Contradicciones de la ANLA

El martes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puso punto final al debate nacional en torno a la explotación de hidrocarburos en una zona de 30.000 hectáreas en La Macarena (Meta), a 2,5 kilómetros del Parque Nacional Tinigua y muy cerca del río Losada. Con la revocatoria de la licencia ambiental otorgada a la empresa Hupecol, las aguas de la opinión pública se apaciguaron. Pero los verdaderos problemas de esta región apenas comienzan a salir a flote. También las contradicciones de la autoridad ambiental.

En la rueda de prensa convocada por la autoridad ambiental, los periodistas le preguntaron al director de la institución, el abogado Fernando Iregui, por otras licencias y proyectos petroleros que estuvieran desarrollándose en la zona: “¿Hay otras peticiones de la misma petrolera o de otras petroleras en La Macarena?”. “No”, respondió Iregui sin titubear. “¿Era el único proyecto?”, preguntó otro periodista. “Así es”, respondió Iregui.

No era la primera vez que a Iregui le hacían esa pregunta y respondía del mismo modo. Días atrás, periodistas de Blu Radio le preguntaron si era cierta la existencia de otros 250 pozos de explotación petrolera en esa zona del país considerada por los ecólogos como un área de gran importancia biológica, pues es el último puente de conectividad que existe entre los Andes, la Amazonia y la Orinoquia.

“Cuando se habla de explorar es como si ya existiera actividad de exploración autorizada por la autoridad, y desde la ANLA, eso no es así. Al sur del río Losada, que es departamento del Caquetá, municipio de San Vicente del Caguán, hay licencias y proyectos hace años desarrollándose. En esta área específica que nos ocupa, no”.

Sí existen otros proyectos

Una revisión minuciosa del Sistema de Información Ambiental de Colombia revela que el área de manejo especial de La Macarena, declarada como tal desde 1989, es un codiciado territorio para las petroleras. Los primeros dos proyectos de explotación que Iregui evitó mencionar en sus declaraciones públicas son uno conocido como Ombú (licencia ambiental 4338) y el llamado Capella (licencia ambiental 3816), operados por la empresa petrolera Emerald Energy. Si bien es cierto que se encuentran por debajo del río Losada, los mapas revelan que tocan la misma zona hídrica y biológica que el de Hupecol.

Estos proyectos ya reportan regalías y se encuentran en la cuenca del río Losada-Guayabero, en donde, según afirmaciones de Iregui, no se debería realizar ningún tipo de actividad de hidrocarburos teniendo en cuenta la vulnerabilidad del recurso hídrico.

De hecho, el 4 de julio de 2014, la ANLA expidió la resolución 0723, con la cual sancionó a la empresa Emerald Energy por incumplimiento de la licencia ambiental y su plan de manejo ambiental. La compañía construyó obras civiles no contenidas en los permisos, realizó quemas no autorizadas e instaló motobombas en el lecho de una quebrada no permitida.

Grandes bloques petroleros

La zona concedida a la empresa norteamericana Hupecol es apenas una pequeña porción de un enorme territorio en el que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha estimulado la exploración petrolera. Allí hay grandes bloques, como Los Picachos, Macaya, Cedrela, Portofino, Sangretoro, Bicuda, PUT 29, PUT 32, entre otros (ver mapa). Es decir, el destino de La Macarena y sus alrededores, aún no está escrito.

En una entrevista con Blu Radio, Betsy Barrera Murillo, directora de Cormacarena, no sólo explicó que en 1989 se declaró esa área como de manejo especial, sino que desde 2014 trabajaban en el plan de manejo especial, que fue aprobado el 30 de diciembre de 2015. Cuatro meses antes de que se otorgara la licencia a Hupecol.

De acuerdo con la funcionaria, dentro del área de manejo especial existen 16 bloques petroleros en distintas fases de desarrollo, a pesar de tratarse de un área declarada incompatible con estas actividades. Todo lo contrario a lo dicho por Iregui hasta ahora en sus declaraciones públicas.

“La experiencia por la que acaba de pasar la ANLA llama a la reflexión de las políticas económicas del Estado y a una mayor coordinación de las diferentes entidades que lo administran”, comentó una fuente muy cercana a la agencia. “Ante la debilidad de la ANLA en el seguimiento de los proyectos licenciados, difícilmente se pueden detectar, controlar y remediar oportunamente los impactos presentados”. Una verdad que conocen muy bien los técnicos de la institución. Las visitas que realizan para verificar el cumplimiento de las licencias se llevan a cabo dos años después de iniciado el proyecto, período en el que puede ocurrir cualquier cosa.

El caso de Hupecol, como el de Emerald Energy, demuestra que, en materia petrolera y protección ambiental, algunas instituciones están montando el caballo antes de ensillarlo. ¿Por qué se otorgan bloques de exploración cuando la autoridad local ambiental, en este caso Cormacarena, y los municipios tienen planes radicalmente distintos para esos mismos territorios?

Para justificar el reversazo de la licencia ambiental de Hupecol, Fernando Iregui insistió en que al tomar la decisión no conocía el plan de manejo integral de Cormacarena para la zona, construido a lo largo de varios años y definido hace cinco meses. Cierto o no el argumento, existía un elemento mucho más claro en el proceso llevado a cabo: el rechazo social que había generado entre los habitantes y líderes políticos de la zona.

“El componente social parece estar quedando reducido a una simple descripción, a un trámite más, sin que se piense en cómo evitar los impactos que se ocasionan por la sustitución de las actividades económicas de los habitantes de una región al abrir paso a la explotación petrolera”, comentó el experto, que pidió omitir su nombre. Una actividad que a la postre termina desplazándolos de sus territorios y/o degradando las zonas por la llegada de foráneos atraídos por el boom de la explotación petrolera, que a su vez desencadena conflictos como aumento en el costo de vida, inseguridad, prostitución, entre otros.

El caso Hupecol también evidencia que en los últimos años la ANLA parece haber perdió su razón de ser, convirtiéndose en una instancia de otorgamiento de licencias que no vela por el equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad.

El martes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puso punto final al debate nacional en torno a la explotación de hidrocarburos en una zona de 30.000 hectáreas en La Macarena (Meta), a 2,5 kilómetros del Parque Nacional Tinigua y muy cerca del río Losada. Con la revocatoria de la licencia ambiental otorgada a la empresa Hupecol, las aguas de la opinión pública se apaciguaron. Pero los verdaderos problemas de esta región apenas comienzan a salir a flote. También las contradicciones de la autoridad ambiental.

En la rueda de prensa convocada por la autoridad ambiental, los periodistas le preguntaron al director de la institución, el abogado Fernando Iregui, por otras licencias y proyectos petroleros que estuvieran desarrollándose en la zona: “¿Hay otras peticiones de la misma petrolera o de otras petroleras en La Macarena?”. “No”, respondió Iregui sin titubear. “¿Era el único proyecto?”, preguntó otro periodista. “Así es”, respondió Iregui.

No era la primera vez que a Iregui le hacían esa pregunta y respondía del mismo modo. Días atrás, periodistas de Blu Radio le preguntaron si era cierta la existencia de otros 250 pozos de explotación petrolera en esa zona del país considerada por los ecólogos como un área de gran importancia biológica, pues es el último puente de conectividad que existe entre los Andes, la Amazonia y la Orinoquia.

“Cuando se habla de explorar es como si ya existiera actividad de exploración autorizada por la autoridad, y desde la ANLA, eso no es así. Al sur del río Losada, que es departamento del Caquetá, municipio de San Vicente del Caguán, hay licencias y proyectos hace años desarrollándose. En esta área específica que nos ocupa, no”.

Sí existen otros proyectos

Una revisión minuciosa del Sistema de Información Ambiental de Colombia revela que el área de manejo especial de La Macarena, declarada como tal desde 1989, es un codiciado territorio para las petroleras. Los primeros dos proyectos de explotación que Iregui evitó mencionar en sus declaraciones públicas son uno conocido como Ombú (licencia ambiental 4338) y el llamado Capella (licencia ambiental 3816), operados por la empresa petrolera Emerald Energy. Si bien es cierto que se encuentran por debajo del río Losada, los mapas revelan que tocan la misma zona hídrica y biológica que el de Hupecol.

Estos proyectos ya reportan regalías y se encuentran en la cuenca del río Losada-Guayabero, en donde, según afirmaciones de Iregui, no se debería realizar ningún tipo de actividad de hidrocarburos teniendo en cuenta la vulnerabilidad del recurso hídrico.

De hecho, el 4 de julio de 2014, la ANLA expidió la resolución 0723, con la cual sancionó a la empresa Emerald Energy por incumplimiento de la licencia ambiental y su plan de manejo ambiental. La compañía construyó obras civiles no contenidas en los permisos, realizó quemas no autorizadas e instaló motobombas en el lecho de una quebrada no permitida.

Grandes bloques petroleros

La zona concedida a la empresa norteamericana Hupecol es apenas una pequeña porción de un enorme territorio en el que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha estimulado la exploración petrolera. Allí hay grandes bloques, como Los Picachos, Macaya, Cedrela, Portofino, Sangretoro, Bicuda, PUT 29, PUT 32, entre otros (ver mapa). Es decir, el destino de La Macarena y sus alrededores, aún no está escrito.

En una entrevista con Blu Radio, Betsy Barrera Murillo, directora de Cormacarena, no sólo explicó que en 1989 se declaró esa área como de manejo especial, sino que desde 2014 trabajaban en el plan de manejo especial, que fue aprobado el 30 de diciembre de 2015. Cuatro meses antes de que se otorgara la licencia a Hupecol.

De acuerdo con la funcionaria, dentro del área de manejo especial existen 16 bloques petroleros en distintas fases de desarrollo, a pesar de tratarse de un área declarada incompatible con estas actividades. Todo lo contrario a lo dicho por Iregui hasta ahora en sus declaraciones públicas.

“La experiencia por la que acaba de pasar la ANLA llama a la reflexión de las políticas económicas del Estado y a una mayor coordinación de las diferentes entidades que lo administran”, comentó una fuente muy cercana a la agencia. “Ante la debilidad de la ANLA en el seguimiento de los proyectos licenciados, difícilmente se pueden detectar, controlar y remediar oportunamente los impactos presentados”. Una verdad que conocen muy bien los técnicos de la institución. Las visitas que realizan para verificar el cumplimiento de las licencias se llevan a cabo dos años después de iniciado el proyecto, período en el que puede ocurrir cualquier cosa.

El caso de Hupecol, como el de Emerald Energy, demuestra que, en materia petrolera y protección ambiental, algunas instituciones están montando el caballo antes de ensillarlo. ¿Por qué se otorgan bloques de exploración cuando la autoridad local ambiental, en este caso Cormacarena, y los municipios tienen planes radicalmente distintos para esos mismos territorios?

Para justificar el reversazo de la licencia ambiental de Hupecol, Fernando Iregui insistió en que al tomar la decisión no conocía el plan de manejo integral de Cormacarena para la zona, construido a lo largo de varios años y definido hace cinco meses. Cierto o no el argumento, existía un elemento mucho más claro en el proceso llevado a cabo: el rechazo social que había generado entre los habitantes y líderes políticos de la zona.

“El componente social parece estar quedando reducido a una simple descripción, a un trámite más, sin que se piense en cómo evitar los impactos que se ocasionan por la sustitución de las actividades económicas de los habitantes de una región al abrir paso a la explotación petrolera”, comentó el experto, que pidió omitir su nombre. Una actividad que a la postre termina desplazándolos de sus territorios y/o degradando las zonas por la llegada de foráneos atraídos por el boom de la explotación petrolera, que a su vez desencadena conflictos como aumento en el costo de vida, inseguridad, prostitución, entre otros.

El caso Hupecol también evidencia que en los últimos años la ANLA parece haber perdió su razón de ser, convirtiéndose en una instancia de otorgamiento de licencias que no vela por el equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad.