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El 3 de marzo de 2016 la imagen de Berta Cáceres, líder de la comunidad lenca de Honduras y activista ambiental, llegó a todos los periódicos internacionales. A medianoche del día anterior, dos hombres irrumpieron en su casa en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y uno de ellos le disparó seis veces. Pocos minutos después, Cáceres murió en su habitación.
Desde entonces su nombre se ha convertido en símbolo de varias luchas: de los defensores de los derechos humanos, del feminismo y de los protectores del medio ambiente. Cáceres era una de las cabezas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quienes venían haciendo oposición para que en su territorio no se construyera una hidroeléctrica que generaría 21 megavatios de energía. Que a Berta le hubieran otorgado el premio Goldman Price, considerado el “Nobel medioambiental”, en el 2015, no fue suficiente para protegerla y evitar que fuera asesinada.
El problema es que en manos de las autoridades hondureñas la investigación del crimen de Berta ha estado cargada de secretos. Por esto, gracias a una solicitud que hizo su familia, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, un equipo de cinco personas encargadas de investigar este asesinato de manera independiente. Entre estos se encuentran dos abogados colombianos: Jorge Molano Rodríguez y Liliana María Uribe. Sus conclusiones, publicadas en el reporte “Represa de violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres”, apuntan a que su muerte tuvo complicidad entre los altos funcionarios de Desarrollos Energéticos (Desa), la empresa encargada del proyecto, y el gobierno hondureño.
El trabajo, según le explicó Uribe a El Espectador, implicó cuatro viajes a Honduras, el acceso a 10 expedientes y el análisis de 50 gigas de información obtenidas de tres celulares de funcionarios de Desa. Aunque se trata de un mínimo porcentaje de los datos que hay, ya que las autoridades de Honduras tienen bajo reserva varias pruebas, el grupo pudo constatar que “Desa creó una estructura criminal para asesinar a Cáceres”.
Entre los chats colectivos que tenían los funcionarios de Desa, los expertos pudieron identificar que había un permanente contacto entre la empresa y agentes de la fuerza de seguridad del Estado, como la Secretaría de Seguridad y la Policía Preventiva. Por ejemplo, sólo 14 horas después del asesinato de Berta, hay mensajes entre directivos y empleados de Desa que revelan que ya habían pedido ayuda a los funcionarios públicos para que los desvincularan de cualquier investigación.
“He solicitado el apoyo al Comisionado […] y me transmite su apoyo. El (sic) me va informar de los detalles del asesinato, también me recomendó pronunciar comunicado para desvincularse de este suceso”, es una de las pruebas que menciona el informe.
Aunque las autoridades hondureñas ya les abrieron investigación a ocho personas, entre las que se encuentran Sergio Rodríguez Orellana, gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de Desa, y Douglas Geovanny Bustillo, director de seguridad de Desa hasta el 2015 y teniente retirado, el enfoque de las autoridades hondureñas ha estado dirigido a que se trata de autores materiales. Sin embargo, según Uribe, habrían “suficientes datos para rastrear quiénes son los actores intelectuales”, pues los chats demuestran que los funcionarios de Desa investigados les reportaban a altos directivos de la empresa lo estaba pasando constantemente.
Además, el grupo de expertos encontró que hubo un intento fallido de matar a Berta entre el 5 y el 6 de febrero del año pasado. Un mes antes de que, efectivamente, se diera el crimen. “En la información de los celulares vimos que este intento fue abortado porque Berta estaba rodeada por muchos familiares. E incluso hay un mensaje en el que se le pide a los directivos de Desa mayor financiación para cometer el crimen”, agrega Uribe.
Y es que, desde el principio, la presencia de Desa en el territorio leica fue irregular. Primero, nunca se hizo el proceso de consulta previa, como habían acordado que debía ser entre el Copinh y el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, en el 2011. Además, la empresa se constituyó de manera extraña. Cuenta Uribe que, a la hora de presentarse para ganar la licitación para desarrollar el Proyecto Agua Zarca, Desa no demostró tener buen músculo financiero, por lo que creen que terminó siendo elegida más por su cercanía con funcionarios del Estado.
Lo triste es que, aunque todos estaban advertidos del riesgo ante el que estaba Berta, nadie hizo nada. De hecho, los tres bancos que financiaban a la empresa –el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund– tenían información de la represión violenta por parte de Desa contra los leicas, pero no hicieron nada. “La Copinh les mandó reportes señalando todos los problemas que la empresa estaba teniendo con la comunidad y ellos no les quitaron los recursos, por esto hubo negligencia deliberada”.
A todo esto se suma, además, que la forma como se hizo el levantamiento de la escena del crimen fue irregular, el papel que tuvo Desa para lograr sacar a un sicario de la cárcel que luego se convertiría en parte del complot, así como la supuesta influencia que habría tenido la empresa para lograr que Berta Cáceres fuera judicializada. “La evidente influencia de los directivos y empleados de Desa (…) pone de manifiesto la inversión de recursos y esfuerzos desplegados para neutralizarla, lo cual incluyó la contratación de abogados e incidencia en agentes del sistema de justicia para manipular el uso del sistema de justicia penal”, advierte el reporte.
Lo claro es que sobre la muerte de Cáceres aún hay muchos vacíos, por esto uno de los mayores temores de Uribe es que la evidencia desaparezca antes de que el crimen se pueda esclarecer. “Ellos hicieron varios allanamientos, entonces tienen información de muchos más celulares, distintos a los tres a los que pudimos acceder. Sin embargo, el Ministerio Público de Honduras nos está diciendo que hay unos que no pueden ver porque los encontraron en ‘agua azul’, que las baterías ya no sirven o que se trata de iphones que no se pueden desbloquear”, comenta la abogada.
El informe presentado por Gaipe no sólo le da un espaldarazo a lo que la familia de Cáceres venía diciendo. Uribe también cree que esclarecer este crimen, uno en el que el mundo tiene puestos los ojos, permitiría evidenciar el modo en que operan muchos proyectos minero--energéticos en Latinoamérica, pues a la final Berta es apenas una de los muchos líderes que han perdido su vida luchando para proteger el medio ambiente. Una cifra que sólo en el 2016, el año en que murió Berta, ascendió a 200 asesinatos de líderes ambientales, de los cuales 37 eran colombianos, según Global Witness.
Por su parte Agua Zarca, nombre del proyecto hidroeléctrico de Desa, envió un comunicado a El Espectador aclarando que “Agua Zarca está totalmente desvinculado a cualquier acto de violencia y el proyecto actúa en todo momento apegado a lo que establece la Ley de Honduras”. Es más, aseguró que la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró sin lugar una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el cual lideraba Cáceres, en contra del proyecto. (Lea también: Hidroeléctrica a la que se oponía Bertha Cáceres niega cualquier acto de violencia)
*Esta nota fue modificada el día 17 de noviembre de 2017 para agregar el punto de vista de Agua Zarca frente al reporte del Gaipe.