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Entre el 7 y 19 de diciembre de 2022 se celebró en Canadá la Cumbre de Diversidad Biológica #15, también llamada COP15. Este evento de la ONU, que tiene menos renombre mundial que la COP27, pero tiene una importancia similar, reúne a lideres mundiales en torno a las estrategias para mitigar la pérdida de biodiversidad. Como bien se dijo en la COP27 y se ha venido insistiendo desde diferentes organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)- todas por sus siglas en inglés- la pérdida de biodiversidad es una realidad que viene en alarmante aumento.
Según el último informe de la IPBES de 2019, más de un millón de especies del planeta (25% de las especies existentes) están en peligro de extinción. Además, según el informe Planeta Vivo, de WWF, el 69% de las poblaciones silvestres disminuyeron entre 1970 y 2018. Lo anterior da cuenta de que la protección de la biodiversidad resulta una acción esencial para mantener la vida en el planeta.
El resultado de la cumbre fue un acuerdo llamado “Marco Global de Biodiversidad Kumming-Montreal”, en el cual se establecen 23 metas y cuatro objetivos para proteger la biodiversidad del planeta. Este se presentó ante los medios como un acuerdo histórico, a pesar de haber sido aprobado con oposición de la República Democrática del Congo, unos de los países que más biodiversidad aloja en el mundo. Analicemos algunos de los elementos que plantea el acuerdo y qué posibilidades hay de llevarlo a la realidad, especialmente en el continente americano, donde se encuentran siete de los 17 países megadiversos del mundo. (También puede leer: Aprueban acuerdo ‘histórico’ para la biodiversidad. ¿Qué implica para Colombia?)
De las 23 metas (pueden consultarse acá), algunas que considero clave para América Latina son:
- La meta 3, llamada 30x30, que busca proteger el 30 % de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030. En este momento, solo el 17 % del área terrestre y el 10 % del área marina cuentan con algún tipo de protección.
- La meta 13, que busca tomar medidas jurídicas para aumentar la participación justa en los beneficios derivados del material genético y su secuenciación. Material genético se refiere a cualquier material biológico que incluya genes o información de genes. Secuenciación es la obtención de las secuencias de ADN de dicho material y la eventual reproducción de las mismas, sin necesidad del material original.
- La meta 22, relacionada con el reconocimiento de la importancia de los saberes de comunidades indígenas y locales en la protección de la biodiversidad, punto clave que da, al menos en el papel, a las comunidades que habitan en íntima relación con la naturaleza, más reconocimiento y agencia política para cuidar la biodiversidad.
Si bien las metas planteadas en el documento final suenan prometedoras, aún hay mucho camino por andar y se requiere, antes de celebrar, mirar las posibilidades reales de lograrlas. Así pues, analicemos algunos de los retos que enfrenta América Latina ante este acuerdo.
Primero, este no es un acuerdo vinculante. Eso quiere decir que depende de la voluntad de los países hacer esfuerzos para cumplir las metas propuestas. Dejar un elemento tan central como la protección de la biodiversidad en manos de la buena voluntad de los gobiernos de turno resulta problemático y poco efectivo. Si bien es cierto que los países que ratificaron el acuerdo deben crear mecanismos referentes al tema o mejorar los ya existentes, y que estos quedan ratificados a nivel estatal, por lo que no serían afectadas por un cambio de administración, también es cierto que depende mucho de la voluntad de cada gobierno la implementación rápida y eficaz, o no, de dichos mecanismos. (Le puede interesar: En la cumbre de Canadá quieren “poner en cintura” a los hipopótamos de Pablo Escobar)
Además de esto, no hay actualmente un compromiso real de todos los países con el acuerdo. De los siete países megadiversos del continente americano (Brasil, Colombia, Perú, México, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela), seis hicieron parte de la cumbre como participantes y ratificaron el acuerdo. Sin embargo, Estados Unidos solo asistió como observador. Teniendo en cuenta el poder de dicho país en el sistema mundial, la vastedad de su territorio y sus desarrollos capitalistas, la no ratificación del acuerdo por parte de este país es un impedimento para el cumplimiento de las metas propuestas. Esta no es la primera vez que Estados Unidos no ratifica un acuerdo; de hecho, el congreso estadounidense ha tenido un rechazo histórico a ratificar el convenio de diversidad biológica, argumentando que representa una pérdida de soberanía nacional.
En segundo lugar, asumiendo que existiera esa buena voluntad de los gobiernos, es preciso recordar que para cuidar la biodiversidad se requiere una visión sistémica de los problemas que aquejan a aquellos países que la albergan. Por ejemplo, si bien América Latina es una de las regiones más biodiversas del mundo, también es la que mayor porcentaje de pérdida de biodiversidad presenta. Factores como la ganadería extensiva, los monocultivos de palma o soya y las explotaciones mineras o petroleras son amenazas constantes para la biodiversidad. Dichos factores están casi siempre relacionados con presiones sobre el control de las tierras y con hechos de violencia. Todo esto hace de la pérdida de biodiversidad un fenómeno complejo, que requiere atención y trabajo desde muchos frentes. Sin atacar estos problemas, los pasos que se den para avanzar en la protección de la biodiversidad serán siempre incompletos.
Por otra parte, si bien es un buen avance que la meta 22 del acuerdo reconozca la importancia de los conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales en el cuidado de la biodiversidad, no hay que olvidar que estas poblaciones están entre las que más sufren constantes amenazas, desplazamientos, muertes y presiones sobre sus territorios en toda América Latina. Según la organización Global Witness, el 68 % de los lideres ambientales asesinados en los últimos 10 años eran de América latina y el 39 % de esos ataques fueron contra comunidades indígenas. Si bien existan leyes en varios países para proteger sus conocimientos y territorios (como en el caso de Colombia, con el artículo siete de la Constitución, la ley 21 de 1991 y ley 70 de 1993), estas no siempre son efectivas. Así pues, quienes más cuidan la biodiversidad son quienes están bajo más presiones y amenazas. Además, hay otras comunidades, como las campesinas y afrodescendientes, que cuidan la naturaleza con sus conocimientos y usos. Entonces, queda la duda de cómo entenderá cada país esta meta del acuerdo y qué medidas tomará para hacerlo efectivo. En cualquier caso, es claro que esto implicará un arduo trabajo para frenar las amenazas que enfrentan quienes cuidan la biodiversidad.
De otro lado, si bien el acuerdo establece la meta 13 en torno a la distribución justa de beneficios de los recursos genéticos, el riesgo de biopiratería, que es la creación de patentes provenientes del uso de material genético de la biodiversidad sin distribución equitativa o reconocimiento a los saberes que llevaron a lograr dicha patente, sigue existiendo y fue un tema espinoso en la cumbre. Aunque ya el protocolo de Nagoya abordó desde hace años el tema de la distribución equitativa de los beneficios provenientes del uso de recursos genéticos, este no ha sido ratificado por todos los países y aún hay en él muchas áreas grises. Además de eso, está ahora sobre la mesa el tema de la disponibilidad en línea de secuencias de ADN de recursos genéticos, accesibles en varias bases de datos de acceso abierto, y sobre la cual se discutió en la cumbre y se acordó crear un mecanismo multilateral para su manejo.
Para fortalecer dicho mecanismo en creación, se conformó un grupo de trabajo que dará sugerencias para la COP16 del 2024. Sin embargo, no queda clara cómo será esa distribución de beneficios, dado que lo que se plantea es aún muy vago y este es un tema nuevo, con muchas aristas. Entre otras cosas, existe la dificultad de rastrear el origen geográfico de una secuencia genética. Además, cabe resaltar que para poder seguir ampliando la base de datos digital se requiere de nuevo material genético. Esto es delicado y problemático, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de proyectos sobre biodiversidad que son formulados y dirigidos desde países del norte global en países biodiversos, lo cual vuelve a abrir las preguntas sobre el real funcionamiento del protocolo de Nagoya. (Le puede interesar: La Stevia la usaban indígenas, pero enriqueció a empresas. ¿Cómo repartir ganancias?)
Adicionalmente, al reconocer la importancia de las comunidades indígenas y locales en el cuidado de la biodiversidad, es necesario también poner sobre la mesa, de manera seria, el tema de la biopiratería para que los procesos de conservación no resulten en nuevos procesos de colonialismo y extracción de beneficios del sur al norte global.
Finalmente, poniendo el foco en Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, aparecen varios retos para proteger la biodiversidad. Desde su discurso de posesión en agosto pasado, el presidente Gustavo Petro viene proponiendo que se haga un canje de deuda externa por conservación. En su discurso dijo: “Podemos convertir a toda la población que hoy habita la Amazonía colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo […]. Le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos, para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana.” La COP15 era una oportunidad idónea para abrir las puertas a esta propuesta y plantear acciones concretas para llevarla a cabo. Sin embargo, este tema, si bien se tocó en las mesas de discusión, quedó por fuera del acuerdo.
Claramente, los retos para Colombia son grandes. Este año la ministra de ambiente Susana Muhamad reportó que entre 2001 y 2021 se han deforestado 3.182.876 hectáreas y que este fenómeno ha venido en aumento en los últimos dos años. Entre los factores que causan la deforestación se encuentran la extracción ilegal de minerales, la ganadería extensiva, los incendios forestales, los cultivos ilícitos, la construcción de vías y el acaparamiento de tierras. Frente a estos factores, las comunidades indígenas deben luchar a diario por defender sus territorios. Basta con echar una rápida ojeada a las diez historias ambientales que marcaron el 2022 en Colombia, para ver que la mayoría están relacionadas con comunidades indígenas que luchan por sus derechos sobre el territorio. Asimismo, comunidades afrodescendientes y campesinas que cuidan la biodiversidad se ven sometidas a constantes presiones y amenazas.
Si bien todo lo anterior representa retos enormemente complejos, que no serán fáciles de solventar y requerirán de tiempo, también presenta oportunidades. Con el gobierno actual las metas del acuerdo Kumming-Montreal pueden ser una puerta abierta para la conservación y el avance de derechos territoriales de poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Esto convierte el cuidado de la biodiversidad en una oportunidad para la protección de dichas comunidades y sus territorios, cosa a la que el gobierno le está apuntando fuertemente.
Muestra de ello es la estrategia contra la deforestación planteada por el Ministerio de Ambiente, de la cual se lanzó a finales de diciembre la primer campaña llamada “salvemos la selva” que se enfoca en la Amazonía; la declaración de tres nuevas zonas de reserva campesina hecha el 30 de diciembre del 2022, y el intento de cese al fuego bilateral con los grupos armados desde el primer día de 2023. Si este se lograra permitiría empezar a construir paz en los territorios y, con acompañamiento debido, caminos pacíficos para el cuidado de la biodiversidad, dado que permitiría no solo tranquilidad para las comunidades que sufren el flagelo diario de la violencia, sino también la posibilidad de que estas puedan volver a sus territorios y cuidar de ellos y de su biodiversidad. Todo lo anterior da cuenta de que, bien dirigido, el acuerdo puede ser un espaldarazo para el avance de procesos sociales relacionados con la conservación. (Puede leer: La estrategia que quiere que su barrio se convierta en un tesoro de biodiversidad)
En conclusión, el camino para cumplir las metas será complejo y los retos son grandes y requieren trabajo desde muchos frentes, y compromisos reales por parte de los gobiernos. 2030 es la fecha propuesta para cumplir estas metas y aún quedan preguntas por resolver con respecto a las posibilidades reales de lograrlo. Así pues, quedan siete años para ver si se logra cumplir lo pactado en Montreal, si los retos para hacerlo se han podido enfrentar y si se han aprovechado las oportunidades que presenta el acuerdo. Mientras tanto, debemos mantener los ojos abiertos para vigilar cómo se va dando la ejecución de este acuerdo y ejercer presión ciudadana para que se trabaje hacia su cumplimiento. A la par, debemos mantener la esperanza viva de que a pesar de las dificultades señaladas, este acuerdo pueda representar avances en el cuidado de la biodiversidad y un marco de acción para los gobiernos y las comunidades que están luchando por conservarla y, con ella, la vida en el planeta.
*Socióloga de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en Estudios del Desarrollo con enfoque en Agricultura, Alimentación y Medio ambiente del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam.
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