Colombia tendrá nuevas áreas protegidas, pero aún hay dudas por resolver

En los primeros dos días de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), el presidente Iván Duque ha hecho varias promesas que se han llevado algunos aplausos, pero también han dejado muchas preguntas sin respuestas. Ayer hizo una más de la que ya había dado algunas pistas: aseguró que para el 2022 el Gobierno declarará el 30 % del territorio colombiano bajo alguna figura de protección. Con esta decisión adelantó una meta que ya se había acordado entre varios países que busca que el 30 % del planeta esté protegido para 2030. (Lea: COP26: breve guía para entender por qué todos hablan de cambio climático)

Pero, como ha pasado con otros anuncios, quedó un interrogante sin resolver: ¿Cómo logrará el Gobierno incrementar esa cantidad de áreas protegidas en solo un año? Dicho de otra manera: ¿Es posible duplicar en doce meses la cantidad de zonas que hoy tiene el país bajo una figura de protección que, en total, suman 31,4 millones de hectáreas, que equivalen al 15 % del territorio nacional?

Para lograr ese otro 15 %, según el Ministerio de Ambiente, se crearán dos nuevas áreas protegidas marítimas. Una en la cuenca del Pacífico norte, en las Colinas y Lomas, y otra en el Caribe, en la “cordillera Beata”. Además, se ampliará el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona; el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y del Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo (ver mapa). A estos se le añadirán más hectáreas con una figura que se conoce como “medidas efectivas de conservación”, que se da a áreas geográficas que han demostrado estar tan bien gestionadas y logran resultados positivos para la biodiversidad a largo plazo.

A esa cantidad se le sumarían otras hectáreas de procesos de protección que venían en marcha en Parques Nacionales Naturales (PNN) y que, como cuenta Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de esa entidad, están acelerando para sacarlos adelante antes del cierre de gobierno.

En ese “portafolio” hay dos grupos: el primero, de cinco áreas protegidas que van a ser ampliadas. Son las siguientes: Área Natural Única Los Estoraques, PNN Chingaza, PNN Tatama, Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona y el PNN Sierra Nevada de Santa Marta.

El otro grupo corresponde a seis nuevas áreas protegidas que tendrá el país: las Selvas Transicionales de Cumaribo, la Serranía de Manacacias, Ecosistemas del Patio, Tochecito, Serranía de San Lucas y Sabanas y Humedales de Arauca (ver mapa). (Puede leer: Anuncian pacto para reducir el metano, gas causante del 25% de la crisis climática)

Pero una duda fundamental tiene que ver con el número preciso de hectáreas que se protegerán. Nadie parece conocerlo con precisión. Gonzalo Andrade, coordinador del Comité Permanente de Áreas Protegidas de la Academia Colombiana de Ciencias, la entidad adonde deben llegar los estudios que sustentan la necesidad de declarar un área protegida, tampoco lo sabe con certeza.

Aunque Andrade aclara que han participado en estos procesos y han tenido un diálogo permanente con el Gobierno, hasta el momento no les han presentado los soportes técnicos de las ampliaciones y nuevas áreas protegidas. La única que ha llegado a sus manos es la de ampliación de Los Estoraques, en Norte de Santander. “Pero, aproximadamente, se trata de 16 millones de hectáreas para lo marino y quince millones para lo continental”, calcula. Son cifras que, sumadas, equivalen a 31 millones de hectáreas; es decir, otro 15 % del territorio nacional.

Pero, a pesar de que con ese porcentaje se alcanzaría el 30 % que prometió Duque ayer en la COP26, en el fondo hay otra gran pregunta: ¿podrá cumplir esa promesa antes de dejar la Presidencia? (Le puede interesar: Las tensiones alrededor de la COP26, ¿qué han dicho los líderes mundiales?)

Jarro, de PNN, por un lado, explica que declarar o ampliar un área es un proceso que no tiene un tiempo establecido. Se debe caracterizar al territorio en su parte física, socializarlo con las comunidades y actores y, finalmente, si es una área a escala nacional, presentarlo a la Academia Nacional de Ciencias, de la que hace parte Andrade, para que tomen una decisión.

Procesos como el de la Serranía de San Lucas, por ejemplo, llevan más de cinco años. “Otros procesos del portafolio ya tienen levantada la información física biótica, o están en término de concertación sectorial”, agrega Jarro. La ampliación de Acandí lleva cuatro años y surgió de una consulta previa con los tres procesos comunitarios de la zona.

No obstante, a muchos les preocupa que se trate de una meta que quede en el papel, aprovechando los reflectores de la COP26. Manuel Becerra, exministro de Ambiente director del Foro Nacional Ambiental, celebra que se declaren nuevas áreas, pero insiste en que es un anuncio que hay que observar con lupa. “La protección de áreas marinas puede ser un saludo a la bandera si no está acompañada de medidas que garanticen esa protección”, asegura.

A lo que se refiere es que para custodiar los océanos se requieren ojos vigilantes que impidan, por ejemplo, que barcos pesqueros entren de manera ilegal, como ha sucedido en un joya colombiana ya protegida: Malpelo. “Hay grandes limitaciones para proteger el mar”, afirma. “Pero es mejor hacer esa declaración que no hacerla, sin olvidar que deben sumarse esfuerzos para detener la calamidad ambiental que están enfrentando por la pesca”.

Juan Pablo Ruiz Soto, miembro de la Red Ciudadana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, agrega un punto más: “Esas medidas deben estar acompañadas de una asignación presupuestal al sector ambiental, algo que no sucedió en la última reforma tributaria. El incremento fue mínimo. No solo se trata de delimitar áreas, sino de crear mecanismos que permitan proteger realmente esos lugares”.

De hecho, hoy la situación de los PNN colombianos no es la mejor. El último informe de Parques Cómo Vamos, encontró varias debilidades. De los 59 PNN, 35 tienen alguno de sus ecosistemas en amenaza, solo 47 tienen planes de manejo actualizado y en 32 hay deforestación. (Lea también: Líderes del mundo llegaron a la COP26 en más de 400 jets privados)

Entonces, ¿por qué seguir ampliando las áreas cuando las que ya se tienen no están siendo protegidas? A Sandra Vilardy, profesora de los Andes y directora de Parques Cómo Vamos, le inquieta que el anuncio se quede corto para 2022, ya que las declaraciones y ampliaciones requieren esfuerzos técnicos, participación, diseño y recursos de plata y tiempo. Además, recuerda que debe ser una ampliación que busque conservar y darles visibilidad a los 81 ecosistemas que hay en Colombia.

“Uno de los ecosistemas que tiene menos representatividad en las áreas protegidas son los humedales, a pesar de que juegan un papel fundamental en la fijación de carbono. Solo el 7,6 % de la superficie de humedales del país se encuentra en alguna categoría de conservación”, comenta Vilardy.

Su llamado es que entre estas metas no se le escape al Gobierno un tema clave de la COP26: el cambio climático. “Deberíamos estar fortaleciendo los esfuerzos del monitoreo de la salud de los ecosistemas y de su respuesta ante los efectos del cambio climático, además del papel fundamental que tienen en la regulación del ciclo de agua y la fijación de carbono”.

*Eviada especial a Glasgow - *Esta historia fue producida como parte del 2021 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Internews’ Earth Journalism Network y Stanley Center for Peace and Security.

En los primeros dos días de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), el presidente Iván Duque ha hecho varias promesas que se han llevado algunos aplausos, pero también han dejado muchas preguntas sin respuestas. Ayer hizo una más de la que ya había dado algunas pistas: aseguró que para el 2022 el Gobierno declarará el 30 % del territorio colombiano bajo alguna figura de protección. Con esta decisión adelantó una meta que ya se había acordado entre varios países que busca que el 30 % del planeta esté protegido para 2030. (Lea: COP26: breve guía para entender por qué todos hablan de cambio climático)

Pero, como ha pasado con otros anuncios, quedó un interrogante sin resolver: ¿Cómo logrará el Gobierno incrementar esa cantidad de áreas protegidas en solo un año? Dicho de otra manera: ¿Es posible duplicar en doce meses la cantidad de zonas que hoy tiene el país bajo una figura de protección que, en total, suman 31,4 millones de hectáreas, que equivalen al 15 % del territorio nacional?

Para lograr ese otro 15 %, según el Ministerio de Ambiente, se crearán dos nuevas áreas protegidas marítimas. Una en la cuenca del Pacífico norte, en las Colinas y Lomas, y otra en el Caribe, en la “cordillera Beata”. Además, se ampliará el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona; el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y del Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo (ver mapa). A estos se le añadirán más hectáreas con una figura que se conoce como “medidas efectivas de conservación”, que se da a áreas geográficas que han demostrado estar tan bien gestionadas y logran resultados positivos para la biodiversidad a largo plazo.

A esa cantidad se le sumarían otras hectáreas de procesos de protección que venían en marcha en Parques Nacionales Naturales (PNN) y que, como cuenta Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de esa entidad, están acelerando para sacarlos adelante antes del cierre de gobierno.

En ese “portafolio” hay dos grupos: el primero, de cinco áreas protegidas que van a ser ampliadas. Son las siguientes: Área Natural Única Los Estoraques, PNN Chingaza, PNN Tatama, Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona y el PNN Sierra Nevada de Santa Marta.

El otro grupo corresponde a seis nuevas áreas protegidas que tendrá el país: las Selvas Transicionales de Cumaribo, la Serranía de Manacacias, Ecosistemas del Patio, Tochecito, Serranía de San Lucas y Sabanas y Humedales de Arauca (ver mapa). (Puede leer: Anuncian pacto para reducir el metano, gas causante del 25% de la crisis climática)

Pero una duda fundamental tiene que ver con el número preciso de hectáreas que se protegerán. Nadie parece conocerlo con precisión. Gonzalo Andrade, coordinador del Comité Permanente de Áreas Protegidas de la Academia Colombiana de Ciencias, la entidad adonde deben llegar los estudios que sustentan la necesidad de declarar un área protegida, tampoco lo sabe con certeza.

Aunque Andrade aclara que han participado en estos procesos y han tenido un diálogo permanente con el Gobierno, hasta el momento no les han presentado los soportes técnicos de las ampliaciones y nuevas áreas protegidas. La única que ha llegado a sus manos es la de ampliación de Los Estoraques, en Norte de Santander. “Pero, aproximadamente, se trata de 16 millones de hectáreas para lo marino y quince millones para lo continental”, calcula. Son cifras que, sumadas, equivalen a 31 millones de hectáreas; es decir, otro 15 % del territorio nacional.

Pero, a pesar de que con ese porcentaje se alcanzaría el 30 % que prometió Duque ayer en la COP26, en el fondo hay otra gran pregunta: ¿podrá cumplir esa promesa antes de dejar la Presidencia? (Le puede interesar: Las tensiones alrededor de la COP26, ¿qué han dicho los líderes mundiales?)

Jarro, de PNN, por un lado, explica que declarar o ampliar un área es un proceso que no tiene un tiempo establecido. Se debe caracterizar al territorio en su parte física, socializarlo con las comunidades y actores y, finalmente, si es una área a escala nacional, presentarlo a la Academia Nacional de Ciencias, de la que hace parte Andrade, para que tomen una decisión.

Procesos como el de la Serranía de San Lucas, por ejemplo, llevan más de cinco años. “Otros procesos del portafolio ya tienen levantada la información física biótica, o están en término de concertación sectorial”, agrega Jarro. La ampliación de Acandí lleva cuatro años y surgió de una consulta previa con los tres procesos comunitarios de la zona.

No obstante, a muchos les preocupa que se trate de una meta que quede en el papel, aprovechando los reflectores de la COP26. Manuel Becerra, exministro de Ambiente director del Foro Nacional Ambiental, celebra que se declaren nuevas áreas, pero insiste en que es un anuncio que hay que observar con lupa. “La protección de áreas marinas puede ser un saludo a la bandera si no está acompañada de medidas que garanticen esa protección”, asegura.

A lo que se refiere es que para custodiar los océanos se requieren ojos vigilantes que impidan, por ejemplo, que barcos pesqueros entren de manera ilegal, como ha sucedido en un joya colombiana ya protegida: Malpelo. “Hay grandes limitaciones para proteger el mar”, afirma. “Pero es mejor hacer esa declaración que no hacerla, sin olvidar que deben sumarse esfuerzos para detener la calamidad ambiental que están enfrentando por la pesca”.

Juan Pablo Ruiz Soto, miembro de la Red Ciudadana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, agrega un punto más: “Esas medidas deben estar acompañadas de una asignación presupuestal al sector ambiental, algo que no sucedió en la última reforma tributaria. El incremento fue mínimo. No solo se trata de delimitar áreas, sino de crear mecanismos que permitan proteger realmente esos lugares”.

De hecho, hoy la situación de los PNN colombianos no es la mejor. El último informe de Parques Cómo Vamos, encontró varias debilidades. De los 59 PNN, 35 tienen alguno de sus ecosistemas en amenaza, solo 47 tienen planes de manejo actualizado y en 32 hay deforestación. (Lea también: Líderes del mundo llegaron a la COP26 en más de 400 jets privados)

Entonces, ¿por qué seguir ampliando las áreas cuando las que ya se tienen no están siendo protegidas? A Sandra Vilardy, profesora de los Andes y directora de Parques Cómo Vamos, le inquieta que el anuncio se quede corto para 2022, ya que las declaraciones y ampliaciones requieren esfuerzos técnicos, participación, diseño y recursos de plata y tiempo. Además, recuerda que debe ser una ampliación que busque conservar y darles visibilidad a los 81 ecosistemas que hay en Colombia.

“Uno de los ecosistemas que tiene menos representatividad en las áreas protegidas son los humedales, a pesar de que juegan un papel fundamental en la fijación de carbono. Solo el 7,6 % de la superficie de humedales del país se encuentra en alguna categoría de conservación”, comenta Vilardy.

Su llamado es que entre estas metas no se le escape al Gobierno un tema clave de la COP26: el cambio climático. “Deberíamos estar fortaleciendo los esfuerzos del monitoreo de la salud de los ecosistemas y de su respuesta ante los efectos del cambio climático, además del papel fundamental que tienen en la regulación del ciclo de agua y la fijación de carbono”.

*Eviada especial a Glasgow - *Esta historia fue producida como parte del 2021 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Internews’ Earth Journalism Network y Stanley Center for Peace and Security.