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Tras casi tres años de discusión, hoy se conoció que la Sección Tercera del Consejo de Estado dejó en firme un decreto y una resolución del Gobierno que establecían cuáles eran las reglas para practicar el fracking en Colombia y que se convirtieron el primer paso hacia esta forma de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. El alto tribunal había suspendido los efectos de esas normas mientras estudiaba la demanda, pero con el fallo de este 7 de julio, vuelven a estar en firme. (Lea acá: Consejo de Estado dejó en firme normas que abren la puerta al fracking)
El caso llegó al Consejo de Estado por cuenta de una demanda que pedía tumbar los actos administrativos, ya que, según explicaba, las normas no tenían en cuenta los eventuales riesgos que la fracturación del suelo dejaba en el medio ambiente y en la vida humana. Pero el Consejo de Estado concluyó que estos argumentos no fueron probados.
Ante esta decisión, la Alianza Colombia Libre del Fracking emitió un comunicado afirmando que es una noticia que reciben con preocupación. “Desconoce el principio de precaución en materia ambiental y el riesgo de daño grave e irreversible que representa esta técnica experimental para el ambiente, la salud y la integridad humana”, aseguran. Además, señalan que la decisión “va en contravía del concepto de la Procuraduría General y de varias de las pruebas practicadas en el juicio, entre ellas el peritaje de la Universidad Nacional que demostraron la insuficiencia de las normas demandadas. Además, se desecharon los amplios testimonios recabados, entre ellos los de la Comisión de Expertos conformada por el Gobierno, que evidenciaron la incertidumbre científica y la necesidad de aplicar el principio de precaución. El fallo debía declarar la nulidad de las normas demandadas”. (Le puede interesar: Las dudas sobre el “fracking” que revivió la licencia ambiental a piloto de Ecopetrol)
Vale recordar que una de las recomendaciones que dio la Comisión de Expertos de Fracking, fue que, antes de tomar una decisión de fondo, se realizaran unos modelos piloto para recolectar datos sobre el riesgo del fracking para el ambiente y las comunidades. Y, una vez con esos datos, un comité de evaluación determiné si es seguro o no hacer fracking a gran escala y a nivel comercial en Colombia. Decisión que, de hecho, fue respaldada y permitida por Consejo de Estado en el 2018, por lo que, en teoría, los pilotos de fracking siguen adelante. De hecho, en abril de este año la ANLA le otorgó la licencia ambiental al proyecto piloto Kalé, que desarrollaría Ecopetrol en Puerto Wilches. Esta licencia, aunque fue suspendida temporalmente por un juzgado de Barrancabermeja, ya que no había sido objeto de consulta popular, recibió la vía libre por el Tribunal Administrativo de Santander a principios de junio. (Le puede interesar: Esto dijo la nueva ministra de Ambiente sobre “fracking”, deforestación y glifosato)
Sobre esta última decisión del Consejo de Estado, la Alianza también dice que “resulta peligrosa en el contexto de la crisis climática y abiertamente incoherente frente a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, y eleva el riesgo que la implementación del fracking está generando a los defensores y defensoras ambientales del Magdalena Medio, un territorio que ha sufrido más de un siglo de explotación petrolera y violencia armada”. Y concluyen explicando que seguirán insistiendo que en el Congreso de la República se prohíba el fracking definitivamente.