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El fallo de una acción de tutela presentada por la ONG Tierra Digna ante la Corte Constitucional tumbó las denominadas Áreas Estratégicas Mineras. Este se convierte en el más duro revés del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en uno de los sectores económicos en el que ha hecho una de sus principales apuestas: la denominada “locomotora minera”.
Este anuncio sería la estocada final a la política minera que promovió el presidente, Juan Manuel Santos, desde su llegada a la Casa de Nariño. Pues pone en riesgo una dinámica con la que se pretendía que este sector funcionara igual al petrolero, en el que existe un inventario de bloques con niveles de potencial establecidos que son otorgados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la extracción de minerales como oro, cobre, hierro, platino, entre otros.
La tutela además de argumentar que se vulneró el derecho de las comunidades a una consulta previa, abierta e informada también plantea que se estaban violando los derechos a alimentación, el acceso al agua y colectivos como el de un medio ambiente sano y al patrimonio cultural.
La disposición del Ministerio de Minas y Energía con las Áreas Estratégicas Mineras estableció que regiones como la Amazonia, Vaupés, Guainía, Vichada y el Chocó biogeográfico, más del 20% del país, eran potencialmente explotables y podían ser adjudicadas, a través de un proceso de “selección objetiva” en una “ronda minera”, a los empresarios que cumplieran con unas exigencias determinadas.
La preocupación por este proceso es que en él estarían siendo comprometidas zonas de importancia por su biodiversidad, como el Chocó y la Amazonia, pero también el Macizo Colombiano, la estrella hídrica más importante del país.
“Colombia tiene un gran saldo en el inventario ambiental y una de las graves circunstancias que reflejan que no existen estos es que no hay zonas de páramo, de acuerdo con las antiguas obligaciones del Plan Nacional de Desarrollo, zonas de humedales y de recarga de acuíferos, todavía no están plenamente identificados. Y aún sin eso ya hay zonas decretadas para esas actividades mineras”, planteó en su momento a El Espectador, Johana Rocha, una de las abogadas de Tierra Digna.
Se trata de un debate en el que los protagonistas del sector minero exigen un replanteamiento de los alcances de la consulta previa que ofrezca certezas en las reglas del juego y quienes defienden el medio ambiente exigen políticas integrales que eviten que los conflictos socioambientales se conviertan en una bomba de tiempo. Ese pulso parece tener un ganado, pues con la decisión de la Corte Constitucional se frenó en seco la locomotora minera del presidente Juan Manuel Santos.