Conservar el medioambiente, la próxima “locomotora” de Colombia

Crecer económicamente no tiene que ir en contravía de la preservación de los ecosistemas. Contrario a lo que se cree, el medioambiente no es un obstáculo para el desarrollo de un país, sino su aliado. El problema parece ser que hasta ahora se está empezando a descifrar cómo progresar de una manera que impacte las comunidades y el ambiente. Por esto, desde hace unos años los economistas vienen hablando del crecimiento verde, un punto en el que las políticas ambientales y económicas se encuentran para romper el mito de que son incompatibles.

Aunque tiene varias definiciones, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) significa “buscar el crecimiento y el desarrollo económicos al mismo tiempo que se previene la degradación ambiental, el cambio climático, la pérdida en biodiversidad y el uso insostenible de recursos naturales”. Es decir, los países deben empezar a transformar sus economías, basadas en las industrias extractivas, y experimentar el potencial económico de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, conservar las cuencas hidrográficas y adaptarse al cambio climático.

El indicador por el que todos los países compiten, el PIB, debe repensarse para que demuestre los verdaderos impactos que tiene una economía que crece desenfrenadamente. Según explica Guillermo Rudas, miembro del Consejo Académico del Foro Nacional Ambiental, “el PIB tiene la capacidad de reflejar en las cuentas nacionales los costos que está pagando la sociedad por la inadecuación a los eventos climáticos extremos”. Y agrega: “En este momento, este costo se diluye en la sociedad y no queda reflejado en las variables económicas”.

Aunque seguir desarrollándonos como lo venimos haciendo puede sonar tentador, los recursos de los que nos valemos para que las industrias y los mercados crezcan —como el agua, los hidrocarburos y los suelos— no son infinitos. De hecho, la presión de la humanidad sobre la naturaleza ha sido tal que desde 1970 excedimos la capacidad de la Tierra para regenerar los recursos que consumimos. Hemos talado árboles a una velocidad mayor de su capacidad para regenerarse, pescamos más peces de los que los océanos pueden reponer y emitimos más gases de efecto invernadero a la atmósfera de los que los bosques y océanos pueden absorber. Nuestro impacto es tan grande que, según el Informe Planeta Vivo 2014, de WWF, actualmente necesitamos 1,5 planetas para satisfacer nuestro consumo, a pesar de que sólo tenemos uno. Si continuamos así, en el 2050 requeriremos tres planetas para abastecernos.

Igualmente, según el PND, el costo de la contaminación del aire en Colombia equivale al 1,1 % del PIB, descontaminar el río Bogotá cuesta casi $6 billones y el último fenómeno de La Niña le costó al país 2,2 % del PIB. Por eso, toda explotación de los recursos naturales que no se haga sosteniblemente representará una pérdida, en muchos casos irreversible.

Es por esto que, aunque el crecimiento verde es vital para lograr un desarrollo sostenible, debe incluir políticas incluyentes que garanticen que se maximicen los beneficios y se minimicen los costos para las personas más vulnerables de la sociedad.

¿Cómo va Colombia?

Aunque el país ya tiene clara la meta, se ha topado con muchos obstáculos para llegar a ella. Por primera vez, un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo tiene como título “Crecimiento verde (2014-2018)”, con cuatro objetivos:

Primero, avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. Segundo, proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. Tercero, lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y cambio climático. Y cuarto, la protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación al cambio climático, ordenamiento ambiental, mecanismos REDD+ en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo rom.

Sin embargo, para algunos expertos, como Rudas, el capítulo se queda “corto”, ya que, a pesar de que “hay una buena intención, queda una gran debilidad en dos direcciones: estamos en una situación difícil desde el punto de vista tributario, entonces los sectores no van a asumir una regla que les va a costar, y segundo, el Estado no tiene la capacidad para vigilar y desarrollar el cumplimiento de estas reglas del juego”, señala.

Esto sin contar que, con el tiempo, algunas políticas se salieron de la ruta. Las zonas de reserva minera, las aún cuestionadas zidres, los proyectos de infraestructura que van a atravesar lugares únicos por su diversidad cultural y biológica, y una economía que sigue basada en el extractivismo son sólo algunos de los baches que hay en el camino para crecer verde.

Esta incoherencia la resume Rudas: “Es increíble que sigamos hablando de crecimiento verde y cada vez que hay una caída en los precios de los dos grandes generadores de emisiones, el petróleo y el carbón, la economía entre en crisis. No podemos seguir dependiendo de que nuestro desarrollo esté tan amarrado a los precios internacionales de ambos, es inexplicable. Hay que replantearlo y discutir lo que se está viendo a nivel mundial: ponerles un precio a las emisiones de carbono, y eso implica desmejorar las condiciones del carbón y el petróleo, en beneficio del planeta”.

Crecer económicamente no tiene que ir en contravía de la preservación de los ecosistemas. Contrario a lo que se cree, el medioambiente no es un obstáculo para el desarrollo de un país, sino su aliado. El problema parece ser que hasta ahora se está empezando a descifrar cómo progresar de una manera que impacte las comunidades y el ambiente. Por esto, desde hace unos años los economistas vienen hablando del crecimiento verde, un punto en el que las políticas ambientales y económicas se encuentran para romper el mito de que son incompatibles.

Aunque tiene varias definiciones, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) significa “buscar el crecimiento y el desarrollo económicos al mismo tiempo que se previene la degradación ambiental, el cambio climático, la pérdida en biodiversidad y el uso insostenible de recursos naturales”. Es decir, los países deben empezar a transformar sus economías, basadas en las industrias extractivas, y experimentar el potencial económico de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, conservar las cuencas hidrográficas y adaptarse al cambio climático.

El indicador por el que todos los países compiten, el PIB, debe repensarse para que demuestre los verdaderos impactos que tiene una economía que crece desenfrenadamente. Según explica Guillermo Rudas, miembro del Consejo Académico del Foro Nacional Ambiental, “el PIB tiene la capacidad de reflejar en las cuentas nacionales los costos que está pagando la sociedad por la inadecuación a los eventos climáticos extremos”. Y agrega: “En este momento, este costo se diluye en la sociedad y no queda reflejado en las variables económicas”.

Aunque seguir desarrollándonos como lo venimos haciendo puede sonar tentador, los recursos de los que nos valemos para que las industrias y los mercados crezcan —como el agua, los hidrocarburos y los suelos— no son infinitos. De hecho, la presión de la humanidad sobre la naturaleza ha sido tal que desde 1970 excedimos la capacidad de la Tierra para regenerar los recursos que consumimos. Hemos talado árboles a una velocidad mayor de su capacidad para regenerarse, pescamos más peces de los que los océanos pueden reponer y emitimos más gases de efecto invernadero a la atmósfera de los que los bosques y océanos pueden absorber. Nuestro impacto es tan grande que, según el Informe Planeta Vivo 2014, de WWF, actualmente necesitamos 1,5 planetas para satisfacer nuestro consumo, a pesar de que sólo tenemos uno. Si continuamos así, en el 2050 requeriremos tres planetas para abastecernos.

Igualmente, según el PND, el costo de la contaminación del aire en Colombia equivale al 1,1 % del PIB, descontaminar el río Bogotá cuesta casi $6 billones y el último fenómeno de La Niña le costó al país 2,2 % del PIB. Por eso, toda explotación de los recursos naturales que no se haga sosteniblemente representará una pérdida, en muchos casos irreversible.

Es por esto que, aunque el crecimiento verde es vital para lograr un desarrollo sostenible, debe incluir políticas incluyentes que garanticen que se maximicen los beneficios y se minimicen los costos para las personas más vulnerables de la sociedad.

¿Cómo va Colombia?

Aunque el país ya tiene clara la meta, se ha topado con muchos obstáculos para llegar a ella. Por primera vez, un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo tiene como título “Crecimiento verde (2014-2018)”, con cuatro objetivos:

Primero, avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. Segundo, proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. Tercero, lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y cambio climático. Y cuarto, la protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación al cambio climático, ordenamiento ambiental, mecanismos REDD+ en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo rom.

Sin embargo, para algunos expertos, como Rudas, el capítulo se queda “corto”, ya que, a pesar de que “hay una buena intención, queda una gran debilidad en dos direcciones: estamos en una situación difícil desde el punto de vista tributario, entonces los sectores no van a asumir una regla que les va a costar, y segundo, el Estado no tiene la capacidad para vigilar y desarrollar el cumplimiento de estas reglas del juego”, señala.

Esto sin contar que, con el tiempo, algunas políticas se salieron de la ruta. Las zonas de reserva minera, las aún cuestionadas zidres, los proyectos de infraestructura que van a atravesar lugares únicos por su diversidad cultural y biológica, y una economía que sigue basada en el extractivismo son sólo algunos de los baches que hay en el camino para crecer verde.

Esta incoherencia la resume Rudas: “Es increíble que sigamos hablando de crecimiento verde y cada vez que hay una caída en los precios de los dos grandes generadores de emisiones, el petróleo y el carbón, la economía entre en crisis. No podemos seguir dependiendo de que nuestro desarrollo esté tan amarrado a los precios internacionales de ambos, es inexplicable. Hay que replantearlo y discutir lo que se está viendo a nivel mundial: ponerles un precio a las emisiones de carbono, y eso implica desmejorar las condiciones del carbón y el petróleo, en beneficio del planeta”.