¿Cuánto pagaría por salvar un bosque?

Colombia llegó a contar con 9 millones de hectáreas de bosque seco tropical hace un par de cientos de años. Hoy solo sobrevive el 8%. Para intentar visualizar la destrucción, es como pasar de 18 millones de campos fútbol a unos 720.000. O piénselo de otra forma, el Central Park de Nueva York tiene 341 hectáreas, teníamos 27 mil parques y ahora contamos con menos de 3 mil. ¿Qué tan grave es el problema y cómo remediarlo? (Lea La Amazonia es más importante de lo que creíamos)

En estos ecosistemas son frecuentes las lluvias estacionales seguidas de largas sequías y de fuertes precipitaciones. Una variabilidad hídrica que ha generado biodiversidad única. De 2600 especies de plantas, 83 son endémicas; de 230 especies de aves, 33 son exclusivas de este tipo de bosques; de 60 especies de mamíferos, 3 son endémicas, como lo reporta el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (Lea: Fauna silvestre sigue amenazada por mitos y creencias)

Así el Ministerio del Medio Ambiente determine que los bosques secos tropicales son sistemas estratégicos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas solo cobija el 5% para protección. La mayoría ha sido víctima silenciosa de la mano humana: deforestación, ganadería extensiva, desertificación, minería y más.

Aunque el diagnóstico es negativo, un grupo de investigadores de la Universidad de Manizales, de la Costa y Corpocaldas, encontraron un esquema de pagos por los servicios que prestan estos bosques que podría ser un punto de partida para cambiar la forma como nos relacionamos con estos ecosistemas.

Los bosques y sus servicios

Si estos ecosistemas fueran una empresa de servicios públicos, conformarían un enorme conglomerado donde hay de todo un poco: afectan el ciclo del agua, la regulación del clima, controlan la erosión, generan comida, madera, incluso son espacios que integran la religión, el patrimonio cultural y el arraigo. ¿Cuánto se pagaría por conservarlos? Esa es la pregunta que el grupo de investigadores se propuso averiguar.

Una de las científicas es Tatiana Enriquez Acevedo, administradora ambiental con maestría en ciencias biológicas y profesional especializada de Corpocaldas. Comenta que “todo nació de un proyecto de grado de dos estudiantes de Administración Ambiental de la Universidad de la Costa interesados en valorar los servicios ecosistémicos que brinda el bosque seco tropical en un área protegida del departamento del Atlántico denominada Distrito de Manejo Integrado de Luriza”.

Decidieron desplazarse a Usiacurí, un pequeño municipio al norte del departamento donde habitan un poco más de 8 mil personas. Allí se encuentra uno de los pocos protegidos bosques secos tropicales del país, con una extensión de 837 hectáreas. Los investigadores escogieron dos grupos: uno, 23 personas que viven dentro de la reserva y, otro, una muestra de 107 habitantes del casco urbano. Querían conocer qué tan importante es el ecosistema para sus vidas y cuáles consideraban los problemas más relevantes y, con eso en mente, indagar la disponibilidad de los primeros para conservar el ecosistema y de los segundos, por pagar por ese servicio.

“Este acercamiento nos llevó a entender las complejas relaciones entre los sistemas ecológicos y sociales en el área de estudio”. Eso dice el artículo publicado por el equipo investigador, que también aborda las situaciones acaecidas en esta zona desde cuando se ordenó su protección en 2011, como fueron las dificultades con los tenedores de la tierra, disminución de la productividad, el uso inapropiado del suelo con actividades como la minería y construcciones, entre otras. Eso generó tensión en la vida de la comunidad y las normas de protección del bosque.

En el análisis encontraron que a los habitantes les preocupaba el manejo de los desechos (60%), turismo desordenado (30%), explotación maderera (26%) e incendios forestales (13%); e identificaban que el bosque les proveía agua (100%), regulaba la calidad del aire (95%) y conservaba la biodiversidad (91%). La mayoría de los participantes querían mantenerlo para las futuras generaciones (95,5%).

“Les preguntamos si estaban dispuestos a pagar por mantener los servicios ecosistémicos que ya habíamos confirmado que valoraban del bosque y revisamos los posibles rangos porque, finalmente, esto es algo voluntario”, explicó Luis Alberto Vargas Marín, economista y candidato a doctor en desarrollo sostenible, además de director del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (Cimad) de la Universidad de Manizales.

Las propuestas fluctuaban desde pagar 1,74 dólares hasta 5,23 dólares mensualmente para que quienes viven en el bosque lleven a cabo actividades algunos días de la semana como vigilancia, descontaminación y guía turística. La cifra mejor recibida fue 2,02.

El 71% estaba de acuerdo en contribuir mensualmente. Con estos datos construyeron un modelo de pago por servicios ecosistémicos en el que, según cuentas, podrían recoger 145.428 dólares, una cifra cercana a los 545 millones de pesos al año. El modelo propuesto, según lo que dictamina el Decreto 1007 de 2018, no debe sobrepasar los cinco años (aunque se puede prorrogar según los resultados), por lo que -así lo dice el artículo- en ese lapso podrían contar con unos 2.700 millones de pesos.

“Aunque hay una población que no está dispuesta a pagar y se elimina, aun así con ese dinero se puede implementar el esquema y sobraría dinero para incluir mejoras ecológicas sociales y la operación del sistema de pago”, afirma Enriquez Acevedo. Según los datos recogidos, hasta un 88% del dinero podría financiar programas sociales, medioambientales, de descontaminación y operación. Solo con el 12% de lo propuesto se puede poner en marcha el esquema de pagos por servicios ecológicos.

Para el profesor Vargas es claro que este tipo de propuestas dependen de variables complejas. Por ejemplo, es importante que el esquema le genere mayor ganancia a los interesados que otro tipo de actividades, tanto legales como ilegales. Además, aunque la sociedad civil debe hacer un esfuerzo, las Corporaciones Autónomas Regionales y las empresas privadas también deben aportar. “Imagínese que una entidad utilice el agua de una quebrada pero que la ganadería y minería presentes contaminen ese líquido. ¿Qué es más barato: buscar otra fuente o apoyar a esas personas para que cambien de modelo económico?”.

Aunque aplicar este tipo de modelos no es fácil, tampoco es imposible. En varias regiones del país han logrado ponerse de acuerdo ganaderos, residentes e instituciones para implementar soluciones que conservan ecosistemas esenciales para la vida. ¿Cuánto vale el futuro?, esa es la pregunta, tan crucial como difícil de responder.

*Docente de la Escuela de Comunicación de la UManizales. Artículo publicado en Eureka, revista de divulgación de la UManizales. https://umanizales.edu.co/EurekaWeb/

Colombia llegó a contar con 9 millones de hectáreas de bosque seco tropical hace un par de cientos de años. Hoy solo sobrevive el 8%. Para intentar visualizar la destrucción, es como pasar de 18 millones de campos fútbol a unos 720.000. O piénselo de otra forma, el Central Park de Nueva York tiene 341 hectáreas, teníamos 27 mil parques y ahora contamos con menos de 3 mil. ¿Qué tan grave es el problema y cómo remediarlo? (Lea La Amazonia es más importante de lo que creíamos)

En estos ecosistemas son frecuentes las lluvias estacionales seguidas de largas sequías y de fuertes precipitaciones. Una variabilidad hídrica que ha generado biodiversidad única. De 2600 especies de plantas, 83 son endémicas; de 230 especies de aves, 33 son exclusivas de este tipo de bosques; de 60 especies de mamíferos, 3 son endémicas, como lo reporta el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (Lea: Fauna silvestre sigue amenazada por mitos y creencias)

Así el Ministerio del Medio Ambiente determine que los bosques secos tropicales son sistemas estratégicos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas solo cobija el 5% para protección. La mayoría ha sido víctima silenciosa de la mano humana: deforestación, ganadería extensiva, desertificación, minería y más.

Aunque el diagnóstico es negativo, un grupo de investigadores de la Universidad de Manizales, de la Costa y Corpocaldas, encontraron un esquema de pagos por los servicios que prestan estos bosques que podría ser un punto de partida para cambiar la forma como nos relacionamos con estos ecosistemas.

Los bosques y sus servicios

Si estos ecosistemas fueran una empresa de servicios públicos, conformarían un enorme conglomerado donde hay de todo un poco: afectan el ciclo del agua, la regulación del clima, controlan la erosión, generan comida, madera, incluso son espacios que integran la religión, el patrimonio cultural y el arraigo. ¿Cuánto se pagaría por conservarlos? Esa es la pregunta que el grupo de investigadores se propuso averiguar.

Una de las científicas es Tatiana Enriquez Acevedo, administradora ambiental con maestría en ciencias biológicas y profesional especializada de Corpocaldas. Comenta que “todo nació de un proyecto de grado de dos estudiantes de Administración Ambiental de la Universidad de la Costa interesados en valorar los servicios ecosistémicos que brinda el bosque seco tropical en un área protegida del departamento del Atlántico denominada Distrito de Manejo Integrado de Luriza”.

Decidieron desplazarse a Usiacurí, un pequeño municipio al norte del departamento donde habitan un poco más de 8 mil personas. Allí se encuentra uno de los pocos protegidos bosques secos tropicales del país, con una extensión de 837 hectáreas. Los investigadores escogieron dos grupos: uno, 23 personas que viven dentro de la reserva y, otro, una muestra de 107 habitantes del casco urbano. Querían conocer qué tan importante es el ecosistema para sus vidas y cuáles consideraban los problemas más relevantes y, con eso en mente, indagar la disponibilidad de los primeros para conservar el ecosistema y de los segundos, por pagar por ese servicio.

“Este acercamiento nos llevó a entender las complejas relaciones entre los sistemas ecológicos y sociales en el área de estudio”. Eso dice el artículo publicado por el equipo investigador, que también aborda las situaciones acaecidas en esta zona desde cuando se ordenó su protección en 2011, como fueron las dificultades con los tenedores de la tierra, disminución de la productividad, el uso inapropiado del suelo con actividades como la minería y construcciones, entre otras. Eso generó tensión en la vida de la comunidad y las normas de protección del bosque.

En el análisis encontraron que a los habitantes les preocupaba el manejo de los desechos (60%), turismo desordenado (30%), explotación maderera (26%) e incendios forestales (13%); e identificaban que el bosque les proveía agua (100%), regulaba la calidad del aire (95%) y conservaba la biodiversidad (91%). La mayoría de los participantes querían mantenerlo para las futuras generaciones (95,5%).

“Les preguntamos si estaban dispuestos a pagar por mantener los servicios ecosistémicos que ya habíamos confirmado que valoraban del bosque y revisamos los posibles rangos porque, finalmente, esto es algo voluntario”, explicó Luis Alberto Vargas Marín, economista y candidato a doctor en desarrollo sostenible, además de director del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (Cimad) de la Universidad de Manizales.

Las propuestas fluctuaban desde pagar 1,74 dólares hasta 5,23 dólares mensualmente para que quienes viven en el bosque lleven a cabo actividades algunos días de la semana como vigilancia, descontaminación y guía turística. La cifra mejor recibida fue 2,02.

El 71% estaba de acuerdo en contribuir mensualmente. Con estos datos construyeron un modelo de pago por servicios ecosistémicos en el que, según cuentas, podrían recoger 145.428 dólares, una cifra cercana a los 545 millones de pesos al año. El modelo propuesto, según lo que dictamina el Decreto 1007 de 2018, no debe sobrepasar los cinco años (aunque se puede prorrogar según los resultados), por lo que -así lo dice el artículo- en ese lapso podrían contar con unos 2.700 millones de pesos.

“Aunque hay una población que no está dispuesta a pagar y se elimina, aun así con ese dinero se puede implementar el esquema y sobraría dinero para incluir mejoras ecológicas sociales y la operación del sistema de pago”, afirma Enriquez Acevedo. Según los datos recogidos, hasta un 88% del dinero podría financiar programas sociales, medioambientales, de descontaminación y operación. Solo con el 12% de lo propuesto se puede poner en marcha el esquema de pagos por servicios ecológicos.

Para el profesor Vargas es claro que este tipo de propuestas dependen de variables complejas. Por ejemplo, es importante que el esquema le genere mayor ganancia a los interesados que otro tipo de actividades, tanto legales como ilegales. Además, aunque la sociedad civil debe hacer un esfuerzo, las Corporaciones Autónomas Regionales y las empresas privadas también deben aportar. “Imagínese que una entidad utilice el agua de una quebrada pero que la ganadería y minería presentes contaminen ese líquido. ¿Qué es más barato: buscar otra fuente o apoyar a esas personas para que cambien de modelo económico?”.

Aunque aplicar este tipo de modelos no es fácil, tampoco es imposible. En varias regiones del país han logrado ponerse de acuerdo ganaderos, residentes e instituciones para implementar soluciones que conservan ecosistemas esenciales para la vida. ¿Cuánto vale el futuro?, esa es la pregunta, tan crucial como difícil de responder.

*Docente de la Escuela de Comunicación de la UManizales. Artículo publicado en Eureka, revista de divulgación de la UManizales. https://umanizales.edu.co/EurekaWeb/