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                                                                                                                                Con tutelas Drummond busca evitar sanción

                                                                                                                                Temiendo una multa que podría llegar a los 5.000 salarios mínimos por arrojar carbón al mar, estaría intentando neutralizar la actuación de las autoridades.

                                                                                                                                Redacción Vivir

                                                                                                                                Funcionarios de la Drummond fueron descubiertos arrojando carbón al mar. / Archivo
                                                                                                                                Foto: DAVID CAMPUZANO
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Con dos tutelas y una queja ante la Procuraduría, los abogados de la empresa multinacional parecen estar tratando de frenar la actuación que hasta ahora ha venido adelantando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y evitar una posible sanción por el derrame de carbón.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Lo primero que hicieron los abogados fue interponer una tutela ante el Consejo de Estado, argumentando que la ANLA no era la entidad competente para investigar y sancionar estos casos, sino la Dirección Marítima (Dimar). Según abogados consultados por El Espectador, la empresa pretende que se reconozca como válida una norma de 1984 por encima de la Ley 99 de 1993 que reorganizó todo el sistema nacional ambiental.

                                                                                                                                De esta manera, la multinacional aprovecharía que la máxima sanción que puede imponer la Dimar son 1.000 salarios mínimos y evitaría sanciones más drásticas por parte de la ANLA, como el cierre temporal o definitivo, la revocatoria de la licencia ambiental, una multa de cinco salarios mínimos mensuales por cada día de infracción y, además, la obligación de restaurar el ecosistema afectado.

                                                                                                                                Pero no terminan ahí los recursos jurídicos. La otra tutela instaurada por los abogados de la Drummond acusa a la ANLA de una violación al debido proceso y de falta de imparcialidad, y el mes pasado presentaron una queja ante la Procuraduría, también por falta de imparcialidad en el caso.

                                                                                                                                El Espectador intentó conocer la posición de la empresa sobre estos temas, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

                                                                                                                                Funcionarios de la Drummond fueron descubiertos arrojando carbón al mar. / Archivo
                                                                                                                                Foto: DAVID CAMPUZANO
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Con dos tutelas y una queja ante la Procuraduría, los abogados de la empresa multinacional parecen estar tratando de frenar la actuación que hasta ahora ha venido adelantando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y evitar una posible sanción por el derrame de carbón.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                Lo primero que hicieron los abogados fue interponer una tutela ante el Consejo de Estado, argumentando que la ANLA no era la entidad competente para investigar y sancionar estos casos, sino la Dirección Marítima (Dimar). Según abogados consultados por El Espectador, la empresa pretende que se reconozca como válida una norma de 1984 por encima de la Ley 99 de 1993 que reorganizó todo el sistema nacional ambiental.

                                                                                                                                De esta manera, la multinacional aprovecharía que la máxima sanción que puede imponer la Dimar son 1.000 salarios mínimos y evitaría sanciones más drásticas por parte de la ANLA, como el cierre temporal o definitivo, la revocatoria de la licencia ambiental, una multa de cinco salarios mínimos mensuales por cada día de infracción y, además, la obligación de restaurar el ecosistema afectado.

                                                                                                                                Pero no terminan ahí los recursos jurídicos. La otra tutela instaurada por los abogados de la Drummond acusa a la ANLA de una violación al debido proceso y de falta de imparcialidad, y el mes pasado presentaron una queja ante la Procuraduría, también por falta de imparcialidad en el caso.

                                                                                                                                El Espectador intentó conocer la posición de la empresa sobre estos temas, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

                                                                                                                                Por Redacción Vivir

                                                                                                                                Ver todas las noticias
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