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¿Cómo se podría asegurar una buena conservación de biodiversidad en Colombia si los recursos para hacerlo no son suficientes? Esta fue una de las primeras preguntas que se hizo la ingeniera ambiental Camila Guerrero en 2019, cuando estaba empezando a hacer su tesis de maestría en la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos). Tras tres años de la firma del Acuerdo de Paz, la ingeniera se empezó a cuestionar sobre los esfuerzos de conservación en el país, pues varios reportes y científicos habían advertido que los bosques se podrían ver sometidos a una mayor explotación. (Lea: Criar abejas para luchar contra la deforestación en Caquetá)
Como lo mostró un estudio publicado en Nature en 2020, la tasa de deforestación en 31 áreas protegidas creció en un 177 % luego del Acuerdo de Paz. Con esta cifra en mente, el equipo de investigadores, del que hizo parte Guerrero, se propuso analizar con más detalle el caso de Colombia. Lo que querían saber es qué camino debe tomar el país para proteger la biodiversidad teniendo en cuenta que tiene pocos recursos para hacerlo. El resultado fue publicado en la revista Nature Sustainability y se puede sintetizar en un mapa. En él se muestran seis regiones que deben ser priorizadas para alcanzar un balance costo-beneficio en la implementación de iniciativas de conservación. Entre estas, hay dos zonas claves.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores dividieron su estudio en dos partes: primero determinaron la cantidad de plata que el Colombia necesitaría para frenar la deforestación y, después, se pusieron en la tarea de establecer en cuáles regiones se debería invertir. La proyección de la inversión la obtuvieron a través del llamado modelo Waldron, que ya ha ayudado a otros países a determinar qué deben invertir para proteger su biodiversidad. A partir de esto, los investigadores concluyeron que Colombia necesita destinar, más o menos, entre $146 y $154 mil millones anualmente para frenar la deforestación.
Pero la gran pregunta es, ¿en dónde invertir ese monto de forma más efectiva?. “Para contestar ese interrogante, tuvimos que hacer dos pasos para obtener un análisis de costo-efectividad. Primero, se debe saber si se aplica un proyecto de conservación, dónde va a tener más beneficios, para luego determinar en qué lugares serían más caros o baratos. Esto, en teoría, da una medida de costo-efectividad”, explica Camila Guerrero.
Este primer paso, entonces, se calculó a partir del llamado “costo de oportunidad de conservación”, que se refiere a los ingresos que se perderían por no hacer actividades agrícolas (como la siembra de café, cacao o coca) o de ganadería. Los investigadores averiguaron cuáles eran las proyecciones de ganancias de esos cultivos en zonas en donde efectivamente hubiera una alta probabilidad (de igual o más del 67 %) de que hubiese una tala del bosque para realizar actividades productivas. Esto dio como resultado un mapa de los costos.
El segundo paso fue evaluar los beneficios de conservación. En este punto, los investigadores hicieron uso de una métrica conocida en la ciencia como STAR. Con ella se analiza la reducción y restauración de la amenaza de las especies. A mayor STAR, por ejemplo, mayor conservación de biodiversidad. Camila Guerrero lo resume así: “El hecho de que una parcela de bosque tenga una STAR muy alta puede significar muchas cosas: que hay pocas especies, pero muy amenazadas, o puede significar que hay muchas especies, no tan amenazadas”. (Puede leer: Tierras indígenas de Brasil actúan como barreras contra deforestación, según informe)
¿Qué zonas se deberían priorizar para la inversión en biodiversidad?
Ahorrándonos muchos detalles técnicos, los investigadores decidieron identificar seis puntos focales en las regiones con mayor riesgo de deforestación: Caribe, Pacífica y Andina. Los requisitos que debían cumplir los lugares eran: tener más del 45 % de su área en un bosque, presentar un beneficio de conservación medio y alto, y un costo de inversión para la protección medio y alto. Estos fueron: la Serranía de San Lucas, la Sierra Nevada de Santa Marta, el oeste de Antioquia, Telembí y sur del Pacífico, Buenaventura y el Catatumbo.
En general, los investigadores pusieron atención a los lugares con una STAR alta y de bajo costo. “Para maximizar el impacto de los fondos limitados disponibles, nuestro análisis sugiere que la Sierra Nevada de Santa Marta y el oeste de Antioquia son objetivos prioritarios para gastos de conservación dentro del país”, dice el estudio. deforestaciónestos territorios costaría $2 billones 504 mil millones, respectivamente. La siguiente área más económica de conservar requeriría la inversión de casi $4 billones.
El mapa de priorización del estudio está lejos de pretender ser una especie de “norma” para la política pública. Simplemente, explica la ingeniera Guerrero, es una herramienta de datos que puede ser utilizada para tomar decisiones, tomando en cuenta los contextos sociales y sopesando prioridades. La conservación de áreas muy diversas, y potencialmente vulnerables, después de todo, a veces implica costos muy elevados. (Le puede interesar: ¿Por qué la Amazonia no puede ser ignorada por el próximo Gobierno?)
El caso de Buenaventura ilustra muy bien esta disyuntiva. El estudio concluyó que, aunque es una región con una cobertura forestal de casi el 80 % y tiene la tercera STAR más alta entre los lugares evaluados, tiene un costo de oportunidad altísimo, de más de $13 billones. Esta encrucijada, dice Guerrero, es una que los encargados de política pública se van a enfrentar con frecuencia en lo que es una decisión compleja, que no puede tomar en cuenta únicamente lo que diga un mapa de priorización como el que resultó en el estudio.
“La protección ambiental efectiva tiene que considerar otros contextos de los lugares, como la gobernanza ambiental o las comunidades que allí están. Si el país decide conservar un lugar y frenar cualquier intervención humana de comunidades de la zona, claramente no va a funcionar y, si lo hace, el costo social sería muy alto, hay muchos factores a considerar”, precisa Guerrero.
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