran (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay).
¿Por qué entonces Colombia sigue en deuda de ratificar este importante instrumento? Son muchos los mitos que se han generado en torno al Acuerdo, y que han tenido especial resonancia por parte de los gremios productivos. En una semana definitiva para el Acuerdo, es urgente que quede claro que, con este instrumento, ganamos todos.
El Acuerdo no reduce la seguridad jurídica para inversiones y desarrollo de proyectos. En lugar de afectar la inversión privada, busca mejores condiciones sociales para su realización, pues está en sintonía con las directrices de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la CAF, el BID y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), a la cual Colombia se incorporó oficialmente en abril 2020 (ahora el país forma parte de este club de naciones cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor). En la región, México y Chile también son miembros.
Tampoco es cierto que el Acuerdo atente contra la soberanía nacional; es más, establece principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, y contrario a lo que se ha dicho, busca fortalecer la institucionalidad ambiental, las políticas públicas y procedimientos ambientales. Además, contiene disposiciones que le permitirán al país superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental.
Hoy más que nunca es urgente ratificar el Acuerdo de Escazú y demostrar que hay voluntad política para fortalecer nuestra democracia ambiental y garantizar los derechos y la seguridad para todos los líderes y lideresas que dedican sus vidas a la conservación ambiental. Solo con comunidades prósperas, seguras, con acceso a la información de los proyectos que involucren directamente sus territorios y ejerciendo sus derechos, sin amenazas, podremos garantizar la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible. Es la hora de proteger a quienes nos protegen, asegurar la participación ciudadana y la protección de medio ambiente.