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El gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, firmó el decreto 1648 que reglamenta el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el principal mecanismo financiero del Sistema Nacional Ambiental, que permitirá articular, focalizar y financiar planes, programas y proyectos ambientales tanto locales como nacionales.
La iniciativa, que ya había sido anunciada por el Ministerio de Ambiente a principios de septiembre, apoyará proyectos enfocados en la acción y resiliencia climática, gestión ambiental, educación ambiental y participación, ordenamiento del territorio alrededor del agua y aprovechamiento sostenible de recursos renovables y biodiversidad. (Lea: Por amenazas contra directivos de universidad, aplazan elecciones en CAR del Urabá)
De acuerdo con el MinAmbiente, el Fondo tendrá cerca de cuatro billones de pesos al 2026. Dichos recursos serán movilizados específicamente para el Plan Integral de Contención de la Deforestación en 22 núcleos ubicados en la Amazonía; inyectará inversiones en los 13 territorios del país que fueron priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo; y fortalecerá el programa de Pagos por Servicios Ambientales que apoya a familias que viven de una economía basada en la biodiversidad.
Dentro de los recursos que serán administrados y ejecutados por el fondo se encuentran el Presupuesto General de la Nación, el 80 % del recaudo el Impuesto Nacional al Carbono, cooperación nacional e internacional, así como donaciones y aportes a cualquier título de entidad pública o privada. (Lea: Colombia es considerado líder mundial en acciones para mejorar la calidad del aire)
“La idea es poder materializar las diferentes actividades y proyectos contemplados en el acelerador de las metas climáticas de Colombia al año 2030 y poder reducir en un 51% nuestras emisiones de gases efecto invernadero a esa fecha”, comentó el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Francisco Canal, cuando se anunció la creación del mecanismo.
Las gestiones hechas por el fondo deberán darse a conocer a través de informes semestrales ante el Congreso, entes de control y ciudadanía en general. Además, deberán disponer toda la información de manera virtual para que los interesados conozcan, entre otras cosas, qué proyectos y programas ha financiado el fondo.
El mecanismo tendrá un consejo directivo conformado por siete miembros, entre ellos la ministra de ambiente, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, viceministro de Políticas de Normalización Ambiental del Territorio, un ministro de otra cartera delegado por el presidente.