El Cesar ha estado en el centro de la discusión sobre la transición energética desde hace varios años. En 2021, luego de haber suspendido sus operaciones por la pandemia de covid-19, el Grupo Prodeco renunció a la explotación de dos de las minas más grandes de carbón del departamento, dejando sin trabajo a más de 6.000 personas.
Aunque aún hay varios proyectos de minería de carbón en el departamento, tres municipios han sido particularmente afectados por el desempleo, la reducción en los ingresos por regalías y la falta de alternativas económicas que remplacen el rol de este mineral, como lo contamos en este reportaje.
Recientemente, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Universidad de Magdalena publicaron un documento en el que analizan los riesgos que plantea el cierre de minas en el Cesar y proponen algunos cambios en la política pública que podrían implementarse para evitar que las afectaciones que enfrentan actualmente se repitan en futuros cierres.
Además de los efectos económicos, las personas de la región consideran que también se ha afectado su cultura, la calidad de los ecosistemas, el acceso a la tierra para desarrollar actividades agrícolas y el acceso a oportunidades de educación superior. Para recoger estas apreciaciones, realizaron un taller en el que participaron extrabajadores de la minería, representantes del sector público, estudiantes y profesores universitarios, pescadores y líderes del departamento.
¿Quién responde por las afectaciones de la minería?
En términos ambientales, el documento destaca que se perciben daños en las cuencas de los ríos de la región, contaminación por residuos, como llantas o la tierra que se remueve en las minas para alcanzar el carbón. También, los habitantes del Cesar no tienen claro quién se hará cargo de restaurar o compensar esos daños. Según el informe, este es uno de los mayores riesgos que perciben las personas en futuros cierres mineros.
Al respecto, por ejemplo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha impuesto recientemente sanciones al Grupo Prodeco por incumplir “con los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental para el establecimiento de estas barreras, cuyo propósito es mitigar los impactos ambientales negativos en las zonas aledañas al proyecto”, así como superar los niveles anuales de producción de carbón a los que se habían comprometido. En total, las compañías que integran a ese grupo empresarial deberán pagar más de $6.300 millones.
También, una evaluación de la Contraloría presentada en 2022 advirtió que las minas que operan en el territorio no han cumplido con algunas de sus obligaciones ambientales. “Los planes de compensación no se han presentado oportunamente ante la ANLA. Además, su porcentaje de ejecución es muy bajo, teniendo en cuenta que algunos proyectos operan hace más de 20 años y no han iniciado con la implementación de dicho plan. Es así como los impactos ambientales que no se pueden prevenir, mitigar o corregir no están siendo compensados a medida que avanza la explotación minera”, se lee en el documento.
El informe presentado por la UPME resume estas afectaciones como “pérdida parcial de diferentes ecosistemas, incluyendo su flora, fauna y rondas hídricas”, frente a lo cual las personas piden seguimiento por parte del Gobierno. Una de las fallas que identifican las personas en la normativa minera del país es que no contempla sanciones particulares hacia los pasivos ambientales, que son justamente los daños que genera una actividad extractiva y que no son compensados.
Estas afectaciones ambientales también se relacionan, de acuerdo con los participantes del taller, con el acceso a tierras productivas. La región del Cesar en la que se ha hecho minería durante los últimos 30 años antes era una zona de producción de algodón, yuca y otros productos del agro. Frente a esto, uno de los participantes del taller pide “rehabilitación del suelo para sus usos naturales”, algo que podría representar una alternativa económica.
Los participantes, además, coinciden en que uno de los impactos que han enfrentado tras el cierre de las minas se da en el ámbito social y cultural en su territorio. Desde la pérdida de la identidad de comunidades étnicas, hasta la ruptura de procesos sociales relacionados con el acceso a la educación, las estructuras familiares y las actividades económicas relacionadas con la minería.
“Las ofertas de educación eran para el extractivismo. Personas que tenían enfoques mineros en su formación técnica, desistieron de formarse en otras habilidades”, se lee en el documento. Conductores de camión minero, operarios de pala (una máquina amarilla que se utiliza para extraer el carbón) u operadores logísticos son algunos ejemplos de la oferta educativa relacionada con la minería.
Una de las soluciones que plantea el informe es “desarrollar programas educativos innovadores para una transformación del empleo”, incluyendo nuevas formas de producción y la formalización de “educación con enfoque de transición energética y diversificación económica”.
Los cambios en la política pública
Ante esos desafíos, dos semilleros de investigación en transición energética e ingeniería de la Universidad del Magdalena realizaron una revisión de alternativas de política pública que podrían implementarse en el país, tomando como base las normativas de tres países de la región: México, Ecuador, Perú y Chile. En los dos primeros, la regulación establece el cierre de minas como una etapa de la actividad minera, que está vinculada a obligaciones por parte de las empresas que explotan el recurso.
Sin embargo, es en Perú y Chile en donde más avanzada está la regulación: sus leyes establecen que todo proyecto de explotación minera tenga un plan de cierre desde antes de empezar a operar. Esto incluye fuentes de financiación claras y respaldos bancarios para financiar el eventual cierre, así como acciones para compensar los impactos de la actividad minera.
Esas compensaciones incluyen acciones “a perpetuidad”. Es decir, las empresas deben financiar proyectos sociales o ambientales durante más de 30 años, como recuperación de ríos y quebradas, o programas de capacitación y reconversión laboral, para generar alternativas económicas.
La propuesta de contemplar el plan de cierre desde antes de iniciar la operación minera es uno de los puntos que incluyó el Gobierno en el borrador de reforma a la Ley Minera, que se encuentra en consulta pública desde hace varios meses. Se esperaba que el proyecto fuera presentado por el Ministerio de Minas y Energía al Congreso para su discusión al inicio de esta legislatura, pero no fue así, y tampoco fue contemplado como parte de las prioridades legislativas establecidas por el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
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