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Después de seis años la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP) volvió a territorio africano. En un año de múltiples desastres, incluyendo sequías e inundaciones en distintas regiones del mundo, los compromisos de los países siguen fuera de la trayectoria de no superar los 1.5 grados Celcius. Según el informe Global Carbon Budget, de la alianza Global Carbon Project, se espera que en 2022 las emisiones mundiales de CO2 aumenten 1 %, en comparación con las de 2021. Un registro récord y sin muestras de descenso.
“Si los niveles de emisiones persisten, habría una probabilidad del 50% de superar la meta de 1,5 grados en nueve años. Se espera que los países emitan un total de 41.000 millones de toneladas de CO2 en 2022, con 37.000 millones de toneladas procedentes de la quema de combustibles fósiles y 4.000 millones de toneladas por usos del suelo, como la deforestación”, afirma el informe elaborado por más de 100 científicos.
Como si ya conociera estos hallazgos, la presidencia egipcia de la COP27 definió como lema de esta cumbre “Together for implementation”, o “Unidos por la Implementación”, buscando que las decisiones que se tomen superen los anuncios y se conviertan en verdaderas acciones. (Le puede interesar América Latina trata de no pasar desapercibida en la COP27)
Sin embargo, luego de una semana de negociaciones no se han logrado resultados contundentes.
De Glasgow a Sharm-el-Sheikh
Del frío escocés se llegó al calor egipcio, a una ciudad costera que muchos comparan con Cancún. Un territorio turístico a orillas del mar Rojo, con grandes retos logísticos que han ido desde el hospedaje de algunos delegados y participantes hasta la oferta en la comida y disponibilidad de baños en el centro de convenciones. Desafíos que suelen presentarse en este tipo de eventos. Y, es que la COP27 podría ser la segunda cumbre más concurrida después de la de Glasgow. La lista provisional de participantes publicada por la Convención, indica que 33,449 participantes se encuentran en la Sharm-el-Sheikh, comparada con las casi 40,000 personas confirmadas en la COP26.
En medio de este escenario se dan las negociaciones y eventos paralelos con la idea de avanzar en lo que comenzó hace años, y algunos temas puntuales que se pactaron en Escocia. De la COP26 a la COP27 hubo algunos avances relacionados con ítems puntuales de negociación. Por ejemplo, se avanzó en reuniones técnicas y diálogos alrededor de la Nueva Meta de Financiamiento, la Meta Global de Adaptación y los Diálogos de Glasgow sobre pérdidas y daños. No obstante, en lo referente a las grandes iniciativas más políticas que se proclamaron en 2021, no se ve mucho progreso. Este es el caso de la declaración sobre los bosques y usos del suelo, la alianza financiera para el net-zero, o el compromiso mundial global sobre el metano. Lo que hace pensar que, aunque Sameh Shoukry, presidente de la COP27 hable de implementación se está lejos de ella. (Le puede interesar Latinoamérica en la COP, una nueva oportunidad contra el cambio climático)
Este año, por ejemplo, a la alianza por los bosques y el clima se les sumaron otros países como Japón y Pakistán. Pero Brasil y República Democrática del Congo no hicieron parte del acuerdo. Dos países con extensos y estratégicos bosques para la acción climática y la conservación de la biodiversidad. Frente al compromiso de los actores no estatales con net-zero, los 17 expertos de Naciones Unidas encargados de hacer seguimiento alertaron sobre múltiples casos de “greenwashing”, y que los anuncios no corresponden con las acciones. Un panorama nada alentador para la acción climática.
América Latina y el Caribe: unión, compromisos y negociadores
Latinoamérica y el Caribe se han caracterizado por ir mejorando sus planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Países como Colombia, Chile y Costa Rica se han convertido en referentes por sus políticas; mientras otros como Brasil y México se estaban quedando atrás. Sin embargo, las recientes elecciones en el país carioca hacen pensar que sus compromisos pueden cambiar. Por su parte, México anunció durante la primera semana de la COP27 la actualización de su contribución nacionalmente determinada (NDC).
El país centroamericano aumentó su meta de mitigación de emisiones de 22 a 35%. De acuerdo con Jorge Villarreal, director de política climática de la Iniciativa Climática de México (ICM), aunque las metas no ponen al país en la trayectoria de 1.5 grados, pues para esto se requeriría reducir entre 55 y 67% de las emisiones, es bienvenido el anuncio. “Sin embargo, aún hay muchas preguntas en cuanto a la transparencia de los cálculos para llegar a ese objetivo, así como en la forma cómo se van a implementar las medidas que le permitan a México alcanzar la meta”, agregó Villarreal.
Las dudas sobre la implementación de las metas propuestas por los países no aplican solo para México, es un tema que toca al resto de América Latina y el Caribe. Por un lado, el financiamiento para desarrollar acciones transformadoras es escaso, y por el otro, el compromiso de los diferentes sectores de la economía no es real, ni suficiente. (Le puede interesar Biden anuncia una inversión de $100 millones de dólares para adaptación climática)
América Latina y el Caribe es la región en desarrollo que menos recursos recibe para la acción climática (17%), en comparación con África (26%) y Asia (42%). Según el último informe de la OECD, en 2020, los países desarrollados solo movilizaron 83.3 miles de millones de dólares, una cifra por debajo del compromiso de los 100 mil millones de dólares anuales. De estos recursos, el 71% viene de préstamos y sólo un poco más de un cuarto (26%) son subvenciones. Así mismo, más de la mitad de los recursos (58%) se concentran en acciones de mitigación y apenas el 34% se destinan a adaptación.
Estos datos han hecho que uno de los temas más relevantes hasta ahora en Egipto sea el pedido de algunos jefes de estado, como la Primera Ministra de Barbados, de reformar la Banca Multilateral de Desarrollo, es decir, instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Una petición a la que se le han unido otras voces como la de Gustavo Petro, Emmanuel Macron, y demás expertos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Para Diana Cárdenas, coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), el problema alrededor del financiamiento climático no es algo nuevo y está relacionado con cómo se pensaron históricamente los fondos de desarrollo internacional. “Se pensó al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para financiar el desarrollo, pero lo que terminó pasando fue que empezaron a otorgar préstamos que implican deuda para países en desarrollo con espacio fiscal limitado”. Es necesario, en palabras de Diana, algo que “transforme el sistema monetario y financiero global por fuera de la idea de la deuda que justamente ha sido el corazón de todo el problema que tenemos en el paradigma del desarrollo a nivel global.”
La fiebre de los mercados de carbono
Parte de la financiación que buscan, sobre todo, los países en desarrollo, con grandes extensiones de selva, tiene como destino proteger los bosques de la degradación y deforestación que van en aumento. De acuerdo con el informe de la FAO, ‘El estado de los bosques del mundo’, América del Sur y África tuvieron las pérdidas más altas de zonas forestales entre 2010 y 2020, a nivel mundial.
Pero ¿deben los bosques financiar su propia protección? Eso pareciera ser lo que se ha propuesto hasta ahora en la COP27. Los mercados de carbono han resaltado no sólo en los discursos de los jefes de Estado, sino también en lo que se sigue negociando alrededor del Artículo 6 del Acuerdo de París. (Le puede interesar El mundo se aleja de su promesa de no aumentar más de 1,5°C para 2100)
John Kerry, enviado de Estados Unidos anunció un plan de recaudar fondos para la acción climática para los países en desarrollo a través de créditos de carbono. La iniciativa ha sido criticada, principalmente, porque la compensación puede socavar los esfuerzos necesarios en la reducción de emisiones, no responde al compromiso de los países desarrollados de financiar los esfuerzos de transición de los países en desarrollo y de darse se necesitaría la inclusión de salvaguardas ambientales y sociales para su implementación.
De acuerdo con Catalina Gonda, coordinadora de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina (FARN), esto es preocupante pues concentrar la necesidad de financiamiento privado a través de los proyectos de carbono desvía la atención de la responsabilidad del financiamiento público y genera problemas de integridad ambiental, dando legitimidad a la continuidad del uso de combustibles fósiles.
Latinoamérica tiene grandes zonas boscosas como la Riviera Maya, así como la Amazonia y el Gran Chaco, lo que convierte a los países del continente en zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de carbono.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mencionó en su intervención en el foro de la Asociación de Líderes por los Bosques y el Clima que la propuesta del país es establecer un fondo multilateral “que sea capaz durante 20 años, de financiar a las fuerzas sociales, campesinas, agricultoras, en general personas humildes, que son hoy el agente de destrucción de la selva,” al mismo tiempo resaltó la importancia de conservar el Amazonas por ser “una de las grandes esponjas de absorción de CO2.”
Martín Pérez, gerente de mercados de carbono en CCAP, aclara que, si bien las palabras de Petro de conectar la protección del Amazonas con los grandes emisores se pueden asociar con mercados de carbono, esto es solo una interpretación. (Le puede interesar Tuvalu, el país condenado a desaparecer, pide tratado que regula combustibles fósiles)
Pero, la fiebre de los bonos de carbono no solo está en Latinoamérica. África lanzó la Iniciativa de Mercados de Carbono (ACMI), la cual está enfocada en apoyar el crecimiento de la producción de créditos, crear puestos de trabajo y proteger la biodiversidad del continente. Según un comunicado de prensa de ACMI la idea es para 2030 ofrecer 300 millones de créditos anualmente. Este nivel de suministros desbloquearía seis mil millones de dólares en ingresos y apoyaría 30 millones de puestos de trabajo. La proyección para 2050, es superar los 1.500 millones de créditos anuales, más de 120 mil millones de dólares y más de 110 millones de puestos de trabajo.
Un balance mundial que debe avanzar en la identificación de soluciones
Los informes del IPCC y del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente sobre las brechas en reducción de emisiones y adaptación dejan claro lo lejos que todavía estamos de lograr las metas pactadas en el Acuerdo de París.
Por una parte, según el reporte sobre la brecha de emisiones 2022, entre 2010 y 2019 las emisiones totales de GEI en el mundo alcanzaron una media de 54,4 gigatoneladas de CO2 equivalente, con un máximo en 2019. Para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global en 1.5°C estas emisiones deben reducirse en 45% en comparación con las proyecciones de emisiones, en solo ocho años. (Le puede interesar El 50% de las mayores fuentes de emisiones son explotaciones de petróleo y gas)
Por otra parte, de acuerdo con el reporte de brechas en adaptación, los esfuerzos del mundo para adaptarnos frente al cambio climático no son suficientes para los riesgos esperados. Actualmente, las NDC apuntan a un calentamiento global de entre 2,4 y 2,6 °C para finales de siglo. Los costos que la adaptación necesita son entre 5 y 10 veces mayores que los flujos de financiamiento actuales de los países en desarrollo. Mientras que a 2030 las necesidades para la adaptación a nivel mundial van a sobrepasar los 340.000 millones de dólares anuales, hoy en día es menos de una décima parte de esta cantidad lo que se aporta.
Esta información es fundamental, para que en 2023, cuando concluya el Balance Mundial se tenga una idea más real de qué tanto están haciendo los países en materia de mitigación, adaptación, medios de implementación, y pérdidas y daños, entre otros temas cruciales para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, más importante que el balance del progreso es la identificación de barreras persistentes y soluciones a las mismas que permitan cerrar estas brechas de mitigación y adaptación a tiempo.
Laura Juliana Arciniegas, experta en diplomacia climática y ex jefe de la delegación de Colombia, explicó que esta primera semana se invitó a países, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, sector privado, entre otros, a que dieran insumos para entender cómo mejorar la implementación. “A pesar de la cantidad de participantes y buenas propuestas, el proceso enfrentó retos logísticos, pues los formatos de las reuniones y las tecnologías del lugar dificultaron la integración entre participantes”, resaltó Arciniegas. (Le puede interesar Empresas que invierten en combustibles fósiles no pueden llamarse ‘verdes’: ONU)
Profundizó diciendo que “el Balance Mundial es un proceso que debe centralizar todo lo que está ocurriendo en el régimen climático. Debe conectar lo que está pasando en las discusiones de adaptación, de financiamiento, del programa de trabajo de mitigación. Debe contar con el insumo de todos los comités y todos los órganos de la Convención y del Acuerdo de París. Pero, sobre todo, debe contar con el liderazgo de más alto nivel de las presidencias que tendrán a su cargo traducir los insumos técnicos a decisiones políticas el próximo año. Siento que eso no está sucediendo del todo.”
Y es que si bien, como resalta Arciniegas, el Balance Mundial no va a resolver las cosas, sí debe enviar señales de lo que hay que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
¿Qué se espera en la última semana de la COP27?
Si algo debe salir de Egipto en esta última semana de negociaciones es un panorama claro frente al financiamiento destinado a pérdidas y daños. Haber logrado un espacio formal en la agenda para discutirlo fue, sin duda, un paso adelante, pero la urgencia de los países en desarrollo para enfrentar los cada vez más frecuentes impactos del clima no da espera hasta el próximo año. Esta será la verdadera prueba de la voluntad política de los países desarrollados, algunos de los cuales han dado señales de apertura para evaluar las opciones sobre la mesa.
A su vez, como señaló María Lemos, experta en financiamiento climático “es fundamental que se aproveche la fuerza y unidad de los países en desarrollo, al estar en el continente africano, para que las discusiones y acuerdos a los que se lleguen favorezcan las acciones de estas regiones del mundo”. (Le puede interesar El discurso del presidente en la COP27)
La situación por la que atraviesa el mundo en términos económicos, energéticos y alimentarios producto de la guerra es innegable. Sin embargo, no actuar en favor del medio ambiente podría resultar mucho más costoso y catastrófico. Aún hay tiempo para que de Egipto salgan acuerdos concretos que posibiliten una implementación de acciones que marquen el camino para los próximos años.
Aunque estos escenarios de negociación están lejos de ser perfectos, el multilateralismo es fundamental para empujar acciones que comprometan a la mayor cantidad de países del mundo. Por tanto, las Conferencias de las Partes no sólo de cambio climático sino también de biodiversidad son relevantes. Lo fundamental es que estos espacios pasen del dicho al hecho.
*Profesional en Gobierno y Asuntos y Economista. Asociado en Transforma.
**Periodista y directora de comunicaciones de Transforma.