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La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) es la serie de compromisos que voluntariamente asume cada país para hacer frente al cambio climático. En pocas palabras, la NDC toma en cuenta los gases de efecto invernadero (GEI) que emite cada país y calcula cuánto podría reducirlos, cómo hacerlo y cómo adaptarse al cambio climático.
Así, en 2015, cuando Colombia se convirtió en uno de los 189 firmantes del Acuerdo de París, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que reduciría en un 20 % las emisiones de GEI para 2030 (y si había apoyo, 30 %), lo que correspondería a tener emisiones no mayores a 267 millones de toneladas de CO2 equivalente (234 millones de toneladas, con el apoyo).
Pero la semana pasada el presidente Iván Duque anunció que la nueva meta era reducir el 51 % de las emisiones de GEI para 2030, es decir, que lo máximo que podrá emitir Colombia para ese año son 169,4 millones de toneladas de CO2 equivalente, 98 millones de toneladas menos de lo que se consideraba “un tope” hace cinco años. A todas luces es una meta ambiciosa.
La cifra es el resultado de una serie de reuniones virtuales y semanales que comenzaron en marzo de este año en medio de la pandemia, lideradas por el Ministerio de Ambiente, pero que incluyó a todas las carteras (a excepción de cultura), al Ideam, al Fondo de Adaptación en el marco del Sisclima y a los Nodos Regionales de Cambio Climático, y que culminaron en septiembre. Todo esto porque desde que se firmó el Acuerdo de París se sabía que lo que se propuso allí no alcanzaría para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5 °C.
Lo que salga de este documento será presentado en la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático que tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido) en 2021. Ahora la pregunta es de dónde sale esta cifra, cómo vamos a alcanzarla y con qué plata. (Le puede interesar: Las preguntas que genera el plan de reforestación anunciado por Duque)
Una explicación pendiente
Por un lado, aún no está claro de dónde sale la cifra del 51 %. El documento está en fase de diagramación y de aprobación por parte de Cancillería. Por eso su versión final no es pública.
Pero el borrador que estuvo disponible 20 días en la web del Minambiente para comentarios incluye propuestas como que las cuencas hidrográficas se manejarán teniendo en cuenta la variabilidad climática; que el 30 % de los municipios del país vulnerables a las sequías serán prioritarios para proyectos de saneamiento básico; que el 68 % de las aguas residuales urbanas domésticas se tratarán y que el 10% se reusarán; que el cambio climático estará considerado en los Planes de Ordenamiento Territorial; se reabrirán vías férreas, se electrificará parte de la flota de vehículos, entre otras.
Sin embargo, este borrador no incluye la meta definitiva de reducción de emisiones de GEI, solo señala que no puede ser inferior al 25 %. Tampoco se determinó la meta de reducción sobre deforestación, un punto importante si tenemos en cuenta que las emisiones por agricultura, silvicultura y cambios del uso del suelo representan el 46 % de las emisiones de Colombia, y de esas cerca del 31 % corresponden a la deforestación, según el inventario de GEI del Ideam de 2014.
Ana María Loboguerrero, economista e investigadora del CIAT y quien formó parte del Consorcio Vito, la firma belga que trabajó en conjunto con el Estado colombiano para hacer la actualización, la meta más ambiciosa que se propuso en estas reuniones es del 37.7% de disminución, lo explica así: “Lo que hicimos fue generar un nuevo escenario de referencia actualizado y generar un nuevo escenario de mitigación. En 2015 se hizo lo mismo pero hubo más tiempo de hacer consultas con sectores para examinar los modelos. Entonces generamos dos escenarios: la meta menos ambiciosa era del 28 % y la más ambiciosa era del 37,7 %. El 51 % desconozco su origen”.
Más preguntas que respuestas
Al no haber respuestas por el momento sobre la cifra (dado que el Ministerio está corriendo para presentar el documento antes de que acabe el año), hay muchas preguntas.
Las dudas que eleva Voces por el Clima es qué va a pasar con las técnicas de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos (fracking) que están entrando a su fase de proyecto piloto en Puerto Wilches, (Santander), y en general con los compromisos que debe asumir las industrias extractivas: “Proponen un ahorro de más de 160 millones de toneladas de CO2 equivalente, pero solo con un proyecto de fracking se calcula que se emiten más de 3.000 millones. No señala nada sobre la relación de la crisis climática con las energías fósiles, ni sobre acciones sobre los megaproyectos de infraestructura y agroindustriales, nada sobre océanos. Al no hacer referencia a proyectos extractivos y deforestación no es más que demagogia”.
La meta de restaurar 18 mil hectáreas de áreas protegidas también dejó preguntas. Según los comentarios públicos de Ambiente y Sociedad al borrador, “la deforestación del período 2016- 2018 en solo los Parques Chiribiquete, Tinigua, Macarena y Nukak presentaron deforestación por 29 mil hectáreas, de las cuales 25 mil eran bosque primario. En este sentido, la meta de incrementar 18 mil ha al proceso de restauración a 2030 parece ser una meta poco ambiciosa”.
Otra de las preguntas es de dónde saldrá el dinero para cumplir la meta. Según el borrador, se necesitan mínimo $2 billones anuales hasta 2030 para cumplirla. “No se trata solo de instalar capacidad en tecnologías de energía solar, sino que hay temas tributarios que aún no se están teniendo en cuenta. ¿Cómo harán para reducir los impuestos a los paneles solares? Colombia tiene unas metas en donde si haces una operación de transición energética tienes reducciones en tu renta líquida, ¿la DIAN va a verificar eso?¿Quién asume ese hueco en el IVA?”, dice Andrés Urrego, de Clima Lab.
Para Felipe Castro, director del Centro ODS de la Universidad de los Andes, “es una meta muy ambiciosa si la comparamos con la de la Unión Europea, que es del 54%, pero allá hay unas tecnologías distintas para lograrlo. Por ejemplo, si uno revisa acá las políticas de movilidad eléctrica, pues hay una meta de 6.600 eléctricos a 2022 pero un parque automotor de 15 millones de vehículos que usan combustibles fósiles. El gobierno está impulsando al sector vivienda y la minería como motores de reactivación económica, pero no está claro cómo se impulsarán por ejemplo las edificaciones sostenibles. Una cosa es la meta y otra es la realidad nuestra”.
Finalmente, el borrador es explícito al decir que se trataron de incluir las voces y recomendaciones de varios sectores de la sociedad civil, especialmente de los territorios más vulnerables al cambio climático como San Andrés, Amazonas y Guainía, y de los sectores más vulnerables ante el aumento de la temperatura global como las comunidades étnicas y las mujeres.
Sobre este punto, Ambiente y Sociedad pidió alinear las metas de mitigación con las comunidades étnicas de Colombia porque “actores fundamentales en la gestión de los bosques y recursos naturales. Y porque sus territorios son importantes sumideros de carbono, en la reducción de emisiones de GEI. Hacerlo implica reconocer y fortalecer esos derechos y contribuciones. A la vez, se debe buscar la mejoría en la calidad de vida de estas poblaciones vulnerables y en alto riesgo climático”. También pidieron limitar la expansión ganadera, que emite un estimado de 48.76 millones de toneladas de CO2 a fecha de 2020. En cuanto a la ganadería, y según el Centro ODS, la densidad de ganado es de aproximadamente 0,8 cabezas por hectárea, mientras que si fuera de dos cabezas por hectárea se podrían liberar 12 millones de hectáreas para otros usos agrícolas y se podría impulsar la reforestación.
Aunque fueron consultados para este artículo, ni el Ministerio de Ambiente, ni Hacienda, ni Transporte, ni el Ideam, quisieron dar declaraciones sobre esta cifra. Las únicas vocerías autorizadas para el tema son el ministro de ambiente Carlos Correa y el presidente Iván Duque, aunque ninguno de los dos sea técnico en modelamiento climático. Antes de que termine el año debería salir publicada una versión final de este documento y el Plan Energético Nacional 2020-2050. Tal vez allí haya respuestas más claras.
*Este artículo fue modificado para corregir una cifra errada. La meta de reducción de GEI para 2015 (que corresponde al 20%) equivale a 267 mill de toneladas de CO2 equivalente, no 286 como decía originalmente la nota.