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Las representantes a la Cámara Leyla Rincón, del Pacto Histórico, y Flora Perdomo, del Partido Liberal, citaron a un debate de control político por los incumplimientos de la licencia ambiental de la hidroeléctrica El Quimbo, que abarca los municipios de Garzón, Agrado, Gigante, Altamira, Tesalia y Paicol, en el centro de Huila. Junto con el embalse de Betania, se calcula que produce el 8 % de la energía que se consume en el país.
A la audiencia fueron citados los ministerios de Minas y Energía, Ambiente, Agricultura e Interior, así como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ideam, y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de rendir un informe sobre el avance de compromisos y cumplimientos de la licencia ambiental, otorgada a la empresa Enel-Emgesa.
Desde el inicio de su operación, en noviembre de 2015, cientos de familias de campesinos han denunciado resultar afectadas por consecuencias de la hidroeléctrica. Entre otras cosas, los afectados denuncian que el proyecto causó mortandad de peces, afectaciones ambientales, retrasos en las compensaciones económicas e incumplimientos de los compromisos de las comunidades reasentadas por la hidroeléctrica.
El proyecto, que fue aprobado en 2009, inundó más de 8.500 hectáreas para llenar el embalse. De estas, el 62 % (unas 5.300 hectáreas) eran tierras productivas y estaban destinadas al cultivo de arroz, cacao y tabaco, por lo que, según cálculos de Emgesa, resultaron afectadas cerca de 3.000 personas. La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) asegura que la cifra es mayor, rondando los más de 5.000 afectados.
“En 2009, la empresa asumió 30 compromisos con las comunidades, después de establecer mesas de concertación. Hoy en día, han sido parcialmente cumplidos algunos, mientras que otros no se han cumplido”, indicó la representante Perdomo. “No hemos visto las medidas de mitigación, corrección y prevención y especialmente no hemos visto las medidas de compensación. No ha habido un avance significativo para respetar a las personas que vivían ahí”.
En particular, mencionó que del compromiso para adquirir y adecuar por riego de gravedad 2.500 hectáreas para programas de reubicación y compensación de unidades familiares, solo se han restituido 1.037 hectáreas para reasentamientos individuales y colectivos.
Según datos de 2021 de la Anla, 151 familias fueron llevadas a 44 asentamientos individuales y cuatro colectivos, estos últimos en Nueva Escalereta (Altamira), Nuevo Balseadero (Garzón), Nuevo Veracruz (Gigante) y San José de Belén (El Agrado).
Por su parte, la representante Rincón del Pacto Histórico citó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República en 2020, de seguimiento a la Anla, con respecto a sus obligaciones del proyecto El Quimbo. En ese documento, la Contraloría evaluó, entre otras cosas, el cumplimiento del desarrollo del Plan de Contingencia y Atención de emergencias, que se debía establecer ante los posibles riesgos representados por la construcción de una represa.
“¿Se ha activado el plan de contingencia?”, preguntó Rincón, “Existe, pero ni las comunidades ni la Gobernación tiene conocimiento de qué hacer en la eventualidad que suceda algo por la construcción del proyecto”. En su informe, la Contraloría concluyó que la Anla “continúa presentando deficiencias y vacíos en las diferentes actuaciones, en desarrollo de sus funciones de seguimiento y control, se percibe la falta de claridad, oportunidad, eficacia, y efectividad, evidenciada en la dilación e inexactitudes”.
La representante mencionó también que el informe consideró que existe un deterioro del componente biótico, por ejemplo, al registrarse una situación de anoxia en parte del agua que turbina la represa y que llega al río Magdalena. Por la situación de anoxia, explicó Rincón, quien también fue docente de biología, los peces tienden a morir más.
En 2016 también hubo denuncias de la Gobernación de Huila y la Defensoría del Pueblo sobre la baja calidad en la oxigenación del agua que llega de la represa. Ante esta situación, la Defensoría instó a la Anla a que adoptara medidas urgentes y efectivas “para que Emgesa garantice inmediatamente la buena calidad del agua descargada por la Hidroeléctrica El Quimbo al cauce del río Magdalena”.
“A pesar de tener conocimiento de estas afectaciones, no ha actuado, la Anla ha omitido acciones. No aplicó la facultad de prevención como la suspensión de la obra. Ya hay pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, concluyó la Contraloría”, afirmó Rincón.
Según un análisis que realizó el equipo de la representante, por la construcción de la hidroeléctrica, entre 2013 y 2017 se perdieron 33.935 millones de pesos por reducción de producción de productos como el maíz, arroz y tabaco rubio.
Luis Enrique Dussan, gobernador del Huila, intervino en el debate y afirmó que desde 2008, cuando era congresista, se opuso al proyecto. “Recuerdo que en un debate ese año en la Plenaria del Senado, y tal cual lo que se dijo en ese momento es lo que está pasando, el proyecto desde un inicio estuvo mal hecho”.
En esa ocasión, se pidió al gobierno que no otorgaran la licencia hasta que se hiciera una mesa de concertación para establecer los compromisos. “Y así fue. Ahora la petición es algo similar: si no se cumple la licencia ambiental, se deberían dar las sanciones o suspensión del proyecto, porque la multinacional está incumpliendo de manera flagrante los compromisos”.
El senador Carlos Julio González agregó, entonces, que una de las peticiones es crear una mesa interinstitucional para establecer un seguimiento a la licencia para “declarar administrativamente la moratoria en el cumplimiento, y si es necesario, el incumplimiento de la licencia ambiental”.
Por su parte, Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, añadió que otra petición al Ministerio de Minas y Energía, de revisar todas las declaratorias de proyectos de utilidad pública e interés social en el país, como el Quimbo. “Es necesario que también haya un consenso sobre pasivos ambientales y daños, en el proceso de licenciamiento ambiental, necesitamos que nos den claridad sobre esos conceptos”.
La declaratoria de utilidad pública se realizó después de la mesa de concertación de 2008, pues fue uno de los compromisos que adquirió el Ministerio de Minas y Energía en ese momento. Irene Vélez, ministra actual de esa cartera, afirmó que el proyecto de El Quimbo es uno de los proyectos que “nos enseñan el camino que debemos corregir”. En el marco de la propuesta de transición energética justa, agregó, se debe establecer un “punto de partida de cómo generamos energía, sin que esto implique un detrimento de la calidad de vida y ambiental en aquellos territorios donde se genera la energía”.
Ahora, las representantes piden que se cumplan de inmediato de obligaciones pendientes, que se revalúen los impactos ambientales y el plan de manejo ambiental, teniendo en cuenta impactos emergentes, y que se ponga en funcionamiento la Comisión Nacional de Seguimiento a El Quimbo, liderada por el Ministerio del Ambiente.
Rincón indicó a El Espectador que esta comisión debe dar resultados en un período de 30 días, por lo que se convocará a otro espacio en un mes para conocer los avances. “En este momento tenemos pescadores aguantando hambre, tenemos una cantidad de comunidades que ni siquiera han sido reconocidas como afectadas”, indicó.
Por eso, también solicita un “redireccionamiento de la Anla porque ha sido completamente permisiva durante 14 años”.
¿Qué ha dicho Enel?
A finales de 2021, la empresa indicó a El Espectador que, en 2019, que hizo un plan piloto en 140 hectáreas (entre 2014 y 2018) en las que “se priorizaron 83 especies óptimas para la restauración y se definieron 50 estrategias distintas de restauración”, así como se construyeron distritos de riego en tres de los cuatro reasentamientos, que benefician a cerca de 70 personas y sirven para la irrigación y producción de aproximadamente 370 hectáreas, colectivos y se apoyaron 87 proyectos productivos enfocados en “ganadería doble propósito y cultivos agrícolas relacionados con maíz, limón, cacao, café y pancoger”. Además, la empresa asegura que construyó cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) “con capacidad para atender eficientemente la demanda actual de las comunidades reasentadas” y garantizó la conexión a servicios públicos de energía eléctrica, alcantarillado y acueducto.
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