Con muchas preguntas, se cocina la idea de crear una reserva temporal en Santurbán 


Este año, el páramo de Santurbán ha estado en el centro de la agenda pública. Los incendios a principio de año, el lento proceso de delimitación, que aún no se define, y las manifestaciones para impedir que se otorguen licencias para explotar el páramo son algunos de los temas que han activado la conversación.

Este año, el páramo de Santurbán ha estado en el centro de la agenda pública. Los incendios a principio de año, el lento proceso de delimitación, que aún no se define, y las manifestaciones para impedir que se otorguen licencias para explotar el páramo son algunos de los temas que han activado la conversación.

Pero hay uno en especial que se sigue discutiendo: una declaratoria para crear la primera zona de reserva temporal en el macizo de Santurbán, una figura que, en términos generales, prohíbe la minería durante un plazo de dos años en una porción del territorio. A finales de noviembre, el Ministerio de Ambiente publicó el borrador de la resolución para recibir comentarios hasta el 16 de diciembre.

Aunque el documento es reciente, la intención ha generado tensiones. Incluso, fue la principal razón del paro minero que se realizó en Santander el 21 de octubre y se prolongó por una semana.

Para los mineros y habitantes del páramo, esta medida “termina condenando a la pequeña minería tradicional, así como a los campesinos, agricultores y ganaderos a la total ilegalidad en el territorio. Nosotros hemos sido enfáticos: gobernador, alcaldes, concejales, líderes y empresarios, no a las zonas de reserva temporal en Soto Norte”, manifiesta Fabio Maldonado, director de Consotonorte, agremiación de empresarios, mineros, agricultores, ganaderos, campesinos y organizaciones de la provincia Soto Norte, en Santander, zona que hace parte del páramo.

Por el otro lado está el Minambiente, que tiene una versión distinta a la de quienes se oponen a la iniciativa. “Hay que dejar claro que esta medida no tiene efectos sobre la agricultura, ganadería, infraestructura, ni licencias de construcción. La resolución reconoce la tradición minera de California y Vetas; por lo tanto, no afecta los procesos de formalización minera que están en curso con los pequeños mineros tradicionales de la región, ni frena actividades mineras que cuenten hoy con título minero e instrumento ambiental vigente”, explicó la ministra de esta cartera, Susana Muhamad.

Otras entidades también se han manifestado, como la Procuraduría para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de Colombia, en cabeza del procurador Gustavo Adolfo Guerrero, quien sostiene que el proyecto de resolución del Ministerio tiene graves inconsistencias jurídicas y técnicas.

El funcionario dice que la cartera se estaría excediendo en sus facultades, pues la base jurídica de la resolución es el Artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, y no el Decreto 044, expedido por el Minambiente en enero de este año, cuyo objetivo, en parte, es determinar en qué áreas del país es permitida, restringida y excluida la minería para la protección del ambiente. Pero ¿qué muestran los documentos del ministerio sobre esa posible declaratoria? ¿Cuáles son los detalles de esa idea?

El área de reserva temporal que se declararía en Santurbán

Junto con el borrador de la declaratoria, hay un documento técnico de soporte realizado por el Ministerio en conjunto con el Instituto Humboldt, las autoridades ambientales regionales, el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre otras instituciones, donde se explica en detalle cuál es el área que se piensa declarar.

Esta abarcaría 76.012 hectáreas (ha) ubicadas en el costado occidental del macizo de Santurbán, un área que, en total, tiene más de 285.000 ha. Esas 76.000 ha están ubicadas en los municipios de Suratá (34 %), Matanza (29 %), California (4,6 %), Vetas (2,4 %), Charta (14 %), Tona (7,7 %) y Bucaramanga (6,4 %), sobre las cuencas hidrográficas de los ríos Alto Lebrija y Cáchira Sur.

Toda esta zona colinda con el área del complejo de páramo Santurbán-Berlín. De estas 76.000 ha, cerca de 26.000 ha son áreas de importancia ambiental (bosques andino y alto andino, rondas de protección hídrica y ecosistemas de humedal, entre otros), y un poco más de 10.000 ha son áreas complementarias para la conservación, que involucran zonas identificadas como posibles áreas protegidas.

En la posible zona de reserva temporal hay 47 microcuencas que abastecen acueductos municipales y metropolitanos, como el caso de Bucaramanga. Según los datos del DANE, cerca de 1,3 millones de personas en la capital de Santander se ven beneficiadas de este servicio ecosistémico.

Parte de las tensiones que hay en esta área radica en que se han entregado títulos mineros que afectan zonas que se deberían destinar a la conservación. “A pesar de que los mismos instrumentos ambientales de la CDMB (la autoridad ambiental de la zona), que son los Pomcas, reconocen la importancia de las 76.000 ha, se han entregado 23.000 ha para gran, mediana y pequeña minería. De esas 23.000 hectáreas, 20.000 se cruzan con áreas que la misma corporación ha definido que deben ser para la conservación y protección ambiental”, explicó la ministra Muhamad.

Según los datos disponibles en la plataforma AnnA Minería, de la Agencia Nacional de Minería, en la zona que se piensa declarar existen 57 títulos mineros: 48 de pequeña minería, ocho de mediana minería y uno de gran minería. De estos, 25 títulos tienen sus instrumentos (técnicos y ambientales) otorgados y vigentes. Además, hay 35 solicitudes pendientes.

“Alrededor de 5.440 hectáreas de títulos vigentes se cruzan con zonas de protección que hacen parte de la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental, distribuidas principalmente en las siguientes subzonas: 2.107 hectáreas que involucran bosques relictuales, 1.473 hectáreas en zonas de recarga de acuíferos, 134 hectáreas de rondas hídricas y 61 hectáreas de ecosistemas de humedales”, menciona el documento técnico.

El mismo documento dice que las actividades mineras están generando una serie de impactos sobre el ambiente que se amplían e intensifican de acuerdo a la escala de la operación. Uno de estos impactos es la presencia de metales en el agua.

“Una parte importante de la carga metálica encontrada en sedimentos y agua del río Suratá se atribuye a las actividades relacionadas con la extracción de minerales desarrolladas en los municipios Vetas y California”, explica el documento. Por mencionar un caso, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) ha reportado niveles de mercurio preocupantes en el río Vetas, desde el año 2022. El 28 de julio de ese año, por ejemplo, se registraron 163 microgramos de mercurio por cada litro de agua. El máximo aceptable para consumo humano es de un microgramo por litro.

¿Qué pasará con la minería en la reserva temporal?

El Ministerio afirma que la declaratoria no afectará los procesos de formalización que se están realizando con los mineros tradicionales, pues reconocen en el documento que la existencia de depósitos de oro en los municipios de Vetas, California y Suratá ha configurado una tradición minera en la región desde la Colonia.

Tampoco afecta los títulos mineros vigentes; es decir que las actividades mineras en la zona que están en operación con sus instrumentos mineros y ambientales al día podrán continuar sus operaciones. Para esto se identificaron 655 hectáreas, que representan el 0,86 % de toda la zona que se piensa declarar, donde se podrían consolidar procesos de formalización de pequeña minería tradicional. O sea que serían zonas exentas de la medida.

Lo que sí ordena es que las autoridades mineras y ambientales competentes no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales. Tampoco se podrán tramitar solicitudes de modificación de licencia ambiental cuyo objeto sea ampliar nuevas áreas mineras o modificar el proyecto. Esto estará vigente hasta que se desarrollen los estudios técnicos, especialmente para entender cómo funciona el ciclo del agua en esta parte del macizo, y así proteger y conservar los recursos naturales.

En primera medida, hacer estos estudios tardaría dos años, pero el plazo se podría prorrogar si se presenta la debida justificación técnica. La principal pregunta que queda en el aire, para el procurador de asuntos ambientales y mineros, es ¿cómo se controlará la minería ilegal que quizás aumentaría al restringir la actividad con esta declaratoria?