Contradicciones ambientales

Hace cuatro años, el 7 de agosto de 2010, Juan Manuel Santos abordó un helicóptero a las 6:40 a.m. en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Minutos más tarde aterrizó en un resguardo llamado Seyzhua, en la parte alta de la cuenca del río Ancho. Allí lo esperaban las autoridades de los pueblos indígenas kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo para entregarle un bastón de mando.

“Me hice acompañar de nuestra ministra de Ambiente porque recuerdo cómo me insistían ustedes en preservar el agua y la tierra, que es lo que produce alimentos... Eso va a ser fuente de inspiración en mi gobierno”, fue lo que dijo el recién posesionado presidente en aquella ceremonia en la que recibió un collar con cuatro piedras preciosas que simbolizaban el mar, la tierra, los alimentos y el buen gobierno.

Cuatro años después de asumir el compromiso de promover una visión de desarrollo del país en armonía con el medio ambiente, las contradicciones comienzan a salir a flote.

Para empezar, por el Ministerio de Medio Ambiente han desfilado cinco ministros en este corto lapso de tiempo, cuatro de ellos sin ninguna experiencia ni conocimiento del sector. Eso sin contar a Sandra Bessudo, que lo acompañó a la Sierra Nevada pero nunca se posesionó como ministra. Por si fuera poco, este año el Gobierno propuso recortar los recursos para ese ministerio.

Las contradicciones han sido la moneda común en materia ambiental durante estos cuatro años. En 2013, mientras el presidente declaraba la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, la mayor área protegida del Amazonas, al mismo tiempo establecía que casi 20 millones de hectáreas de selvas vírgenes en la Amazonia y el Pacífico hacían parte de la zona minera estratégica.

Por aquella misma época comenzaba a gestarse el decreto que hoy tiene preocupados no sólo a los ambientalistas sino también a gremios como el de los ingenieros. El documento, que se conoció hace 10 días, introduce una serie de modificaciones en la forma como se otorgan las licencias ambientales. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, y el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Fernando Iregui, han argumentado que sólo buscan reducir la burocracia y hacer más eficiente el trámite.

Pero muchas señales apuntan a que el interés real es quitar la principal talanquera para los proyectos de infraestructura, hidrocarburos y minería que el Gobierno quiere ver marchando durante los próximos cuatro años. Una de esas señales es la estrecha cercanía entre Iregui, el ministro Vallejo y Germán Vargas Lleras, superministro de Infraestructura y Vivienda y quien esta semana escribió en su Twitter: “¡En todos los frentes, continuamos con nuestra misión de ejecutar, ejecutar y ejecutar!”.

En promedio, una nueva licencia ambiental está tomando entre 23,35 semanas y 39,62, dependiendo de si necesita información adicional. En otras palabras, muchos de los proyectos que se presenten a partir de hoy sólo obtendrían el permiso para cuando comience la próxima campaña electoral. Si el nuevo decreto se aprueba, ese problema desaparece. Una licencia podría obtenerse en poco más de un mes.

Mientras este debate se agitaba en radio, prensa, televisión y redes sociales, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, viajaba a Nueva York para acompañar el lanzamiento del informe mundial sobre la nueva economía climática. Curiosamente, el mensaje de fondo del informe, esta vez envuelto en palabras más modernas, era el mismo de los mamos a Santos hace cuatro años: un buen gobierno para evitar la pobreza y el hambre protegiendo los recursos naturales.

Pero ahí no terminan las contradicciones sobre el modelo de desarrollo que el Gobierno tiene planeado para el país. El mismo mes en que establecía el marco que regula la controvertida técnica del fracking para explotar hidrocarburos no convencionales, el presidente Santos viajaba a la Cumbre del Clima en Nueva York. Frente a representantes de más de 190 naciones dijo que “si queremos limitar el aumento de la temperatura a 2 °C debemos tener un modelo de desarrollo neutro en carbono a mediados de siglo”, y cerró su discurso asegurando que “en Colombia ya asumimos de manera responsable y seria este desafío”.

pcorrea@elespectador.com

@pcorrea78

Hace cuatro años, el 7 de agosto de 2010, Juan Manuel Santos abordó un helicóptero a las 6:40 a.m. en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Minutos más tarde aterrizó en un resguardo llamado Seyzhua, en la parte alta de la cuenca del río Ancho. Allí lo esperaban las autoridades de los pueblos indígenas kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo para entregarle un bastón de mando.

“Me hice acompañar de nuestra ministra de Ambiente porque recuerdo cómo me insistían ustedes en preservar el agua y la tierra, que es lo que produce alimentos... Eso va a ser fuente de inspiración en mi gobierno”, fue lo que dijo el recién posesionado presidente en aquella ceremonia en la que recibió un collar con cuatro piedras preciosas que simbolizaban el mar, la tierra, los alimentos y el buen gobierno.

Cuatro años después de asumir el compromiso de promover una visión de desarrollo del país en armonía con el medio ambiente, las contradicciones comienzan a salir a flote.

Para empezar, por el Ministerio de Medio Ambiente han desfilado cinco ministros en este corto lapso de tiempo, cuatro de ellos sin ninguna experiencia ni conocimiento del sector. Eso sin contar a Sandra Bessudo, que lo acompañó a la Sierra Nevada pero nunca se posesionó como ministra. Por si fuera poco, este año el Gobierno propuso recortar los recursos para ese ministerio.

Las contradicciones han sido la moneda común en materia ambiental durante estos cuatro años. En 2013, mientras el presidente declaraba la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, la mayor área protegida del Amazonas, al mismo tiempo establecía que casi 20 millones de hectáreas de selvas vírgenes en la Amazonia y el Pacífico hacían parte de la zona minera estratégica.

Por aquella misma época comenzaba a gestarse el decreto que hoy tiene preocupados no sólo a los ambientalistas sino también a gremios como el de los ingenieros. El documento, que se conoció hace 10 días, introduce una serie de modificaciones en la forma como se otorgan las licencias ambientales. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, y el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Fernando Iregui, han argumentado que sólo buscan reducir la burocracia y hacer más eficiente el trámite.

Pero muchas señales apuntan a que el interés real es quitar la principal talanquera para los proyectos de infraestructura, hidrocarburos y minería que el Gobierno quiere ver marchando durante los próximos cuatro años. Una de esas señales es la estrecha cercanía entre Iregui, el ministro Vallejo y Germán Vargas Lleras, superministro de Infraestructura y Vivienda y quien esta semana escribió en su Twitter: “¡En todos los frentes, continuamos con nuestra misión de ejecutar, ejecutar y ejecutar!”.

En promedio, una nueva licencia ambiental está tomando entre 23,35 semanas y 39,62, dependiendo de si necesita información adicional. En otras palabras, muchos de los proyectos que se presenten a partir de hoy sólo obtendrían el permiso para cuando comience la próxima campaña electoral. Si el nuevo decreto se aprueba, ese problema desaparece. Una licencia podría obtenerse en poco más de un mes.

Mientras este debate se agitaba en radio, prensa, televisión y redes sociales, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, viajaba a Nueva York para acompañar el lanzamiento del informe mundial sobre la nueva economía climática. Curiosamente, el mensaje de fondo del informe, esta vez envuelto en palabras más modernas, era el mismo de los mamos a Santos hace cuatro años: un buen gobierno para evitar la pobreza y el hambre protegiendo los recursos naturales.

Pero ahí no terminan las contradicciones sobre el modelo de desarrollo que el Gobierno tiene planeado para el país. El mismo mes en que establecía el marco que regula la controvertida técnica del fracking para explotar hidrocarburos no convencionales, el presidente Santos viajaba a la Cumbre del Clima en Nueva York. Frente a representantes de más de 190 naciones dijo que “si queremos limitar el aumento de la temperatura a 2 °C debemos tener un modelo de desarrollo neutro en carbono a mediados de siglo”, y cerró su discurso asegurando que “en Colombia ya asumimos de manera responsable y seria este desafío”.

pcorrea@elespectador.com

@pcorrea78