A finales del año 2020, el gobierno colombiano dio un anuncio trascendental en materia ambiental: teniendo en cuenta los retos de descarbonización a nivel mundial, el gobierno se comprometió a reducir en un 51% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030, la meta más alta trazada en la región de América Latina y el Caribe. Para lograrlo, el gobierno se comprometió a profundizar la transición energética y a reducir la deforestación.
Esta meta planteada por el gobierno fue el eje central de la octava sesión de la cátedra Repensar Nuestro Futuro, del Foro Nacional Ambiental (FNA), en la cual participaron Manuel Guzmán Hennessey, director general de la Red KLN (Klimaforum Latinoamérica Network); Juan Pablo Ruiz Soto, consultor de Naciones Unidas; Germán Poveda Jaramillo, profesor del departamento de Geología de la Universidad Nacional, sede Medellín, y Lina Muñoz Ávila, directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario.
¿Colombia está preparada para cumplir con esa meta?
De acuerdo con Manuel Guzmán, habría que diferenciar entre lo que él llama una “descarbonización profunda y una descarbonización cosmética”. Colombia tiene el reto de pasar de emitir 267 millones de toneladas de carbono anualmente a 169 millones de toneladas. Para lograrlo, como explicó Guzmán, es fundamental detener la deforestación en su totalidad, cambiando el sistema productivo vigente. La descarbonización cosmética, señaló Guzmán, es aquella que se reduce más a “esfuerzos voluntaristas y a reconocer el problema más no a una transformación estructural”.
Para Guzmán, las NDC (contribuciones determinadas a nivel nacional) para no sobrepasar el límite del calentamiento global en 2 grados centígrados, deben encaminarse a una descarbonización total y en articulación con las grandes economías del mundo, replanteando “el modelo de civilización y cultura que nos trajo hasta aquí”. Actualmente, agregó, los estilos de vida necesitan ser replanteados para cumplir con esas metas, y por eso un punto clave es replantear la educación desde su fase inicial.
La tasa de descarbonización en el mundo, de acuerdo con el expositor, es del 1.6% anual, pero para evitar un calentamiento global de 2 grados centígrados se necesita una tasa de 7.5% anual y de 11.3% anual para evitar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados. En caso de mantener la tasa de deforestación actual, señaló, “estaremos traspasando los límites del planeta”. Por eso, en el debate es urgente incluir a los representantes del sector Afolu ( Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo).
Ambiente favorable para cambiar
En segundo lugar, Juan Pablo Ruiz habló sobre los desafíos precisos de Colombia en el contexto global para cumplir con la meta de reducción de emisiones propuesta por el gobierno. Para comenzar, Ruiz explicó cómo es la matriz de emisiones en Colombia. El sector Afolu genera el 55% de las emisiones, seguido por la deforestación, con 28,2%, la industria manufacturera, con un 11%, y el transporte, con 10,9%. Para la transición, es clave tener en cuenta las prioridades internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, ha propuesto “ecologizar la recuperación”, elevando los impuesto globales al carbono, apoyando la recuperación industrial pero exigiendo rigurosos requisitos ambientales e implementar medidas de comercio internacional para disminuir las emisiones, entre otras premisas.
Por otro lado, el Banco Mundial también ha priorizado la “recuperación sostenible”, evitando otorgar subsidios y apoyo a tecnologías basadas en combustibles fósiles y apoyando la Agenda 2030 de Naciones Unidas. A una escala internacional, agregó el expositor, se han planteado prioridades internacionales como la creación de un marco fiscal verde para evitar riesgos asociados al cambio climático y a la crisis ambiental, como lo es la pandemia del Covid-19. Para el caso de Colombia también resulta favorable la influencia bilateral con Estados Unidos, país que recientemente apoyó los Acuerdos de París y está encaminando su economía hacia la carbono neutralidad.
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Colombia, dijo Ruiz, debe tener en cuenta en este nuevo marco que tiene una potencia importante de biodiversidad y regulación climática y por ende debe definir su propuesta y argumentar su negociación en un escenario internacional. Los servicios ecosistémicos de los humedales o de la Amazonia, por ejemplo, deben ser tenidos en cuenta en los nuevos acuerdos internacionales e incluso se debe poner sobre la mesa la propuesta de un canje de deuda teniendo en cuenta la gestión ambiental del país.
Por otro lado, Ruiz señaló que es crucial detener la deforestación y, un primer paso para alcanzar este objetivo, es suspender la titulación individual en las zonas de reserva forestal y, de forma paralela, fortalecer la gobernanza en tierras comunales y públicas. En este proceso también es clave avanzar con la reconversión productiva de la ganadería. Actualmente existen 39 millones de hectáreas de pasturas y el 75% es para actividades agropecuarias. La ganadería, por otro lado, representa el 1.4% del PIB, un porcentaje menor teniendo en cuenta el espacio que utiliza, aseguró Ruiz .
En síntesis, Guzmán y Ruiz señalaron que para que Colombia alcance la meta se necesita compromiso, financiación, una alianza internacional e involucrar a los mayores emisores en las decisiones que se tomen sobre la transición. También, como dijo Guzmán, se necesita de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y de todos los sectores productivos, pues solo de esta manera tendrá éxito un pacto verde en la región.
Una crisis con alcances insospechados
En la última parte de la cátedra, Germán Poveda y Lina Muñoz hablaron sobre dos temas claves para hablar sobre cambio climático y transición energética. En primer lugar, Poveda habló sobre los beneficios hidrológicos de los bosques, haciendo énfasis en la Amazonia, un ecosistema que no solamente es fundamental para mantener la estabilidad climática en la región, sino también para la producción de agua en toda América del Sur. Algunas manifestaciones de la crisis ambiental, como los huracanes, se harán cada vez más fuertes, dijo Poveda, y ante esos eventos, los planes de mitigación “siguen estando muy crudos”.
Por otro lado, Lina Muñoz habló sobre la relación entre los Derechos Humanos y el cambio climático, un tema que pocas veces es mencionado. “Los impactos del calentamiento global para millones de personas que viven en situación de pobreza son muy grandes; seguramente enfrentarán inseguridad alimentaria, migración forzada, nuevas enfermedades, entre otros efectos adversos que también deben leerse en clave de los derechos humanos”. Por esta razón, agregó, es esencial que en las NDC se incluya esta dimensión. “Se deben establecer medidas afirmativas que busquen evitar las vulneraciones de los derechos que se presenten como causas del cambio climático”, concluyó.